Liaño pide su reintegro en la Judicatura para que no se mutile el indulto concedido por el Gobierno

El juez Gómez de Liaño considera que el Supremo "al supervisar el Real Decreto y cercenar su alcance, se arroga la prerrogativa misma de indultar, se interpone en las competencias del Jefe del Estado y del Consejo de Ministros y quiebra la división de poderes".

Expone que "en ninguna Constitución democrática del mundo se ha dado a los tribunales tal poder" y añade que "el pretender asumirlo es un estrabismo constitucional que debe dar lugar a que la Sala requerida decline su jurisdicción". En el escrito, Gómez de Liaño también alega que si el Supremo denegó la suspensión de la ejecución de la condena "porque no habría de frustrar el indulto, hoy, cuando el indulto se concede, todo lo que no sea ejecutar la gracia en los términos otorgados sería ir en contra de aquella resolución".

Para Javier Gómez de Liaño hay algo más "algo muy importante, sobre lo que se pretende echar una manta de silencio y que descubre como el propio Tribunal, mejor dicho algunos magistrados del Tribunal, son conscientes de la apropiación de competencias que significa aplicar el Real Decreto de Indulto en la forma y modo que lo ha hecho y por consiguiente mutilar el derecho que, a través de esa gracia, corresponde a Gómez de Liaño".

Además, Gómez de Liaño también ha recurrido la providencia que ayer le dio un plazo de diez días para presentar esta alegación y le comunicó que el Pleno de la Sala de lo Penal resolvería estos trámites, excepto los magistrados Joaquín Delgado y Andrés Martínez Arrieta que presentaron en su día su abstención. El ex juez de la Audiencia solicita que se explique por qué se abstuvieron los dos magistrados y reitera la falta de imparcialidad de otros dos miembros de este tribunal, Enrique Bacigalupo y José Antonio Martín Pallín y la contaminación de un tercero, Cándido Conde-Pumpido.