Los precios están bajando en España y arrojan un escenario de deflación, con una caída del IPC de alrededor del 1% para este año. En cambio los salarios suben al ritmo del 2,5%, amenazando aún más a la maltrecha economía española y poniendo de manifiesto el obstáculo que suponen los convenios colectivos para mejorar la productividad y aumentar la eficiencia.
En este contexto el Gobierno ha realizado una apuesta de gasto público que es imposible de sostener, por lo que ha decidido subir los impuestos y, como medida de contención del gasto, subir un 0,3% el sueldo a los funcionarios, frente al incremento del 3,8% que pretendía aplicar Economía antes del verano.
En el Palacio de la Moncloa se daba por hecho el apoyo sindical a esta medida, negociando con estas organizaciones que, aunque representan a menos del 10% de los trabajadores si se tiene en cuenta su número de afiliados, tienen un poder inusitado en España.
CCOO y UGT han hecho llegar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, un documento en el que recogen sus demandas para el "diálogo social" en la Función Pública y en el que reclaman una subida salarial del 1% en 2010 para todos los empleados públicos y del IPC previsto (2%) para los ejercicios 2011 y 2012, "a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas".
Según informa Europa Press, además, en previsión de los desajustes que pueda sufrir el IPC, los sindicatos piden el establecimiento de una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios durante el trienio 2010-2012, a operar para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia.
CCOO y UGT dicen que son “solidarios”
CCOO y UGT argumentan en este documento que han atendido a la situación económico-financiera actual y al principio de "solidaridad" al efectuar su propuesta salarial.
El documento elaborado por los sindicatos pivota en torno a un acuerdo a tres años, en el que no sólo se tratan cuestiones salariales, sino también de mejora de las condiciones de trabajo y de la negociación colectiva, entre otros aspectos.
Ambas centrales, junto al sindicato CSI-CSIF, se reunirán este jueves, a las 17.00 horas, con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para retomar el diálogo social en la Función Pública y tratar de alcanzar un acuerdo.
Según una nota enviada este martes por el Ministerio de la Presidencia, este acuerdo debería impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos, "y todo ello en el nuevo modelo de economía sostenible auspiciado por el Gobierno".