L. D. / EP
Esta campaña de los terroristas se ha producido hace unas semanas y los etarras se han dirigido a varios empresarios de las provincias castellanas más cercanas al País Vasco, sobre todo de Burgos. Las fuentes consultadas explicaron que varios extorsionados han presentado las correspondientes denuncias, tras recibir estas cartas amenazantes, tras lo cual, las fuerzas de seguridad han comprobado la autenticidad de las mismas.
Estas comprobaciones se realizan debido a que, según las mismas fuentes, ha habido ocasiones en las que otro tipo de delincuentes han enviado textos amenazadores exigiendo determinadas cantidades haciéndose pasar por ETA.
Entre diez y cincuenta millones
En esta ocasión, la comprobación ha dado como resultado la autenticidad de las cartas extorsionadoras, en las que ETA exige a varios empresarios cantidades que van desde los 10 millones de pesetas a más de 50 millones.
La banda terrorista no ha dejado de chantajear al empresariado vasco, bajo la amenaza de tomar represalias contra sus bienes y su familia, ni durante la tregua que duró 15 meses, y además ha ido extendiendo el radio de sus chantajes a otras provincias y colectivos.
Tras el alto el fuego, los etarras retomaron con más fuerza la reclamación del llamado “impuesto revolucionario”, sobre todo porque, según fuentes de la lucha antiterrorista, la recaudación había caído notablemente ante la negativa a pagar que habían adoptado muchos empresarios.
Estas comprobaciones se realizan debido a que, según las mismas fuentes, ha habido ocasiones en las que otro tipo de delincuentes han enviado textos amenazadores exigiendo determinadas cantidades haciéndose pasar por ETA.
Entre diez y cincuenta millones
En esta ocasión, la comprobación ha dado como resultado la autenticidad de las cartas extorsionadoras, en las que ETA exige a varios empresarios cantidades que van desde los 10 millones de pesetas a más de 50 millones.
La banda terrorista no ha dejado de chantajear al empresariado vasco, bajo la amenaza de tomar represalias contra sus bienes y su familia, ni durante la tregua que duró 15 meses, y además ha ido extendiendo el radio de sus chantajes a otras provincias y colectivos.
Tras el alto el fuego, los etarras retomaron con más fuerza la reclamación del llamado “impuesto revolucionario”, sobre todo porque, según fuentes de la lucha antiterrorista, la recaudación había caído notablemente ante la negativa a pagar que habían adoptado muchos empresarios.
