Clausurada la asociación europea “Xaki” por su vinculación con ETA

Garzón adoptó esta medida en una providencia en la que también acuerda citar para el próximo viernes al presidente de XAKI "e imputado en esta causa" Mikel Egibar, detenido en marzo de 1999 y en libertad bajo fianza desde el pasado 8 de febrero, para comunicarle la decisión. El juez basa su resolución en el artículo 129 del Código Penal, que establece que, "previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales", el juez podrá imponer, con carácter temporal o definitivo, la "clausura de la empresa, sus locales o establecimientos", con el fin de "prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma". En este caso, al hallarse la causa aún en tramitación, la clausura es temporal, por lo que no podrá exceder de cinco años.

También se refiere a los artículos 515, que dice que "son punibles las asociaciones ilícitas", y 520, que establece que, en los supuestos previstos en el artículo anterior, los jueces "acordarán la disolución" de esas asociaciones. Aunque en la providencia no se explican exactamente los motivos de la medida adoptada, el juez hace referencia en ella al "informe ampliatorio recibido sobre XAKI y su vinculación con ETA" y al artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada". Esta circunstancia, según fuentes jurídicas consultadas por la agencia Efe, podría indicar una futura ampliación de procesamiento en la que se incluirían nuevos hechos no contemplados hasta ahora en la causa.

XAKI se constituyó en escritura pública el 13 de mayo de 1996 con sede en el número 12 de la calle Pedro Egaña de San Sebastián, "coincidente con la sede de HB", y fue presentada públicamente en Bilbao, entre otros por Mikel Egibar, el 23 de julio de ese mismo año. La operación policial contra XAKI tuvo lugar a finales de enero de 2000, cuando fueron detenidas ocho personas, entre ellas el ex miembro de la Mesa Nacional de HB Gorka Martínez, el portavoz de HB en las Juntas Generales de Vizcaya, Sabin del Bado, y los miembros de la asociación Miriam Campos, Mikel Korta e Iñigo Elkoro, para quienes se decretó el ingreso en prisión por pertenencia a ETA. Entonces, Garzón señaló que "en el marco del Estado Paralelo que preconiza ETA ha de ubicarse el Ministerio de Relaciones Exteriores que aquella ha constituido y perfilado a través de KHK (1991-1994), KEA (1994-1996) y XAKI (desde 1996)".

Medio año después, el 7 de agosto, el juez procesó a dieciséis personas por su presunta pertenencia al aparato internacional de ETA, XAKI, entre los que había otros dos miembros de la Mesa Nacional de HB, José María Olarra y Jokin Gorostidi. En el auto de procesamiento, Garzón afirmaba que "los ahora procesados, entre otros muchos que hacen las veces de enlaces, correos, buzones, emisarios, o facilitan documentación falsa o cumplen las estrategias marcadas por ETA. De esta forma se pretende cubrir todas las áreas políticas, sociales, militares (...) y actuar de hecho como un Estado paralelo, frente al Estado legítimo". "El signo de permanencia y confianza en estas personas por parte de la organización terrorista implica una relación estrecha y una colaboración que sólo se explica en el ámbito de la pertenencia a organización terrorista", decía el auto, que añadía que XAKI "coordina la totalidad de las relaciones exteriores del MLNV con la supervisión de KAS y control de ETA".

Quince de los dieciséis imputados recurrieron su procesamiento y, el pasado 8 de febrero, la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acordó revocar el de cinco de ellos y ordenar la "inmediata puesta en libertad" de los únicos que permanecían en prisión en esa fecha: Mikel Egibar, Gorka Martínez y la ex miembro del área internacional de HB Miriam Campos. Según el tribunal, durante la investigación "tan solo se ha verificado la actuación ilícita de algunos miembros de la asociación XAKI. Pero se trata de actos criminales individuales que únicamente dan lugar a la correspondiente responsabilidad penal de quienes los han realizado y que, por tanto, no afectan a la licitud o ilicitud de la asociación". Refiriéndose a XAKI, la sala añadía que "ni ésta es una banda armada ni su finalidad es realizar actos violentos con la finalidad de destruir el ordenamiento democrático y constitucional".