El Congreso de los Diputados abordará este lunes una iniciativa impulsada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG para investigar los presuntos abusos cometidos durante el servicio militar obligatorio en España. La propuesta, registrada como proposición no de ley, solicita al Gobierno una investigación de carácter estatal sobre los hechos denunciados.
La Comisión de Defensa debatirá y votará el texto, en el que estos partidos reclaman una investigación "exhaustiva e independiente" centrada en las décadas de 1980 y 1990, cuando el servicio militar obligatorio seguía vigente. La iniciativa se apoya en testimonios que, según los firmantes, relatan "situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas" en el ámbito de los cuarteles.
Testimonios contra la 'mili'
Según el documento, en los últimos meses han salido a la luz diversos relatos de antiguos reclutas que describen prácticas abusivas durante su estancia en las Fuerzas Armadas. Estas formaciones consideran que los hechos denunciados no serían episodios aislados, sino parte de una dinámica más amplia.
Entre los elementos que se citan en la iniciativa figuran las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, que recogen más de 300 suicidios en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, año en el que finalizó el servicio militar obligatorio. Los grupos impulsores también hacen referencia a "numerosas muertes" en "circunstancias no suficientemente aclaradas".
Según el texto, diversas investigaciones periodísticas y testimonios de familiares apuntan a que el número de fallecimientos podría ser mayor, especialmente si se tienen en cuenta casos que en su momento fueron calificados como accidentales. Señalan, además, que algunas familias habrían conocido años después que la muerte de sus hijos fue considerada un suicidio relacionado con los abusos sufridos durante el servicio.
Las formaciones firmantes sostienen que la respuesta institucional ha sido insuficiente y destacan la "falta de investigaciones exhaustivas" y el "silencio institucional durante décadas" como factores que han agravado la situación de las víctimas.
Reparaciones
Por ello, proponen la puesta en marcha de una investigación a escala estatal que incluya la recopilación de datos sobre suicidios, fallecimientos en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos vinculadas a la mili. Además, plantean analizar posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares, así como evaluar los mecanismos de control existentes en el periodo y sus posibles carencias.
La iniciativa también solicita la implicación del Defensor del Pueblo, amparándose en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, para que esta institución inicie actuaciones de oficio. Los grupos consideran necesario activar este mecanismo para que el asunto sea asumido por los órganos competentes a nivel estatal, dada la dimensión de los hechos denunciados y su alcance en el tiempo.
Además de la investigación, la proposición incluye una serie de medidas orientadas a la reparación de las víctimas. Entre ellas, plantean que el Estado reconozca públicamente a las personas afectadas una vez acreditados los hechos y que se establezcan mecanismos de reparación "moral, simbólica y económica".
También reclaman garantizar el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico tanto para las víctimas como para sus familiares. Asimismo, proponen la elaboración de recomendaciones destinadas a evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.