La invasión rusa de Ucrania en 2022 hizo despertar a Europa ante la amenaza que para ellos mismos suponía la baja inversión en Defensa que llevaban realizando durante las últimas décadas. Las alertas se activaron y comenzó una carrera para rearmarse y por tomarse en serio el compromiso que había adquirido casi una década antes en el seno de la OTAN de invertir al menos el 2 por ciento de su PIB en Defensa.
La gran mayoría de los países han ido modificando sus presupuestos de Defensa para acercarse y superar ese 2 por ciento comprometido. Algunos, incluso, están ya en la senda o superando el 3 por ciento. España, mientras tanto, se encuentra todavía muy lejos de esas cifras. La proyección de la OTAN para 2024, a espera de cifras oficiales, que no deberían tardar mucho en aparecer, dicen que España fue el país aliado que menos destinó a Defensa.
El Gobierno tiene dos problemas. Por un lado, el hecho de que un partido de extrema izquierda y antimilitarista como Sumar esté en su seno, además de ir acompañado en su débil alianza parlamentaria con otros partidos similares. Por otro, la incapacidad de sacar unos presupuestos adelante. Los últimos son de 2023, es decir, que ahora mismo están prorrogados, y no está claro, de momento, que en 2025 se puedan aprobar unos nuevos.
Con esta situación es muy difícil que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda ir aumentando de forma clara y contundente sus presupuestos oficiales de Defensa para cumplir con los compromisos que adquirió en el seno de la OTAN. Y es por ello por lo que ha venido usando una vieja técnica para afrontar pagos que corresponden al Ministerio de Defensa sin que afecten a las arcas por el departamento de Margarita Robles.
La última demostración de ello se pudo ver en el Consejo de Ministros de ayer martes. El Ejecutivo aprobó destinar 567 millones de euros del Fondo de Contingencia para pagar los gastos que originan las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es el Fondo de Contingencia? Una bolsa económica de dinero que el Gobierno se reserva para afrontar posibles imprevistos económicos.
Una técnica que no es nueva para el Gobierno de Pedro Sánchez, pues ya destinó en 2024 más de 1.300 millones de euros del Fondo de Contingencia para estas misiones en el exterior, cuyo despliegue en la mayoría de los casos se realiza desde hace años y, por tanto, no tienen ningún carácter extraordinario. Si es lógico que se acuda al mismo al ponerse en marcha una nueva misión y al producirse un aumento en el despliegue por circunstancias sobrevenidas.
Este tipo de triquiñuelas económicas han sido censuradas por el Tribunal de Cuentas en más de una ocasión. Incluso el Tribunal Constitucional llegó echar abajo algún real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy cuando trató de pagar con los Fondos de Contingencia y créditos extraordinarios los entonces denominados Programas Especiales de Armamento (PEAs), que tienen planes de pago de hasta décadas a la vista elaborados.
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