L D (EFE) El nuevo expediente de ayudas se añadirá a los de 111 y 308,3 millones ya declarados ilegales por el regulador europeo, por lo que el montante total de subvenciones e intereses a devolver por el grupo ascenderá a cerca de 1.100 o 1.200 millones de euros, según las estimaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La portavoz europea de Competencia, Amelia Torres, precisó que el comisario de Competencia, Mario Monti, ya informó en su última reunión con la SEPI y los sindicatos españoles que la CE debería aun declarar la devolución de otra cantidad de ayudas entregadas a Izar. Las acciones de la UE sobre las ayudas a la construcción naval en España se remontan a 1997, cuando la Comisión y el Consejo aprobaron una ayuda a la reestructuración de los astilleros públicos españoles por 1.380 millones de euros a condición de que no pudiera proporcionarse ninguna nueva subvención en este sentido.
Sin embargo, en 1998, las autoridades españolas concedieron una serie de créditos fiscales a los astilleros por valor de 111 millones, que la CE investigó y declaró ilegales en 1999. España recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero en marzo de 2002 los jueces europeos desestimaron el recurso y en junio de 2003, a instancias de la Comisión, exigieron la restitución efectiva de las ayudas. El Ejecutivo comunitario decidió el pasado 13 de octubre el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español -primer paso en los procedimientos de infracción- para reclamar el cumplimiento de esta última sentencia.
El segundo expediente salió a la luz el pasado 12 mayo, cuando el regulador europeo exigió la devolución de otros 308,3 millones de ayudas públicas concedidas a astilleros luego integrados en Izar entre 1999 y 2000. Bruselas cerrará mañana esta serie de expedientes con la exigencia de devolución uno 550 millones de euros más intereses concedidos en 2000 a los astilleros militares Bazán para preparar la fusión con los civiles de AESA que dio lugar a Izar. La suma de estos tres procesos, más los intereses devengados, arroja un saldo de entre 1.100 y 1.200 millones de euros a devolver, según las estimaciones que desde el pasado julio realiza la SEPI el accionista de Izar. La notificación formal de la exigencia de devolución de estas ayudas acarrearía la quiebra de Izar, según la SEPI, pero la CE se ha comprometido a no dar este paso hasta fin de año para que la sociedad pública y los sindicatos negocien mientras tanto un plan de futuro para el grupo.
La portavoz europea de Competencia, Amelia Torres, precisó que el comisario de Competencia, Mario Monti, ya informó en su última reunión con la SEPI y los sindicatos españoles que la CE debería aun declarar la devolución de otra cantidad de ayudas entregadas a Izar. Las acciones de la UE sobre las ayudas a la construcción naval en España se remontan a 1997, cuando la Comisión y el Consejo aprobaron una ayuda a la reestructuración de los astilleros públicos españoles por 1.380 millones de euros a condición de que no pudiera proporcionarse ninguna nueva subvención en este sentido.
Sin embargo, en 1998, las autoridades españolas concedieron una serie de créditos fiscales a los astilleros por valor de 111 millones, que la CE investigó y declaró ilegales en 1999. España recurrió la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero en marzo de 2002 los jueces europeos desestimaron el recurso y en junio de 2003, a instancias de la Comisión, exigieron la restitución efectiva de las ayudas. El Ejecutivo comunitario decidió el pasado 13 de octubre el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español -primer paso en los procedimientos de infracción- para reclamar el cumplimiento de esta última sentencia.
El segundo expediente salió a la luz el pasado 12 mayo, cuando el regulador europeo exigió la devolución de otros 308,3 millones de ayudas públicas concedidas a astilleros luego integrados en Izar entre 1999 y 2000. Bruselas cerrará mañana esta serie de expedientes con la exigencia de devolución uno 550 millones de euros más intereses concedidos en 2000 a los astilleros militares Bazán para preparar la fusión con los civiles de AESA que dio lugar a Izar. La suma de estos tres procesos, más los intereses devengados, arroja un saldo de entre 1.100 y 1.200 millones de euros a devolver, según las estimaciones que desde el pasado julio realiza la SEPI el accionista de Izar. La notificación formal de la exigencia de devolución de estas ayudas acarrearía la quiebra de Izar, según la SEPI, pero la CE se ha comprometido a no dar este paso hasta fin de año para que la sociedad pública y los sindicatos negocien mientras tanto un plan de futuro para el grupo.
Ruiz Jarabo desmiente la información de El País
Ruiz-Jarabo declaró a Efe que todas las empresas realizan múltiples estudios y analizan distintas alternativas, pero subrayó que los planes oficiales son únicamente los que pasan por el Consejo de Administración, en este caso de la SEPI. El ex presidente del grupo público admitió que puede existir algún estudio que plantee el cierre de astilleros, pero recalcó que "no era un plan oficial de la SEPI".
Ruiz-Jarabo aseguró que, durante su mandato, la SEPI trabajaba en tres líneas de actuación: avanzar en la integración del sector naval europeo, mejorar la competitividad de los astilleros y resolver los problemas más inmediatos, incluidos los expedientes abiertos por la Comisión Europea (CE) por presuntas ayudas ilegales. Según Ruiz-Jarabo, la idea era que Izar vendiera los terrenos e instalaciones de los astilleros a Infoinvest, una sociedad instrumental de la SEPI, tal como habían hecho en el pasado otras empresas del grupo. Esta operación, dijo, habría proporcionado plusvalías con las que Izar hubiera podido sanear su tesorería y hacer frente a la devolución de ayudas exigida por Bruselas.