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España, ¿ha dejado de ser católica?

Los últimos sondeos revelan que más de la mitad de los españoles se declaran no creyentes.

Los últimos sondeos revelan que más de la mitad de los españoles se declaran no creyentes.
Semana Santa en Málaga | EFE

Fue esta – "España ha dejado de ser católica" -, una afirmación que provocó una gran polémica en los primeros tiempos de la II República. La pronunció Manuel Azaña y su interpretación pública derivó de una confusión esencial entre hecho y Derecho. Inicialmente se refirió el prócer republicano a que, constitucionalmente, España ya no era oficialmente católica pero la traducción política y popular del debate constitucional de 1931 fue muy distinta dando rienda suelta a una marea anticatólica.

Dijo Azaña en dicho debate de octubre de ese año:

"España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español"

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Pero añadió que la acción benéfica de las Órdenes religiosas escondía "todo un vehículo de proselitismo que no se puede tolerar" y que se quitara a la Iglesia todo servicio de enseñanza. "Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República".

La deducción ideológica, que no lógica, de que en el régimen republicano España, además, no debía ser católica, condujo a una confrontación radical que desembocó en persecuciones, violencia y sufrimientos, aunque hay quien niega que pueda hablarse propiamente de persecución religiosa republicana. Según ellos, los 10.000 asesinados, según fuentes católicas, y los 20.000 edificios y entes religiosos destruidos, fueron "un choque cultural" entre dos modelos identitarios en pugna por el concepto de ciudadanía ("comunidad popular" y "pueblo católico").

La Constitución de 1931, en su artículo 3, decía que "el Estado español no tiene religión oficial". No era una novedad absoluta porque ya en el proyecto constitucional federal de la I República (1873) ni se mencionaba la religión pero en la Carta Magna de 1876, la inmediatamente posterior que rigió la Restauración, se volvió a decir que "la Religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros."

El proyecto republicano-socialista

El proyecto republicano-socialista impuso en un texto constitucional [1], no sólo la separación de la Iglesia y el Estado, sino que la Iglesia quedara al margen de toda financiación pública; daba paso a la disolución de la Compañía de Jesús; limitaba la libertad religiosa y sus actos fuera de los templos, alejaba la enseñanza religiosa de la educación e incluso prohibía la enseñanza a las diferentes congregaciones católicas.

Tras la Guerra Civil, en cuyo desencadenamiento tuvieron que ver de un modo directo los crímenes cometidos contra los religiosos católicos y su patrimonio urbano-artístico, el Fuero de los Españoles de 1945 volvía a proteger la profesión y la práctica de la religión católica "que es la del Estado Español" y que iba a gozar de la protección oficial hasta el punto de que "no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica".

En 1978, tras un fructífero proceso de reconciliación histórica, la nueva Constitución democrática, la primera no partidista en dos siglos, en su artículo 14 consagraba que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

En el 16, se garantizaba la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades y "ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Respecto a la enseñanza religiosa, el artículo 27 reconoce "el derecho a la educación" y "la libertad de enseñanza" así como el derecho de los padres "para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

En 2022, España, ¿ha dejado de ser católica?

En abril de 2022, casi un siglo después de la proclamación de la II República y en plena Semana Santa, cabe preguntarse si, de hecho, España está dejando de ser católica. Y parece que sí, si atendemos al reciente trabajo de la web especializada en sondeos y encuestas, Electomanía, en la que más de la mitad de los españoles se declaran no creyentes.

Sin embargo, que algo tan llamativo está pasando desapercibida entre olores de incienso y cera, saetas, cruces, dolorosas y penitentes parece reflejar un espíritu religioso muy acentuado cuando es difícil de determinar si algo así persiste o si, por el contrario, la economía turística de un lado y el hedonismo estético se han sobrepuesto de modo creciente a las creencias católicas.

En el ejercicio demoscópico referido, se aporta el dato siguiente: "Los españoles se declaran no creyentes en su mayoría" y se cuantifica del siguiente modo: el 51,9 por ciento de los consultados responde que no es creyente y el 41,6 se declara creyente con sólo un 6,5 de personas que no se pronuncian. La muestra específica fue de 1.431 personas si bien la metodología tiene en cuenta a una muestra previa de más de 135.000 respuestas y a un grupo fijo de asociados. La fecha de realización se establece entre el 25 de marzo y el 1 de abril de 2022.

Resulta muy reveladora la composición de estos resultados por partidos políticos. Parece natural que los tres partidos de la izquierda, Unidas Podemos (82,7%), Más País (79,6%) y el PSOE (62,7%) sean quienes más no creyentes tengan en su seno. Parece lógico que los partidos del centro derecha alberguen a más creyentes. En este caso, Vox (67,8%), PP (62,0%) y Ciudadanos (45,4%).

