(Libertad Digital) La información del diario ABC explica que aunque la investigación la desarrolla la Fiscalía de Cádiz, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Teresa Palacios que reclame al INEM el listado de subvenciones que se le concedieron a esta federación de UGT en 2001.
Según la documentación de ABC, el sindicato recibió desde 1997 hasta el año 2000 79 millones de euros en subvenciones. De esta cantidad, el 3 por ciento se destina a la vigilancia del cursos mientras que otro diez por ciento va a sufragar la gestión de los cursos de formación. De dicho porcentaje, el Ministerio Público sólo considera como gasto "admisible" 582.024 euros, así que un total de 7,32 millones de euros no estarían debidamente justificados.
La investigación de la Fiscalía de Cádiz se basa en una información de la FORCEM (Fundación para la Formación Continua) realizado a instancias de la Fiscalía. Al parecer, según dicha investigación de la que se hace eco ABC, se han descubierto muchas anomalías. Entre ellas, diplomas enviados a alumnos que no han asistido a los cursos, identidades falsas de alumnos, listados de docentes inexistentes y facturas sin identificación fiscal.
Los primeros pasos de la investigación los dio la Guardia Civil en 2000, cuando conocieron la existencia de una empresa que proponía a otras cursos gratuitos para sus trabajadores, subvencionados por la Junta de Andalucía y la UE. A partir de esa pista llegaron al conocimiento de otras muchas irregularidades, de las que dieron cuenta a la Fiscalía de Cádiz.
Miguel Ángel Pino, secretario de administración de la Federación investigada, solicitó a los responsables provinciales del sindicato sus soportes contables ante la falta de documentos que avalasen los gastos. La documentación remitida, pues, se correspondería exclusivamente a la administración del sindicato en cada provincia, y el 10% de las subvenciones lo cobra la federación estatal. La FORCEM, tras el estudio de estos documentos, concluyó que del total de los gastos presentados, el 96,65 por ciento no podría considerarse admisible.
Un portavoz de UGT declaró a ABC este miércoles que "el sindicato está tranquilo porque ha hecho bien las cosas" y está a la espera de que "concluya la investigación".