L. D. / EFE.-
El grupo IGS se constituye a principios de 1989, al participar UGT con el 47 por ciento, y el resto la Fundación de Iniciativas de Economía Social, dependiente de la central. Ese año Sotos es nombrado presidente, y poco después, el grupo controla 21 empresas, entre ellas IGS Gestión, la constructora SCN, la aseguradora Unial y la agencia de viajes Club IGS.
A la polémica se suma el resultado de las auditorías emprendidas en 1991 y 1992, las que indican que la gestora IGS invirtió más de 15.000 millones de pesetas en operaciones empresariales e inmobiliarias ajenas al proyecto de construcción de viviendas, para lo que había recibido las correspondientes cuotas de cooperativistas. IGS había destinado más de 7.000 millones de pesetas en su grupo de empresas y 1.707 millones en la Esfera Armilar de Madrid, obra que nunca se puso en marcha. Además de los 4.692 millones invertidos en un proyecto urbanístico radicado en Calviá (Mallorca), la situación se complica al establecerse que IGS adeudaba a la promotora alrededor de 10.600 millones de pesetas.
En 1993, PSV había construido 1.500 viviendas y se hablaba ya de quiebra técnica de la cooperativa, al registrarse un agujero de 14.000 millones de pesetas, de acuerdo con la versión oficial, y de 80.000 millones, según otras fuentes. Entre las empresas controladas por IGS, Unial había sido tutelada por la Dirección General de Seguros, y la agencia de viajes vendida al Grupo Marsans.
Mientras la crisis se extendía al resto de las empresas que constituían el grupo, la aprobación por el Gobierno del Plan de Viabilidad supone que las actividades de IGS-PSV se limiten a promocionar viviendas sociales, lo que conlleva la liquidación de empresas que no se dedicaban a tal cometido. El quince de septiembre de 1993 dimite Sotos de presidente de IGS y gerente de PSV, ante el malestar de miles de cooperativistas, y es sustituido en la cooperativa por el secretario de Administración de UGT, Paulino Barrabés. El cinco de octubre de ese año, Prudencio García sucede a Sotos en IGS.
En medio del conflicto, los responsables de PSV exponen el 16 de noviembre a los cooperativistas la necesidad de llegar a un acuerdo para financiar las viviendas antes del 30 de noviembre, con objeto de evitar el hundimiento del proyecto. Sotos es sancionado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Banco de España, e inhabilitado para ocupar cargos de dirección en cualquier entidad de crédito por las irregularidades cometidas en IGS del Mercado Hipotecario, medida que se aplica el 22 de diciembre de este año. Asimismo resultan sancionados e inhabilitados Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Álvarez, gestores de la sociedad financiera.
El 23 de diciembre de 1993, el Consejo Ejecutivo del Banco de España designa a Manuel Muela Martín-Buitrago, Francisco Gil Almansa y Ramón Santillán Fraile como liquidadores de IGS de Mercado Hipotecario SA, SCH. El 27 de diciembre IGS solicita la suspensión de pagos, y PSV lo hace dos días más tarde.
A la polémica se suma el resultado de las auditorías emprendidas en 1991 y 1992, las que indican que la gestora IGS invirtió más de 15.000 millones de pesetas en operaciones empresariales e inmobiliarias ajenas al proyecto de construcción de viviendas, para lo que había recibido las correspondientes cuotas de cooperativistas. IGS había destinado más de 7.000 millones de pesetas en su grupo de empresas y 1.707 millones en la Esfera Armilar de Madrid, obra que nunca se puso en marcha. Además de los 4.692 millones invertidos en un proyecto urbanístico radicado en Calviá (Mallorca), la situación se complica al establecerse que IGS adeudaba a la promotora alrededor de 10.600 millones de pesetas.
En 1993, PSV había construido 1.500 viviendas y se hablaba ya de quiebra técnica de la cooperativa, al registrarse un agujero de 14.000 millones de pesetas, de acuerdo con la versión oficial, y de 80.000 millones, según otras fuentes. Entre las empresas controladas por IGS, Unial había sido tutelada por la Dirección General de Seguros, y la agencia de viajes vendida al Grupo Marsans.
Mientras la crisis se extendía al resto de las empresas que constituían el grupo, la aprobación por el Gobierno del Plan de Viabilidad supone que las actividades de IGS-PSV se limiten a promocionar viviendas sociales, lo que conlleva la liquidación de empresas que no se dedicaban a tal cometido. El quince de septiembre de 1993 dimite Sotos de presidente de IGS y gerente de PSV, ante el malestar de miles de cooperativistas, y es sustituido en la cooperativa por el secretario de Administración de UGT, Paulino Barrabés. El cinco de octubre de ese año, Prudencio García sucede a Sotos en IGS.
En medio del conflicto, los responsables de PSV exponen el 16 de noviembre a los cooperativistas la necesidad de llegar a un acuerdo para financiar las viviendas antes del 30 de noviembre, con objeto de evitar el hundimiento del proyecto. Sotos es sancionado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Banco de España, e inhabilitado para ocupar cargos de dirección en cualquier entidad de crédito por las irregularidades cometidas en IGS del Mercado Hipotecario, medida que se aplica el 22 de diciembre de este año. Asimismo resultan sancionados e inhabilitados Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Álvarez, gestores de la sociedad financiera.
El 23 de diciembre de 1993, el Consejo Ejecutivo del Banco de España designa a Manuel Muela Martín-Buitrago, Francisco Gil Almansa y Ramón Santillán Fraile como liquidadores de IGS de Mercado Hipotecario SA, SCH. El 27 de diciembre IGS solicita la suspensión de pagos, y PSV lo hace dos días más tarde.