LD (EFE)
Con rostro serio, el presidente del Consejo General, Carlos Pérez del Castillo, anunció poco después de la una de la madrugada que algunas delegaciones habían planteado problemas sobre la interpretación de un texto negociado por un grupo de cinco países y al que pocas horas antes había dado su visto bueno el consejo que trata de la propiedad intelectual en la OMC. "Voy a tener que seguir haciendo consultas. Necesito tiempo ya que se han planteado diferencias de interpretación. Es preciso reconciliar todos esos elementos para que tengamos finalmente un buen acuerdo", explicó el diplomático uruguayo, que se vio obligado a suspender hasta nuevo aviso la reunión del Consejo General, última antes de Cancún.
La embajadora de Estados Unidos, Linnet F. Deiley, se negó a declarar, mientras que su colega argentino, Alfredo Vicente Chiaradía, aseguró que su Gobierno quiere "una solución rápida del problema" y está dispuesto a resolver las dificultades que hay, pero siempre sobre la base de un "entendimiento colectivo". Algunas otras delegaciones, como la de Venezuela, habían hecho saber antes de la reunión que tenían dificultades con la Declaración del Presidente, negociada por Estados Unidos, Brasil, la India, Suráfrica y Kenia, y presentada ayer mismo al resto de los 146 países de la OMC. "No sabemos qué implicaciones negativas puede tener para nuestra política industrial", dijo un diplomático venezolano, quien explicó que su delegación quería hacer una declaración en el pleno planteando esos problemas. Filipinas objetó también a varios puntos del compromiso, destinado a dar seguridades a la industria farmacéutica, sobre todo de Estados Unidos, de que los países harían lo necesario para evitar que los genéricos importados por un país en desarrollo carente de capacidad de producción propia pudiesen terminar en terceros mercados.
El texto negociado por EEUU y los cuatro países en desarrollo como complemento de otro anterior del embajador de México, Eduardo Pérez Motta, aceptado ya en diciembre por todos los miembros de la OMC menos por Washington, incluye, según Filipinas, Argentina, Venezuela y otros, una serie de nuevas condiciones que pueden resultar gravosas para los países en desarrollo. Algunos países objetan a la parte que especifica que el sistema que se establezca deberá utilizarse "de buena fe para proteger la salud pública", y en ningún caso para "perseguir objetivos de política industrial o comercial". Así, por ejemplo, Filipinas no quiere verse con las manos atadas por ese instrumento a la hora de recurrir a un programa de salud nacional destinado a rebajar los precios de las medicinas en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la población.
El desbaratamiento anoche del único compromiso que parecía haberse alcanzado en la OMC hace presagiar difíciles, por no decir casi imposibles, negociaciones en Cancún, empezando por el más espinoso de todos los capítulos, como es el agrícola.
La embajadora de Estados Unidos, Linnet F. Deiley, se negó a declarar, mientras que su colega argentino, Alfredo Vicente Chiaradía, aseguró que su Gobierno quiere "una solución rápida del problema" y está dispuesto a resolver las dificultades que hay, pero siempre sobre la base de un "entendimiento colectivo". Algunas otras delegaciones, como la de Venezuela, habían hecho saber antes de la reunión que tenían dificultades con la Declaración del Presidente, negociada por Estados Unidos, Brasil, la India, Suráfrica y Kenia, y presentada ayer mismo al resto de los 146 países de la OMC. "No sabemos qué implicaciones negativas puede tener para nuestra política industrial", dijo un diplomático venezolano, quien explicó que su delegación quería hacer una declaración en el pleno planteando esos problemas. Filipinas objetó también a varios puntos del compromiso, destinado a dar seguridades a la industria farmacéutica, sobre todo de Estados Unidos, de que los países harían lo necesario para evitar que los genéricos importados por un país en desarrollo carente de capacidad de producción propia pudiesen terminar en terceros mercados.
El texto negociado por EEUU y los cuatro países en desarrollo como complemento de otro anterior del embajador de México, Eduardo Pérez Motta, aceptado ya en diciembre por todos los miembros de la OMC menos por Washington, incluye, según Filipinas, Argentina, Venezuela y otros, una serie de nuevas condiciones que pueden resultar gravosas para los países en desarrollo. Algunos países objetan a la parte que especifica que el sistema que se establezca deberá utilizarse "de buena fe para proteger la salud pública", y en ningún caso para "perseguir objetivos de política industrial o comercial". Así, por ejemplo, Filipinas no quiere verse con las manos atadas por ese instrumento a la hora de recurrir a un programa de salud nacional destinado a rebajar los precios de las medicinas en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la población.
El desbaratamiento anoche del único compromiso que parecía haberse alcanzado en la OMC hace presagiar difíciles, por no decir casi imposibles, negociaciones en Cancún, empezando por el más espinoso de todos los capítulos, como es el agrícola.