La mayoría de los periódicos dedican este martes sus portadas a la muerte por ántrax de los dos carteros que manipulaban el correo del Capitolio y a las reacciones políticas de los resultados electorales en Galicia. En los editoriales, sin embargo, encontramos mucha más variedad en los asuntos tratados.
Ante la psicosis que provoca el bioterrorismo, El Mundo y El País básicamente coinciden en señalar la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad y las medidas de prevención. Los dos diarios son conscientes de que los casos ya detectados pueden ser el preámbulo de ataques a mayor escala, aunque subrayan las dificultades para la propagación y el contagio masivo de este tipo de virus.
El Mundo dedica otro editorial a las extrapolaciones a la política nacional de las elecciones gallegas, donde básicamente suscribe la lectura hecha por el PP: El Gobierno Aznar no sufre desgaste alguno y, ante los modestos resultados del PSOE, más que “efecto” habría que hablar del “efectillo Zapatero”. El Mundo hace referencia de pasada y de puntillas a los “meses de tropiezos políticos” del Gobierno, pero parece que considera, al igual que Aznar, que la victoria de Fraga borra la necesidad de afrontarlos y de plantear cambios.
No obstante, en otro editorial y centrado únicamente en la figura de Ramallo, El Mundo sí que critica la pasividad del PP y le exige que abra expediente al ex presidente de la CNMV, a quien la juez Palacios cree capaz de haber cometido un delito de cohecho por los regalos recibidos del presidente de Gescartera.
ABC dedica tres editoriales a cuestiones a los que se le ha dado menor relevancia informativa, pero las tres de gran importancia. El primero lo provoca la sentencia de un juez de lo penal de Barcelona que, vulnerando el espíritu y la le letra de la ley que penaliza la ocupación de inmuebles desabitados, ha absuelto a unos "okupas" amparándose en el “uso social y alternativo” que dieron al inmueble ocupado. ABC acierta al señalar que el juez ha convertido los móviles del delito en causa de exención de culpa, “quebrando el principio de legalidad penal y apartándose de su único deber, que es aplicar la ley y proteger un bien jurídico de rango constitucional, que es la propiedad privada”. No obstante, este diario no acaba siendo coherente al aconsejar el uso del indulto para no vulnerar el sentido de la ley si el magistrado considera excesivos sus efectos penales. El uso bananero del indulto que domina en nuestro país es otro cáncer de nuestra justicia que merma, al igual que la injusta absolución descrita, la disuasión del delito que toda ley penal debería generar.
ABC también critica justificadamente el empeño de los nacionalismos vasco y catalán por extender su control a la justicia, a raíz del proyecto de decreto regulador del Consejo de Justicia de Cataluña, que hace unas fechas fue informado negativamente por el CGPJ. ABC ve y rechaza en las iniciativas de los nacionalistas su aspiración de suprimir el carácter nacional de determinados cuerpos de funcionarios judiciales para poder regularlos, su intento de segregación de competencias que ahora residen en el CGPJ, para luego transferirlas a órganos autonómicos, y su deseo de conversión definitiva de los Tribunales Superiores de Justicia en tribunales supremos propios.
Finalmente, el último editorial de ABC tilda razonadamente de insuficiente el paso en pro de la liberalización que supone la adjudicación del 25 por ciento del gas natural procedente de Argelia a seis compañías. Este diario, además de considerar que el Gobierno se ha quedado corto con el porcentaje subastado, denuncia la dilación de la venta del 65 por ciento de Enegás hasta el año que viene, el retraso de la apertura del mercado hasta enero del 2003 y la inoperancia del real decreto de acceso de terceros a la red.

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