Lo que sorprende mucho es que los partidos nacionalistas vascos y catalanes, que fueron en origen católicos tradicionalistas y conservadores, hayan sufrido un vuelco radical. El PNV, por ejemplo, cuenta con casi un 80% de no creyentes. Igualmente, los restos del nacionalismo burgués catalán, JxCat, se acerca al 90% de no creyentes. Casi superan a las izquierdas separatistas en número de descreídos.

País Vasco y Cataluña

Si se atiende al mapa provincial y autonómico de España, se observa con claridad meridiana que País Vasco y Cataluña se han convertido en 40 años en comunidades donde predomina la no creencia religiosa. Le siguen a distancia Navarra, Galicia e incluso Teruel. Más lejanas ya, pero siendo mayoritario el alejamiento de la religión católica están Valencia, Madrid, ¡Sevilla! Y Asturias.

Las mayorías religiosas, nunca tan pronunciadas como las descreencias, se dan en ambas Castillas, Murcia y Almería y ya más igualadas las demás provincias andaluzas y Extremadura. Aunque la credibilidad es notable, sobre todo por haber clavado con precisión buena parte de los resultados de las recientes elecciones de Castilla y León, bueno es contrastar sus aportaciones con las del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cuestiones religiosas, si bien nadie sabe si la influencia de José Félix Tezanos alcanza los niveles escandalosos de manipulación observados en otras muestras.

El sondeo temático más reciente del CIS data de Octubre 2017-enero 2018. En él resulta curioso observar que, a la pregunta si se cree en Dios, hay un 50% que responde afirmativamente y sólo un 16,8% que la niega. Alrededor del 25% dice ser agnóstico o se siente inseguro.

Casi el 90 por ciento de los encuestados afirman haber recibido una educación religiosa católica pero se deduce de otras respuestas que la práctica religiosa es muy baja. Una mayoría cercana al 50%no reza nunca o casi nunca y más del 70% no participa en actividades "voluntarias" de su iglesia cercana y la mitad no asiste a actos religiosos reglados. Pero, lo que son las cosas, cuando se pregunta por la actitud hacia los cristianos el 98,4% no siente hostilidad alguna y más de un 63% tiene una actitud positiva hacia ellos.

En el Barómetro del CIS de marzo de 2022, se dice católica casi el 57% de la muestra, aunque sólo un 19,6% se define como católica practicante y se eleva a 37,0% el número de no practicantes. Sólo un 15% cree ser ateo y el resto dicen ser agnósticos o indiferentes.

La frecuencia con que se asiste a misa u otros oficios religiosos, al margen de bodas, funerales y comuniones, puede ser reveladora porque sólo un 13,4% afirma su asistencia dominical o en festivos mientras que más del 50% ya no asiste y el resto sólo a veces, espaciadamente.

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Parece claro que hay un retroceso pero es difícil atribuirle causas definidas. En 2006, nuestro admirado maestro de sociólogos, Amando de Miguel, publicó un libro titulado Los españoles y la Religión. Veía la presencia de dos grandes sectores, el "progresista"(agnósticos, ateos y no practicantes) y el "tradicional" (creyentes comprometidos). Sin embargo, los datos sobre fervor y asistencia le parecen irrelevantes.

En su último artículo sobre el tema, dice que no importa tanto "la confesionalidad religiosa, pues a efectos prácticos en España solo ha estado vigente el catolicismo. Tampoco es relevante la contraposición entre practicantes y no practicantes dentro de la religión católica. Es algo más difuso, pero real: simplemente, hay un estrato de españoles que se sienten conformes con la tradición católica, frente a otro que la ignora o la denigra."

Por ello, lo de que España haya dejado de ser católica continúa siendo una frase confusa.


[1] Tras el fracaso de una Comisión de Juristas, la comisión constitucional quedó formada así: Presidente, Luis Jiménez de Asúa; vicepresidente, Emiliano Iglesias; vocales, Luis Araquistaín, Trifón Gómez, Jerónimo Bugeda, Enrique de Francisco, Ricardo Samper, Clara Campoamor, Justo Villanueva, Leopoldo Alas, Juan Botella Asensi, Fernando Valera, Gabriel Alomar, Antonio Xiráu, Mariano Ruiz Funes, Antonio Rodríguez Pérez, Bernardino Valle, Juan Castrillo, Alfonso García Valdecasas, José María Leizaola y José María Gil Robles. En total cinco socialistas, cuatro radicales, tres radicales-socialistas, dos de la minoría catalana y siete de otras minorías. El necesario consenso no se quiso y la presidencia del filocomunista Jiménez de Asúa no lo favoreció.

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