L D (EFE)
ADICAE, personada en el caso Gescartera, asegura que conceder la libertad condicional a "estos delincuentes que en nada han colaborado con la Justicia (...) constituye un gravísimo escándalo social y político que denigra a las instituciones de Justicia y crea una grave inseguridad y desconfianza en el sistema financiero español". El Ministerio Fiscal ha elevado un informe al juez encargado del caso en el que da su visto bueno a la libertad de
Camacho y Sardón
, bajo fianza de 3 y de 1,5 millones de euros, respectivamente. El fiscal expone en su informe que debido al "avance de la instrucción" se disminuye las "posibilidades de alteración u obstrucción" de la recopilación de pruebas, y justifica el levantamiento de la prisión provisional debido a la "reducción del riesgo de fuga".
Por el contrario, ADICAE considera que sí existen muchas probabilidades de eliminar pruebas y fabricar coartadas que impidan el esclarecimiento de este caso que "conmovió a toda la ciudadanía y estructura política española". Califica además de "incomprensible" el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, ya que para completar la instrucción de la causa "todavía faltan las importantes declaraciones de la empresa auditora, de los máximos responsables de la CNMV implicados, de la ONCE y de varios bancos y cajas", entre otros.
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo , que sustituye temporalmente a la juez Teresa Palacios, remitió a última hora del viernes una providencia a las partes acusadoras en la que se les se "concede" un plazo de 24 horas para contestar al informe del Ministerio Fiscal. ADICAE califica esta provindencia de "sorpresiva" y asegura que esta actuación parece tener tintes de "maniobra judicial de fin de semana".
Esta asociación asegura que tras dos años de investigación, la Audiencia Nacional y las instituciones implicadas (Banco de España, Ministerio de Hacienda, CNMV y otras) "no hayan sido capaces de determinar el paradero del dinero defraudado, ni establecer la identidad de todos los responsables y cómplices del enorme fraude".
Por el contrario, ADICAE considera que sí existen muchas probabilidades de eliminar pruebas y fabricar coartadas que impidan el esclarecimiento de este caso que "conmovió a toda la ciudadanía y estructura política española". Califica además de "incomprensible" el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, ya que para completar la instrucción de la causa "todavía faltan las importantes declaraciones de la empresa auditora, de los máximos responsables de la CNMV implicados, de la ONCE y de varios bancos y cajas", entre otros.
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo , que sustituye temporalmente a la juez Teresa Palacios, remitió a última hora del viernes una providencia a las partes acusadoras en la que se les se "concede" un plazo de 24 horas para contestar al informe del Ministerio Fiscal. ADICAE califica esta provindencia de "sorpresiva" y asegura que esta actuación parece tener tintes de "maniobra judicial de fin de semana".
Esta asociación asegura que tras dos años de investigación, la Audiencia Nacional y las instituciones implicadas (Banco de España, Ministerio de Hacienda, CNMV y otras) "no hayan sido capaces de determinar el paradero del dinero defraudado, ni establecer la identidad de todos los responsables y cómplices del enorme fraude".