La Audiencia de Cantabria ha archivado la causa de la compraventa de acciones del Racing de Santander, en la que se investigaba, entre otros, a los exconsejeros Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE), por indicios de delitos de malversación y fraude a ente público.
En un auto dictado el 10 de enero y hecho público este martes, la Audiencia deja sin efecto la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de iniciar el procedimiento para abrir juicio con Tribunal de Jurado contra los exconsejeros, el exresponsable de la empresa CEP Cantabria Luis Egusquiza, el empresario –propietario en su momento delRacing– Jacobo Montalvo, y el abogado Emilio Garayar.
La sala archiva la causa abierta en enero de 2014, a raíz de una querella presentada por la empresa pública Cantur cuando el PP gobernaba la comunidad autónoma, al pronunciarse sobre los recursos presentados por los querellados contra un auto dictado por la magistrada instructora del caso en mayo de 2015.
En esa resolución, la juez acordó la apertura de juicio y convocar a los investigados, a la Fiscalía y a las partes personadas a una comparecencia para concretar la imputación, al considerar acreditado un perjuicio económico a para las arcas públicas de más de seis millones de euros en favor de la empresa Dumviro.
En un auto de 140 páginas, la Audiencia repasa todas las decisiones adoptadas en relación al Racing desde 2004, cuando el Consejo de Gobierno acordó habilitar una solución transitoria y urgente para evitar la disolución del club, incluyendo la compra de acciones por Cantur, la venta a Dumviro y la adquisición de parte del paquete accionarial a la empresa de Ahsan Ali Syed.
La Audiencia de Cantabria concluye que no se aprecian irregularidades y que todas las operaciones obedecen a un plan para salvar el Racing y no para liberar al club de sus deudas en beneficio de la familia Montalvo en un "concierto de voluntades", como sostiene la juez instructora.
En distintos momentos de la resolución, la sala indica que las operaciones se hicieron con el debido asesoramiento jurídico y que eran conocidas por el Gobierno de Cantabria, no pudiendo deducirse ni de su diseño ni de su ejecución reproche penal alguno, con independencia de que finalmente generaran un menoscabo para las arcas públicas por causas ajenas a la voluntad de los querellados.
La Audiencia de Cantabria sí aprecia indicios de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos o, incluso, fraude en la concesión de subvenciones al Racing, que ordena investigar en una pieza separada al juzgado de instrucción.