LD (Lorenzo Ramírez) Entre las recomendaciones del Pacto de Toledo una de las más importantes es conseguir que la edad real de jubilación se aproxime a los 65 años. Esta meta es fundamental para garantizar la salud del sistema de pensiones e, incluso, será necesario alargar aún más la edad, según las últimas recomendaciones del Banco de España y la Comisión Europea.
No obstante, es necesario recordar que existen muchas actividades que no permiten ampliar la edad de retiro. En concreto, la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social establece que “se mantiene la posibilidad de reducción de la edad de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad”.
Una vez realizada esta consideración se observan enormes diferencias entre la edad de jubilación de los funcionarios y de los trabajadores del sector privado. Nada menos que el 58,7% de los empleados públicos dejan de trabajar antes de cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación fijada para el resto de mortales. Pero lo que resulta aún más significativo es que el 32,4% de los funcionarios lo hace mucho antes.
Las cifras de la Seguridad Social indican que el 40,8% de los empleados del sector privado se jubila antes de los 65 años, lo que supone una enorme diferencia respecto al 58,7% de los funcionarios, casi catorce puntos.
Si en este cóctel se incluye a los trabajadores autónomos, las diferencias son aún mayores, ya que las personas que tienen sus propios negocios dependen sólo de sí mismas, y en muchas ocasiones jubilarse más tarde es más una obligación que una opción. Sólo el 11% de los trabajadores por cuenta propia se retira antes de los 65 años.
Según explicó a LD el diputado del PP y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, “la diferencia, con ser grande, es todavía más reveladora si se tiene en cuenta que, en el caso de la función pública, se trata de un derecho del trabajador, mientras que en el sector privado -en la mayoría de los casos- es consecuencia del cese involuntario en la actividad, ya que jubilarse antes de los 65 años conlleva la aplicación de fuertes coeficientes reductores que pueden mermar hasta en una cuarta parte la cuantía final de la pensión”.
Y es que el sector público, como casi siempre, no predica con el ejemplo. El Pacto de Toledo promueve alargar la edad de jubilación para los trabajadores privados, por la mayor esperanza de vida, pero en el caso de los funcionarios se utiliza otro rasero.
Así, hace 9 años el porcentaje de funcionarios que se retiraba antes de los 65 años era del 42,7%, es decir, 16 puntos menos que en la actualidad. Y la cuestión no se cierra aquí, porque en el caso de los empleados públicos que se jubilan antes de los 60 años el porcentaje ha pasado del 25,4% del año 2000 al 32,4% actual.
La necesidad de alargar la edad de jubilación
El problema se agudiza cuando se observa la actitud del Gobierno ante la insostenibilidad del actual sistema de pensiones. Tanto el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, como su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, atacan duramente a todo aquel que ose poner esta cuestión sobre la mesa, aunque sean sus propios compañeros de partido los que lo planteen.
En el caso concreto de Corbacho su irresponsabilidad es mayor, ya que dice que garantiza las pensiones hasta 2025 basándose en una previsión del PIB errónea: según Trabajo España creará empleo este año con un crecimiento del 3%. No es broma.
Tal como avanzó LD, el PP estudia presentar una serie de propuestas en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo (creada específicamente para reformar el sistema), entre las que se incluye alargar la edad de jubilación.
Y es que, excepto el Gobierno, todos los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales saben la importancia del problema, sobre todo en este momento de sangría laboral, donde las afiliaciones a la Seguridad Social caen a un ritmo del 7% interanual y la pirámide demográfica se convierte en un pilar, al perder cotizantes al mismo ritmo que aumentan los pensionistas.
El Comité de Protección Social sobre flexibilidad en las disposiciones relativas a la jubilación y su contribución a la prolongación de la vida activa constata este enfoque: una mayor flexibilidad en la edad de jubilación puede ayudar al ajuste de los sistemas de pensiones al envejecimiento demográfico.
Es decir, que “cualquier retraso en la edad efectiva de jubilación constituye ya de por sí un importante elemento de estabilización económica del sistema”.
“Ni siquiera es necesario tocar en España la edad legal de jubilación. Basta con aumentar la edad real. Es una cuestión de gran relevancia impedir o limitar al máximo procesos de jubilación anticipada, de sectores o colectivos, cuyos efectos supongan incidencia financiera en la Seguridad Social. Y no dejarse arrastrar a dinámicas de generalización de un discurso de abandono anticipado del mercado laboral. Hay que cumplir la ley que declara esto un hecho excepcional, cuando sea imposible la modificación de las condiciones de trabajo”, señala Tomás Burgos.