
La polémica y la lucha interna parecen servidas en el seno del Ministerio de Defensa. La firma de un convenio de formación de una de las principales asociaciones de militares en activo con Desokupa, la empresa especializada en la recuperación de inmuebles okupados de forma ilegal, y que también realiza cursos de defensa personal, primeros auxilios y guías caninos, podría acabar en los tribunales.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una de las asociaciones profesionales de militares en activo con un mayor número de socios –cerca de los 4.000– y con representación en el Consejo de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), ha anunciado este jueves que no admite las presiones del Ministerio de Defensa y que va a mantener su convenio con la mencionada empresa, incluso con tribunales de por medio si hace falta.
El departamento de Margarita Robles emitió este miércoles un comunicado exigiendo a ATME que anulase de forma inmediata su acuerdo con Desokupa. "La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe por el que queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos entre ATME y Desokupa, por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo", decía el comunicado.
El mismo amenazaba también con que el Ministerio de Defensa estaba dispuesto a acabar con ese convenio en los tribunales. "Tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente", añadía el departamento de Margarita Robles.
La respuesta de ATME a lo que considera una "ilegítima injerencia" del Ministerio a su funcionamiento como asociación ha sido contundente: "El hecho de que nuestra asociación esté compuesta por militares no significa que se encuentre sometida a las órdenes de Defensa. La asociación no cumple órdenes, cumple con su objeto, definido por la normativa citada y sus Estatutos y, por supuesto, cumple con su compromiso de velar por los intereses de sus asociados".
La asociación de militares dice que están "muy tranquilos" porque saben que "el principio de autotutela que reviste al Ministerio no es de aplicación en este convenio" y se preguntan cómo es posible que la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa pueda hacer análisis sobre el mismo "cuando ni siquiera han tenido acceso al convenio"
"ATME no va a renunciar a ningún acuerdo de los firmados y que se enmarcan dentro del objeto de esta asociación, dentro de la legalidad, y que redunden en beneficio de sus socios y de la escala de tropa y marinería a la que representa", mantiene la asociación, que advierte que "promoverá de forma activa aquellas acciones judiciales que sean pertinentes en respuesta al ataque sufrido a nuestra independencia", para lo que ya han contratado al bufete Acuña & Moya Abogados.
"En el caso que nos ocupa, ATME ha suscrito un convenio con una entidad privada que ofrece una formación a la que puede acceder la totalidad de la ciudadanía, así como anteriormente se han firmado decenas de acuerdos de este tipo. ¿Qué problema tiene el Ministerio de Defensa con que nuestros asociados puedan disfrutar de un descuento en dicha formación? Es algo que deberá explicar el Ministerio", prosiguen desde la asociación.

