El 28 de noviembre de 1936, el delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, Segundo Serrano Poncela, le hizo llegar a Agapito Sáinz de Diego, delegado de la cárcel de San Antón, la lista firmada con los nombres de los presos a los que había que "poner en libertad" ese día. De todas las incómodas peculiaridades humanas que la guerra pone al descubierto, quizá la más llamativa sea esa: el hecho de que, en última instancia, existan menos reparos en ejecutar un asesinato que en nombrarlo. Aquella noche la "saca" se dividió en dos tandas, una a las tres de la madrugada y otra a las nueve de la mañana. Entre los presos que escucharon al miliciano anunciar su nombre se encontraban personajes ilustres como el dramaturgo Pedro Muñoz Seca o el fotógrafo José Calvacho "Walken". También Cecilio de Lora Ibáñez, un militar retirado cuyo crimen había consistido en renunciar a la pensión que le ofrecía la República y negarse a sumarse a su ejército una vez comenzada la guerra civil.
Su historia la conocemos ahora debido al mismo azar que hizo que concluyese de forma prematura. Es imposible saber cómo se habría aproximado a ella su nieto, Pablo de Lora, si su abuelo no hubiese sido fusilado en Paracuellos. O si, ya inevitablemente metido en la tragedia, no fuese él mismo catedrático de Filosofía del Derecho. "Mi libro [Recordar es político (y jurídico). Una desmemoria democrática (Alianza Editorial)] es una reivindicación política y jurídica del recuerdo y la memoria como asuntos íntimos, personales; como un terreno vedado a la intromisión del poder público, distinguible de la historia", dice. Y, concretando más, añade que es un alegato sobre la "no justificabilidad de memorias ‘oficiales’". Es decir, que lo que tampoco es posible es saber qué libro hubiese salido si setenta años después de aquel desgarro no hubiesen entrado en vigor la Ley de Memoria Histórica y, más tarde, la de Memoria Democrática.
Pregunta: A quienes critican las leyes de memoria se les suele contestar que qué hay de malo en que la gente pueda recuperar a sus muertos…
Respuesta: Yo creo que a la mayoría de los críticos no les molesta tal cosa, sino que se aproveche una demanda tan legítima para glorificar un contexto político que fue extraordinariamente convulso, violento y complejo —o a víctimas que fueron antes terribles victimarios—, mientras se acalla todo intento de, también, honrar a quienes fueron víctimas de la República.
P: ¿Se ha utilizado la memoria como un pretexto para el odio?
R: Así es. La mal llamada "memoria democrática" ha sido un arma política utilizada para asaetear la convivencia y, en función de intereses partidistas, a quienes se tiene por herederos necesarios de los anti-demócratas.
P: ¿La ley de memoria histórica de 2007 fue una ley sectaria, como denuncian sus críticos?
R: Sí lo fue. Y la del 2022 más todavía, si cabe, pues es el fruto de la transacción ominosa de un llamado "bloque progresista" que incluye a Bildu, con su lacerante pretensión de que se investiguen como presuntos crímenes contra los derechos humanos hechos acaecidos cuando ya estaba vigente la Constitución, es decir, el ordenamiento jurídico de una democracia constitucional en la que, por cierto, ya gobernaba el PSOE.
El libro está trufado de ejemplos que acreditan estas respuestas. Es un análisis riguroso, alejado de la visceralidad, que enlaza extractos de las exposiciones de motivos de las leyes citadas con declaraciones de personas que las reivindican, pasando por varias de sus aplicaciones prácticas, y que termina mostrando hasta qué punto lo que subyace detrás, más que un espíritu de reparación, es una pugna por imponer un relato preconcebido de la historia. Aunque quizá la forma más escueta de ejemplificar los agravios que esa visión sesgada ha terminado generando en no pocos españoles sea acudir al testimonio personal que De Lora introduce también en su texto. El hecho de que en el listado digital que contiene la identidad y ubicación de los restos de las víctimas de la guerra no aparezca su abuelo Cecilio, un inocente al que, como escribe su nieto, "no le dieron tiempo para, quizá, equivocarse", pero sí aparezcan otros que de facto lo hicieron. Por ejemplo, sus verdugos.
