L D (EFE)
En la vista oral, en la que el caso quedó visto para sentencia, el representante de Conde pidió que se condenara a Selva y Navalón por falso testimonio y a pagar una indemnización al ex banquero de 90.000 euros, mientras el fiscal pidió que fueran absueltos porque considera que tenían derecho a mentir para no inculparse. El ex presidente de Banesto, que estuvo 17 meses en prisión tras ser condenado por apropiación indebida de 3,6 millones de euros, abandonó durante unas horas la prisión de Alcalá-Meco para declarar en el juicio.
Conde insistió en su declaración en que pagó a Navalón y Selva ese dinero –que en un primer momento fue ingresado en una cuenta suiza de la sociedad Argentia Trust– para que, a través de sus contactos, lograran exenciones fiscales para la Corporación Banesto y defendió, por tanto, que no hubo apropiación indebida. El fiscal admitió que Navalón y Selva "no dijeron la verdad" , pero aseguró que no son culpables de falso testimonio porque tenían el derecho constitucional a no declarar en su propia contra, puesto que cabía la posibilidad de que se les imputase por sus testimonios.
Sin embargo, el representante legal de Conde mantuvo que el presunto falso testimonio propició la condena del ex banquero. La defensa de los acusados recordó que ambos temieron incurrir con sus testimonios en el juicio de Argentia Trust en un delito fiscal, lo que corrobora, según los letrados, el derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española de no declarar en su contra.
Las defensas también aseguraron que no se les puede condenar por prestar falso testimonio, puesto que en el juicio no se les interrogó en concreto sobre su participación para conseguir ventajas fiscales para la Corporación Banesto. La fiscalía también descartó que las declaraciones de Navalón y Selva influyesen directamente en la condena de Conde, como asegura la acusación, al apuntar que la sentencia se basa en la incapacidad del propio ex banquero de justificar el pago de 3,6 millones de euros.
Los propios Navalón y Selva, quienes se negaron a contestar las preguntas de la acusación, insistieron en que no mintieron en el juicio, que se celebró en marzo de 1997 en la Audiencia Nacional. Selva dijo que Argentia Trust era un vehículo a través del cual Banesto les pagaba por sus servicios, y que en el juicio no lo reconoció por miedo a ser imputado. La acusación de Conde pidió para los acusados el pago de los 90.000 euros correspondientes a la multa que tuvo que pagar Conde en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo.
Conde insistió en su declaración en que pagó a Navalón y Selva ese dinero –que en un primer momento fue ingresado en una cuenta suiza de la sociedad Argentia Trust– para que, a través de sus contactos, lograran exenciones fiscales para la Corporación Banesto y defendió, por tanto, que no hubo apropiación indebida. El fiscal admitió que Navalón y Selva "no dijeron la verdad" , pero aseguró que no son culpables de falso testimonio porque tenían el derecho constitucional a no declarar en su propia contra, puesto que cabía la posibilidad de que se les imputase por sus testimonios.
Sin embargo, el representante legal de Conde mantuvo que el presunto falso testimonio propició la condena del ex banquero. La defensa de los acusados recordó que ambos temieron incurrir con sus testimonios en el juicio de Argentia Trust en un delito fiscal, lo que corrobora, según los letrados, el derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española de no declarar en su contra.
Las defensas también aseguraron que no se les puede condenar por prestar falso testimonio, puesto que en el juicio no se les interrogó en concreto sobre su participación para conseguir ventajas fiscales para la Corporación Banesto. La fiscalía también descartó que las declaraciones de Navalón y Selva influyesen directamente en la condena de Conde, como asegura la acusación, al apuntar que la sentencia se basa en la incapacidad del propio ex banquero de justificar el pago de 3,6 millones de euros.
Los propios Navalón y Selva, quienes se negaron a contestar las preguntas de la acusación, insistieron en que no mintieron en el juicio, que se celebró en marzo de 1997 en la Audiencia Nacional. Selva dijo que Argentia Trust era un vehículo a través del cual Banesto les pagaba por sus servicios, y que en el juicio no lo reconoció por miedo a ser imputado. La acusación de Conde pidió para los acusados el pago de los 90.000 euros correspondientes a la multa que tuvo que pagar Conde en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo.