L. D. / EFE.-
El Partido Socialista pretende que los primeros en declarar ante la comisión sean los responsables del Gobierno, es decir, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. Por su parte el PP cree que sería más apropiado que los primeros en acudir al Congreso fueran los responsables de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna (presidenta) y Antonio Camacho (dueño de la empresa y único acusado que se encuentra en prisión).
Una vez presentadas las peticiones de los diferentes grupos, el martes 11 se reunirá la Mesa de la comisión, compuesta por el presidente, Luis Mardones (CC), por el vicepresidente, José Manuel Romay Beccaría (PP), y por el secretario, Angel Martínez Sanjuán (PSOE), para ordenar los trabajos de la comisión y para calificar las solicitudes. Así, la primera reunión de trabajo se celebrará el jueves después del pleno para determinar el plan de trabajo y el calendario de comparecencias.
La Carta Magna recoge la obligatoriedad de las personas citadas a comparecer a requerimiento de las cámaras, mientras que la ley orgánica (5/1994) que regula el funcionamiento de este tipo de órganos establece que el incumplimiento voluntario de esta citación válidamente formulada se tipifica penalmente como una desobediencia grave. La normativa legal también indica que la notificación del requerimiento para comparecer habrá de conocerse con quince días de antelación, salvo en caso de "urgente necesidad".
Respecto a la documentación, a través de los servicios de la Cámara, se podrán reclamar a la Administración Tributaria datos e informes referentes a personas que desempeñen o hayan desempeñado cargos públicos en la Administraciones Públicas o empresas de ellas dependientes y en las sociedades mercantiles en las que sea mayoritaria su participación directa o indirecta. Esta documentación sólo podrá ser requerida si el objeto de la investigación tiene relación con la función desempeñada por esa persona y si la comisión entiende que sin tales datos no sería posible desarrollar la función para la que fue creada.
También podrá acceder la comisión a los datos que obren en poder de las entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades o agencias de valores, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y, en general, cualesquiera entidades colectivas. Otro de los aspectos a tratar será el carácter público o secreto de las sesiones de la comisión, materia en la que el grupo popular, a través de su portavoz en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, ya ha expresado su deseo de que todas sean públicas aunque "se tenga que forzar el Reglamento".
Sin embargo, la legislación vigente establece que las Mesas de las Cámaras velarán por que ante las comisiones de investigación queden salvaguardados el derecho a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales. Además, los trabajos de la comisión no pueden entorpecer o perjudicar a la investigación judicial que lleva a cabo la Audiencia Nacional. Las conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales. Sin embargo, estas conclusiones podrán ser enviadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si procede, de las acciones oportunas.
Una vez presentadas las peticiones de los diferentes grupos, el martes 11 se reunirá la Mesa de la comisión, compuesta por el presidente, Luis Mardones (CC), por el vicepresidente, José Manuel Romay Beccaría (PP), y por el secretario, Angel Martínez Sanjuán (PSOE), para ordenar los trabajos de la comisión y para calificar las solicitudes. Así, la primera reunión de trabajo se celebrará el jueves después del pleno para determinar el plan de trabajo y el calendario de comparecencias.
La Carta Magna recoge la obligatoriedad de las personas citadas a comparecer a requerimiento de las cámaras, mientras que la ley orgánica (5/1994) que regula el funcionamiento de este tipo de órganos establece que el incumplimiento voluntario de esta citación válidamente formulada se tipifica penalmente como una desobediencia grave. La normativa legal también indica que la notificación del requerimiento para comparecer habrá de conocerse con quince días de antelación, salvo en caso de "urgente necesidad".
Respecto a la documentación, a través de los servicios de la Cámara, se podrán reclamar a la Administración Tributaria datos e informes referentes a personas que desempeñen o hayan desempeñado cargos públicos en la Administraciones Públicas o empresas de ellas dependientes y en las sociedades mercantiles en las que sea mayoritaria su participación directa o indirecta. Esta documentación sólo podrá ser requerida si el objeto de la investigación tiene relación con la función desempeñada por esa persona y si la comisión entiende que sin tales datos no sería posible desarrollar la función para la que fue creada.
También podrá acceder la comisión a los datos que obren en poder de las entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades o agencias de valores, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y, en general, cualesquiera entidades colectivas. Otro de los aspectos a tratar será el carácter público o secreto de las sesiones de la comisión, materia en la que el grupo popular, a través de su portavoz en la comisión, Vicente Martínez Pujalte, ya ha expresado su deseo de que todas sean públicas aunque "se tenga que forzar el Reglamento".
Sin embargo, la legislación vigente establece que las Mesas de las Cámaras velarán por que ante las comisiones de investigación queden salvaguardados el derecho a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales. Además, los trabajos de la comisión no pueden entorpecer o perjudicar a la investigación judicial que lleva a cabo la Audiencia Nacional. Las conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales. Sin embargo, estas conclusiones podrán ser enviadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si procede, de las acciones oportunas.