L D (EFE)
La OPA sigue contando con la oposición del sector eléctrico español, pero en medios financieros se ve la operación como “lógica”, ya que puede encajar con los planes del presidente del BBVA, Francisco González, quien desea reorientar el banco más como un gran corporación financiera al estilo norteamericano y alejarse del modelo de la gran banca industrial alemana.
De esta forma, el nuevo mapa energético español contaría con tres grandes referencias: La Caixa, el BBVA y el Santander Central Hispano. La Caixa controlaría cerca del 15 por ciento de la nueva Iberdrola-Gas Natural y a cambio el BBVA pasaría a ser el nuevo accionista de referencia de Repsol —la OPA ha aflorado importantes coincidencias en la estrategia de estas dos sociedades.
El tercer protagonista sería el Santander Central Hispano, como el banco de referencia de Endesa, el tercer gigante español en litigio, además de contar con el 20 por ciento de Cepsa y el 24 por ciento de Unión Fenosa.
De salir adelante la OPA, fuentes financieras espera n que el BBVA utilice parte de los fondos obtenidos en esta operación sobre Iberdrola, donde tiene el 9,1 por ciento, para tomar el relevo de La Caixa como accionista de referencia de Repsol, donde la caja catalana tiene ahora el 12,5 por ciento.
El BBVA entró en Iberdrola a un precio cercano a los 11 euros, por lo que los 17 euros por acción ofrecidos por Gas Natural en la OPA supondrían una importante plusvalía, del 54 por ciento. Otros aliados de la OPA podrían ser los fondos extranjeros, en su mayor parte estadounidenses, que controlan más del 30% de Iberdrola y que fuentes financieras aseguran que ven la oferta de Gas Natural con buenos ojos, incluso al precio actual.
El dilema es para algunos consejeros de Iberdrola, ya que aunque el consejo se ha manifestado claramente en contra, en concreto a ese precio de 17 euros por título, algunos de sus miembros son destacados accionistas individuales que obtendrían importantes ganancias de acudir a la OPA.
La OPA sobre Iberdrola tendrá que superar la autorización de los organismos reguladores, como es el caso del informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que estará listo a finales de abril. Tras esa fecha, el Servicio de Defensa de la Competencia tiene un mes para pasar su informe al Tribunal de Defensa de la Competencia, que en dos meses elevará su dictamen al Gobierno, con lo que el proceso acabaría en el mes de agosto.
De esta forma, el nuevo mapa energético español contaría con tres grandes referencias: La Caixa, el BBVA y el Santander Central Hispano. La Caixa controlaría cerca del 15 por ciento de la nueva Iberdrola-Gas Natural y a cambio el BBVA pasaría a ser el nuevo accionista de referencia de Repsol —la OPA ha aflorado importantes coincidencias en la estrategia de estas dos sociedades.
El tercer protagonista sería el Santander Central Hispano, como el banco de referencia de Endesa, el tercer gigante español en litigio, además de contar con el 20 por ciento de Cepsa y el 24 por ciento de Unión Fenosa.
De salir adelante la OPA, fuentes financieras espera n que el BBVA utilice parte de los fondos obtenidos en esta operación sobre Iberdrola, donde tiene el 9,1 por ciento, para tomar el relevo de La Caixa como accionista de referencia de Repsol, donde la caja catalana tiene ahora el 12,5 por ciento.
El BBVA entró en Iberdrola a un precio cercano a los 11 euros, por lo que los 17 euros por acción ofrecidos por Gas Natural en la OPA supondrían una importante plusvalía, del 54 por ciento. Otros aliados de la OPA podrían ser los fondos extranjeros, en su mayor parte estadounidenses, que controlan más del 30% de Iberdrola y que fuentes financieras aseguran que ven la oferta de Gas Natural con buenos ojos, incluso al precio actual.
El dilema es para algunos consejeros de Iberdrola, ya que aunque el consejo se ha manifestado claramente en contra, en concreto a ese precio de 17 euros por título, algunos de sus miembros son destacados accionistas individuales que obtendrían importantes ganancias de acudir a la OPA.
La OPA sobre Iberdrola tendrá que superar la autorización de los organismos reguladores, como es el caso del informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que estará listo a finales de abril. Tras esa fecha, el Servicio de Defensa de la Competencia tiene un mes para pasar su informe al Tribunal de Defensa de la Competencia, que en dos meses elevará su dictamen al Gobierno, con lo que el proceso acabaría en el mes de agosto.