También señala incongruencias elocuentes, como que el Estado no cargue con el peso y con la iniciativa de aquello que más enarbolan quienes reivindican la necesidad imperiosa de las leyes de memoria —las exhumaciones—, optando en su lugar por privatizarlas y hacerlas dependientes de subvenciones, lo que deriva en una pérdida de control y de capacidad para que se lleven a cabo de la forma más eficiente posible.
Pero lo que se va imponiendo a medida que avanza el texto son reflexiones profundas acerca de la memoria individual y colectiva, del olvido, de la historia, de los límites de la ley y de las distintas formas que tienen las sociedades para cerrar heridas enquistadas o reabrirlas, siempre en función de sus verdaderas ansias de concordia.
Pregunta: ¿Qué es una amnistía?
Respuesta: La amnistía debe tener la virtud de hacer de la memoria lo que Paul Ricouer ha definido como "el carácter desapercibido de la perseverancia del recuerdo"; como ese ruido blanco que nos ayuda a dormir o estar en paz, que ahoga los negros ecos del pasado y consolida la convivencia de los distintos.
El 21 de enero de 1977, cuando la sociedad española se encontraba inmersa en el debate acerca de la amnistía que terminaría entrando en vigor a finales de ese mismo año, Carl Schmitt publicó un artículo en el diario El País explicando el significado profundo del término: "Una amnistía en el sentido verdadero y auténtico de la palabra significa nada menos que la terminación de la guerra civil. (...). Forma parte de la guerra civil que cada bando trate al otro como criminal, asesino y saboteador. En la guerra civil, el vencedor de turno está sentado encima de su derecho como encima de un botín. Se venga en nombre del derecho. ¿Cómo es posible romper el círculo vicioso de este mortífero tener razón? ¿Cómo puede terminar la guerra civil? (...). La respuesta está en nuestra capacidad para la amnistía. Mejor dicho, en nuestra fuerza para una auténtica amnistía. (...). La amnistía es un acto mutuo de olvidar. No es ni un indulto ni una limosna. Quien acepta la amnistía también tiene que darla, y quien concede amnistía tiene que saber que también la recibe". La capacidad para la amnistía se fundamenta en la capacidad para la renuncia mutua. Todo en nombre de la paz. Pablo de Lora menciona ese texto en su libro, así que, en base a él, le preguntamos.
P: En el 77, ¿tuvimos capacidad para la amnistía?
R: Sí. Aunque tuvo algunas sombras —repárese en qué tipo de crímenes por parte de ETA fueron amnistiados y cuánto tardó la banda criminal en volver a las andadas—, en general, la amnistía del 77 constituyó un prodigioso esfuerzo de equilibrio. Sus frutos están a la vista de todos en términos de progreso, legitimidad y legitimación del poder político y de la paz civil.
P: Hay gente que argumenta que la amnistía fue una victoria del régimen sobre los represaliados. Critica que no se puedan juzgar los crímenes franquistas. ¿Hacerlo ahora no sería romper el espíritu de la amnistía?
R. Por supuesto. Es tan injustificado como lo hubiera sido juzgar a Carrillo en 1976, que es lo que quería hacer la gente más integrada en el búnker franquista. Esa gente, de hecho, estaba dispuesta a que se pasara por alto la amnistía concedida por Franco en 1969 y que cubría todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.
P: Un argumento utilizado es que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, pero, ¿no abriría eso la puerta a revisar los crímenes de ambos bandos y, por consiguiente, a reabrir de alguna forma la guerra civil?
R: Sí, y además contribuiría a acabar con los cimientos del Estado de derecho: las leyes de amnistía, cuando se hacen de manera consensuada —o casi— en situaciones como las del 77; cuando se hacen para cerrar una guerra civil o una situación de justicia transicional como la nuestra, son leyes que han de ser respetadas.
