Era una histórica reivindicación en el seno de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil o la Policía Nacional, pero hasta ahora no había un consenso político que permitiese cambiar el Estatuto de los Trabajadores y las leyes de la Seguridad Social. Todo militar o policía que sufre un tipo de desgracia que le acarrea la invalidez permanente está condenado a la jubilación forzosa y a irse a casa con una pensión.
Pero hay muchos, durante las últimas décadas, que han pedido que si ya no eran capaces de cumplir con sus funciones anteriores no se les jubilase forzosamente, sino que se les habilitase otro puesto donde pudiesen seguir siendo útiles a la sociedad, de tipo administrativos o burocrático, donde su recién adquirida minusvalía no fuera un impedimento para seguir trabajando y ocupados en el día a día.
En los últimos días se ha alcanzado un consenso mínimo en el Congreso de los Diputados para poder cambiar esta situación aprovechando el proyecto de ley que modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social. PSOE, Sumar y PP han registrado una enmienda transaccional en la que se comprometen a habilitar este tipo de puestos de trabajo tras la modificación de la normativa.
La enmienda transaccional es fruto de una negociación para fusionar dos enmiendas parciales que se habían registrado de manera independiente por el PP (enmienda 73) y por Sumar (enmienda 6), teniendo esta última el apoyo del grupo parlamentario socialista. Por tanto, con la firma en la misma de los responsables de los tres partidos, contaría con al menos el apoyo de casi 300 de los 350 diputados que hay en la Cámara.
Este acuerdo introducirá dos párrafos a la próxima modificación legal. El primero dirá que "en el plazo de seis meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de la normativa de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo, siguiendo el espíritu y las recomendaciones del Pacto de Toledo".
"Con el objetivo de avanzar en los principios de igualdad y no discriminación en el acceso y consolidación del empleo de las personas con discapacidad, en el plazo de doce meses y en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de los regímenes del personal de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar la posibilidad de adaptar o cambiar el puesto de trabajo, en caso de incapacidad permanente absoluta, total o gran incapacidad que será presentada como proyecto de ley", dice el segundo de los párrafos acordado.