(Libertad Digital) El Gobierno, por medio de esta ley, está transponiendo la Directiva europea sobre la materia. En otra de sus novedades, fija las "compraventas forzosas". Así, quien tenga el 90 por ciento del derecho al voto podrá exigir la adquisición del 100 por cien del capital, de modo que quienes posean el resto del capital estarán obligados a vender al accionista mayoritario, a un precio que se considere "equitativo". Para fijar cuál sea el precio "equitativo", la norma prevé que sea el más alto pagado entre los seis y doce últimos meses.
En la actualidad, cuando una oferta suponga el control del 50 por ciento del capital, el comprador está obligado a hacer una oferta por la totalidad del capital. La nueva normativa rebaja el porcentaje al 30 por ciento, si bien no del capital sino del derecho a voto. Esta novedad permitirá a los accionistas minoritarios sacar más provecho de las ofertas públicas, pero por otro lado hará que muchas empresas no den el paso de hacer una oferta, ante la obligatoriedad de tener que hacer una oferta por todo el capital. En los 24 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, las empresas que posean ya el 30 por ciento del capital y aumenten su participación en el plazo y la cuantía que determine el reglamento, estará obligada a hacer una oferta pública por el capital.
En la actualidad, cuando se supere el 25 por ciento o se tenga una "influecia relevante" en el consejo, se está obligado a hacer ofertas parciales. Ahora se levanta esa obligatoriedad. Sólo se tendrá en cuenta el control sobre derechos de voto y no el porcentaje del capital, o el número de consejeros. Otro de los objetivos de la ley es acabar con las ofertas a priori y sólo haya a posteriori es para dar mayor eficiencia al mercado.
La norma no tiene carácter retroactivo, por lo que las OPAs en curso no quedarán afectadas por ella. La única excepción es la que se refiere a los blindajes frente a las OPAs hostiles, que deberán ser aprobadas en la junta general de accionistas por al menos dos tercios de los derechos de voto presentes o representados. Se exige el mismo porcentaje para revocar dichas medidas de neutralización.
La ley estará lista para enero de 2007. Entonces, el Gobierno quiere acompañarla de la transposición de otra directiva europea, que trata la transparencia. Dado que la normativa española es muy exigente al respecto, se producirán pocos cambios, pero entre ellos está el adelantamiento de la obligación de publicar los resultados semestrales a finales de mayo o tener la lista de toda la información financiera del ejercicio anterior antes de abril. En la actualidad, si una empresa hace la presentación de la información anual antes de finales de febrero, la empresa no está forzada a hacer un segundo informe semestral.