P: Otro argumento es que los crímenes de los republicanos ya fueron juzgados y condenados durante el franquismo —sus víctimas ya fueron reparadas, mientras que las republicanas no—. ¿Cómo debería encararse el juicio al franquismo a día de hoy?
R: Como se viene encarando desde hace tanto tiempo: como un asunto básicamente de historiadores. Algo que ya hace décadas afirmaron historiadores como Juliá, Tusell, y otros nada sospechosos de "franquismo".
Al girar en torno a una víctima de Paracuellos, el libro ayuda a detectar posibles incoherencias discursivas entre quienes se acercan a la guerra civil como si fuera una contienda maniquea y, por tanto, se muestran próximos a justificar los crímenes de un bando mientras no permiten que se olviden los del otro.
P: Recoge opiniones de distintos analistas que consideran que Paracuellos se ha convertido en una especie de comodín vacío utilizado por la derecha cuando quiere deslegitimar cualquier reivindicación sobre memoria de la izquierda. ¿Es así?
R: No, no ha sido así salvo al principio de la Transición. El elefante que no se quiere ver en la habitación que supone Paracuellos lo ha sido más bien para la izquierda, para los que se han dedicado a romantizar la II República.
P: ¿Son aceptables las justificaciones de Carrillo sobre Paracuellos, por ejemplo, cuando hablaba de los daños colaterales de toda guerra y de tener que combatir contra una quinta columna invisible en Madrid? ¿No podrían argüir lo mismo los sublevados que cometieron crímenes similares en sus respectivas retaguardias?
R: No, las justificaciones de Carrillo hoy se sabe bien que son inaceptables, habida cuenta de quienes fueron los que murieron en Paracuellos [inocentes sin delitos probados, algunos de ellos adolescentes]. También por la falta de constatación de la célebre bravuconada de Mola acerca de la quinta columna que actuaba en Madrid, que sigue sin ser probada. Por no hablar de lo mucho que han aportado historiográficamente autores como Julius Ruiz y otros historiadores solventes.
Siguiendo el hilo, otra pregunta es obligada.
P: ¿Qué opinión le merecen las leyes de concordia que PP y Vox han promovido en Valencia, Castilla y León y Aragón? ¿Pecan de lo mismo que critican?
R: Lo he dicho en prensa por extenso. La mejor ley de concordia es la que no existe, precisamente por ese pecado que usted indica. Lo que hay que hacer es derogar y crear las condiciones para la ejecución de planes administrativos de exhumación, dignificación, facilidad de acceso a archivos… Hallar consenso sobre la señalética oficial. Y poco más.
El final de la entrevista se termina deslizando inevitablemente hacia la cuestión sobre la que ha pivotado, en el fondo, toda la conversación. Y así termina:
P: ¿Tiene sentido hablar de memoria de algo que no vivimos? ¿Podemos recordar correctamente acontecimientos que sabemos cómo concluyeron y en qué derivaron? ¿No nos invalida nuestro sesgo retrospectivo?
R: La memoria siempre está contaminada por sesgos diversos, también el de confirmación, y otros. Pero frente a ellos no queda otra que procurar la existencia de un mercado de indagación histórica e ideas tan libre como sea posible. Desde bien pronto, tras la muerte de Franco, no han dejado de proliferar estudios, ensayos y una historiografía copiosísima que nos ayuda y en la que, como en una botica, hay de todo. Para eso están las aduanas de la historia contemporánea académica.
P: ¿Es posible vivir sin olvidar?
R: No es posible vivir sin recuerdo, pero cuando este es traumático hay que hacer todo lo posible por disiparlo, arrinconarlo, hacer de él una presencia lo menos constante que se pueda.
P: ¿Por qué sentimos el olvido como un crimen?
R: Bueno. El olvido puede ser vivido como una suerte de traición para el que fue amado, o para el que debe ser recordado por sus hazañas. Pero quienquiera que haya sido objeto de nuestros afectos, o ejemplo de virtudes, sabrá bien entender que nuestra vida avanza necesariamente por nuevos derroteros y que no puede ser plena sin pasar página. De todos modos, siempre queda la posibilidad de la relectura…
