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PARALIZADAS INVERSIONES POR 3.000 MILLONES DE EUROS

Industria podría eliminar las trabas a la apertura de grandes superficies comerciales

El Gobierno podría eliminar las principales trabas a la apertura de grandes superficies comerciales. José Montilla se reunirá con la patronal del sector para plantear reformas que resulten en un aumento de la competitividad del sector. Los principales organismos nacionales e internacionales exigen desde hace tiempo una liberalización del comercio en España.

El Gobierno podría eliminar las principales trabas a la apertura de grandes superficies comerciales. José Montilla se reunirá con la patronal del sector para plantear reformas que resulten en un aumento de la competitividad del sector. Los principales organismos nacionales e internacionales exigen desde hace tiempo una liberalización del comercio en España.

(Libertad Digital) El Gobierno podría estar planteándose su política restrictiva respecto de la libertad de comercio. Poco después de ocupar la cartera de Industria y Comercio, José Montilla decidió reducir las aperturas mínimas del sector del comercio. Entonces, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) le acusó de actuar desde el ministerio contra la libertad de empresa. La medida iba en contra de los deseos de los consumidores, que mayoritariamente desean tener más opciones cuando van de compras. Según una encuesta un 74,7 por ciento de los ciudadanos españoles está a favor del restablecimiento de la libertad comercial, tal y como estaba en 1985, tras el conocido "Decreto Boyer".

Según una información del diario Expansión, Montilla quiere rectificar y tomará medidas pactadas con ANGED para mejorar la competitividad del sector, lo que redundaría en más y mejores opciones para los consumidores. El Ejecutivo se quiere adelantar a la futura directiva europea en materia de Servicios. En el borrador elaborado por Industria y Comercio, se quieren simplificar las condiciones para abrir nuevos establecimientos, de tal forma que sean objetivos y no dependan de decisiones políticas que sean condicionadas por grupos de presión, como los pequeños comercios.

Las moratorias autonómicas que están operando en estos momentos, perderían su validez. Si sale adelante la reforma que se plantea el Gobierno, las moratorias solo podrán ser temporales y habrán de estar plenamente justificadas. Según revela la patronal de las grandes superficies, éstas tienen paralizadas inversiones por valor de 3.000 millones de euros.

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