La invasión rusa de Ucrania devolvió de golpe a la dura realidad a buena parte de los países de la OTAN. Principalmente, a un importante número de aliados europeos. En muchos de ellos se había anclado la mentalidad de que las guerras convencionales eran una cosa del pasado y que en el futuro los ejércitos sólo tendrían que intervenidos en conflictos asimétricos. Apoyados en las crisis económicas, desplomaron sus inversiones en Defensa.
Estados Unidos prácticamente en solitario dio la batalla en el seno de la Alianza Atlántica para que Europa, al menos, empezase a pagarse su propia seguridad, y no dependiese tanto de las capacidades militares de Washington. Fue así como en la cumbre de Cardiff, en 2014, se llegó al compromiso de que todos los aliados debían invertir al menos el 2 por ciento de su PIB en materia de Defensa. Un reto que debía cristalizar en 2024, un año que ya apura su recta final.
Los datos definitivos de cumplimiento se conocerán en el tercer o cuarto mes de 2025, cuando la OTAN publique las cifras de inversión en Defensa que los aliados han destinado este 2024. De momento, sólo se cuenta con las proyecciones realizadas el pasado mes de junio, que eran muy alentadoras. Según la predicción de la organización, 23 de los 31 aliados iban a cumplir este año con el compromiso adquirido de invertir al menos el 2 por ciento de su PIB.
Pero el compromiso de Cardiff no sólo establecía ese 2 por ciento como cifra mágica. También pretendía que esa inversión fuese buen empleado y ayudase a modernizar las capacidades militares de todos los aliados. Para ello se estableció una segunda línea, al menos el 20 por ciento de la inversión debía ir destinada a nuevos equipamientos. En este sentido, la proyección de la OTAN dice que 29 de los 31 socios van a cumplir con esta regla.
Hay que recordar que pese a que la Alianza Atlántica está conformada en estos momentos por 32 socios, en los documentos sobre inversión en Defensa e inversiones de equipos las tablas solo reflejan a 31 socios, ya que se excluye a Islandia. Este país no tiene Fuerzas Armadas y tiene su seguridad encomendada a la OTAN. Lo más parecido que tiene a un Ejército es su Guardia Costera.
Con esta situación como base, en los últimos días ha empezado a debatirse en el seno de la OTAN la posibilidad de marcar un nuevo mínimo de inversión en Defensa. Se produjo en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que ha tenido lugar esta semana. La nueva cifra mágica sería el 3 por ciento del PIB. Un reto que, según estos debate preliminares, habría que intentar cumplir para el año 2030.
La decisión final, con los porcentajes acordados previamente y los plazos temporales pactados, quedaría ratificada en la próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que está previsto que se celebre el próximo mes de junio en Países Bajos, el país de origen del actual secretario general de la organización, Mark Rutte. Algunos socios son partidarios de que la subida sea tan sólo hasta el 2,5 por ciento del PIB.
Un debate que viene marcado, como no podría ser de otra forma, por las informaciones que han aparecido en los últimos días en medios estadounidenses como Bloomberg o británicos como The Times, en los que se dice que aunque todavía no sea público el equipo de trabajo de Donald Trump –tomará como posesión como presidente de Estados Unidos en enero– planea exigir ese 3 por ciento de inversión en Defensa a sus socios de la OTAN.
Un debate que pone aún más en evidencia la situación de la inversión en Defensa en España. Los datos oficiales de la OTAN situaron a nuestro país como el tercer país aliado que menos invirtió en Defensa en el año 2023, con el 1,24 por ciento del PIB. Igual de dramática es la proyección para 2024, que sitúa a España como el socio que menos invertirá en Defensa de toda la OTAN, con el 1,28 por ciento del PIB.
El año en el que España, según el compromiso de Cardiff, debía alcanzar el 2 por ciento del PIB tan sólo destinará el 1,28 por ciento, según la proyección de la OTAN. La intención del Gobierno es llegar a ese 2 por ciento del PIB en los presupuestos hasta 2028-2030, es decir, con más de un lustro de retraso. En unos años donde es más que posible que el resto de socios puede estar ya alcanzando el 3 por ciento que puede comprometerse en junio en Países Bajos.
Todo ello en una situación en la que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene serias dificultades para sacar adelante unos presupuestos –los del año 2025 ni tan siquiera han sido presentados en el Congreso para un posible debate– y rodeado de unos socios parlamentarios que son mayoritariamente contrarios a aumentar la inversión en Defensa y contrarios a la propia Alianza Atlántica.
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