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ATENTADO CONTRA TELEFÓNICA

Suspendido el juicio contra “Makario”, Soares Gamboa y otros tres etarras

El juicio contra los etarras "Makario", Francisco Javier Cervera, José Luis Sebastián y David Blanco y el “arrepentido” Juan Manuel Soares Gamboa por el atentado contra un edificio de Telefónica en Madrid en 1982, que se iniciaba este lunes en la Audiencia Nacional, ha sido suspendio sin fecha para su continuación por la imposibilidad de localizar a una docena de testigos y a la espera de la decisión del Gobierno francés sobre la extradición de Juan Lorenzo Lasa Michelena, Txikierdi.

L. D. / EP. - El juicio, que debía haberse celebrado en 1998, fue ya aplazado para incluir entre los acusados al etarra Juan Lorenzo Lasa Michelena, “Txikierdi”, algo que ahora ha vuelto a parar el proceso. La intención de la Fiscalía de la Audiencia Nacional era pedir veinte años de prisión para los acusados.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, en febrero de 1982 los entonces integrantes del “comando Madrid” de ETA “Makario” y Soares Gamboa se reunieron en San Juan de Luz (Francia) con dirigentes de ETA y con Sebastián y Blanco, que habían facilitado información sobre el objetivo, un edificio situado en la calle de Ríos Rosas de Madrid. Una vez en la capital de España, “Makario” y Soares se pusieron en contacto, entre otros, con Cervera, “y tras llevar a cabo todos ellos labores de vigilancia sobre el edificio, deciden acometer la acción el día 18 de abril de 1982”.

Los terroristas entraron en el edificio a las dos y media de la madrugada haciéndose pasar por policías, encañonaron y encerraron en un lavabo a tres empleados y les advirtieron de que a las tres de la mañana tendrían cinco minutos para avisar al resto de las personas que hubiera allí, “pues a esa hora explotarán unas bombas colocadas en diferentes puntos del inmueble”. Los miembros del comando colocaron seis artefactos explosivos, de 25 kilogramos de goma 2 cada uno, distribuidos por diferentes puntos del edificio de la compañía, que sufrió daños cifrados en 4.300 millones de pesetas. La explosión ocasionó también daños en edificios y vehículos próximos al lugar de los hechos, y causó heridas a tres personas.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estragos, por el que pide veinte años de prisión para cada uno de los cinco acusados.

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