
El inicio de la guerra de Irán ha coincidido en el tiempo con la presentación en el Congreso de los Diputados del informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso 2024, que cada año debe presentar la Secretaría de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. Un documento que detalla el material de doble uso (civil-militar) que España ha vendido a todos los países.
Entre esos países también se encuentra Irán, pese a que las restricciones internacionales han afectado gravemente al país persa desde que está controlado por el régimen de ayatolás. Aun así, nuestro país exportó durante 2024 y el primer semestre de 2025 material de doble uso por valor de 1,33 millones de euros. Entre ese material había detonadores, "explosivos tipo A, B y E", reactivos de laboratorio o software de control.
Los detonadores fueron principalmente industriales, eléctricos y de iniciación controlada, usados en minería y construcción, aunque su capacidad de generar voladuras precisas también los hace sensibles desde el punto de vista militar. Los explosivos tipo A, B y E son sustancias reguladas que pueden emplearse en demoliciones controladas, minería o construcción de infraestructuras, y requieren autorización especial por su posible aplicación militar.
El software de control autorizado estaba destinado a la gestión de procesos industriales automatizados y supervisión de maquinaria de precisión. Aunque su función principal es civil, la normativa de control de exportaciones lo incluye en la categoría de doble uso por su posible integración en sistemas complejos con fines militares, por lo que España exigió licencias específicas para su envío.
No todas las solicitudes de exportación fueron aprobadas. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) denegó licencias de artículos como válvulas industriales, empaquetadoras, grabadores térmicos y otros equipos considerados de riesgo para la seguridad internacional o susceptibles de ser usados con fines militares indirectos.
El Gobierno ha defendido que los productos de doble uso vendidos no se utilizaron en ningún momento para la represión interna ni en operaciones militares directas, lo que habría supuesto saltarse las restricciones internacionales que existen sobre Irán, y que todas las exportaciones se tramitaron con licencias oficiales y bajo estrictos criterios de seguridad.
