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EXPEDIENTE SANCIONADOR POR IRREGULARIDADES EN LA DISTRIBUCIÓN

La Comunidad de Madrid podría sancionar a Gas Natural hasta con 3 millones de euros

Gas Natural podría enfrentarse al pago de una multa de tres millones de euros después de que la Comunidad de Madrid haya decidido abrir un expediente sancionador contra la gasista. Los motivos son la adquisición de las instalaciones de distribución de la compañía por parte de la empresa filial Gas Natural Distribución SDG sin autorización del Gobierno regional y el hecho de que dicha empresa haya realizado sus actividades sin estar inscrita en el pertinente registro del Ministerio de Industria.

Gas Natural podría enfrentarse al pago de una multa de tres millones de euros después de que la Comunidad de Madrid haya decidido abrir un expediente sancionador contra la gasista. Los motivos son la adquisición de las instalaciones de distribución de la compañía por parte de la empresa filial Gas Natural Distribución SDG sin autorización del Gobierno regional y el hecho de que dicha empresa haya realizado sus actividades sin estar inscrita en el pertinente registro del Ministerio de Industria.
L D (Agencias) El consejero de Economía e Innovación Tecnológica, Fernando Merry del Val, fue el encargado de hacer el anuncio este miércoles. El Gobierno regional ha resuelto la apertura del expediente por lo que considera una infracción muy grave por dos incumplimientos que podrían suponer una multa de hasta 3 millones de euros o bien el doble del beneficio obtenido por la empresa durante los meses en los que "está actuando ilegalmente en Madrid". El expediente sancionador tiene un plazo máximo de seis meses para ser resuelto.
 
En rueda de prenda, el consejero de Economía explicó que el primero de estos incumplimientos se refiere a la adquisición de la titularidad de las instalaciones de Gas Natural en la región sin la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. El otro, según el Gobierno regional, alude a que Gas Natural Distribución ha distribuido el producto sin estar inscrita en el pertinente registro dependiente del Ministerio de Industria, como establece el artículo 74 de la Ley del Sector de Hidrocarburos.
 
Ahora, la Administración autonómica va a remitir escritos a la CNE, al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y va a comunicar a Gas Natural Distribución que antes de tener la titularidad de las instalaciones tiene que contar con la aprobación de la Consejería de Economía. Además, enviarán otro escrito a Gas Natural en el que se señala que, "mientras tanto tiene que seguir asegurando, igual que hasta el 31 de septiembre, un normal suministro a todos los consumidores de Madrid".
 
"El objetivo de estas medidas es asegurar la legalidad en el mercado de la distribución del Gas Natural de Madrid y asegurar el interés general de los madrileños", dijo el consejero, quien aseguró que hasta el mes de noviembre no ha habido ningún problema en el suministro "ni va a haberlo, desde luego". No obstante, preguntado por los consumidores que hayan abonado recibos a Gas Natural Distribución, concluyó que la Consejería de Sanidad y Consumo ha abierto una investigación en relación al tema de las facturas.
 
Un primer expediente de carácter informativo
 
Merry del Val recordó que a mediados del mes de octubre abrió un expediente informativo a la empresa gasista tras conocer que había pasado activos de distribución a su filial Gas Natural Distribución, y pidió la compañía que les informase de quién estaba llevando a cabo la distribución y si habían pedido la preceptiva autorización para el cambio de titularidad.
 
El Gobierno regional también remitió un escrito al Ministerio de Industria para ver si la nueva empresa estaba inscrita en el Registro de Distribuidores de Combustibles Gaseosos, un trámite preceptivo para poder realizar la distribución. Ahora, tanto Gas Natural Distribución como el Ministerio de Industria han contestado a la Administración autonómica y los hechos, según indicó, Merry del Val, les han llevado a convertir el expediente informador en sancionador.

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