L. D. / EFE.-
Uno de los detenidos en la operación dirigida contra Gestoras pro Amnistía ha sido puesto en libertad por la Policía. Se trata de Gaizka Larrinaga Martín. Este miembro no prestará pues, declaración ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional. Los doce restantes lo harán en el transcurso de este viernes. Juan María Olano, el máximo responsable, sigue en paradero desconocido.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó este viernes a tomar declaración a los 13 miembros de Gestoras Pro Amnistía detenidos (sólo comparecerán 12) por su supuesta pertenencia a ETA en el marco de la operación Udazken (Otoño) que se desarrolló en la madrugada del martes en el País Vasco y Navarra. En concreto, Garzón interroga a Juan Antonio Madariaga Erezuma, portavoz en Vizcaya de Senideak, colectivo que, según destacó el ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha recibido recientemente una subvención de 7,2 millones de pesetas por parte del Departamento vasco de Justicia. También comparecen ante el juez Yulen Larrinaga Martín, Jon Imanol Beascoa, y Jagoba Terrones Arrate, quien supuestamente se entrevistó con el cónsul de México en Bilbao para pedirle que el Gobierno de ese país no entregara a España a más "ciudadanos vascos" porque, eso supone que colabora con la "dinámica represiva" del Estado español.
El resto de los detenidos que pasarán a disposición del juez de la Audiencia Nacional son Aratz Estomaba Iturria, Gorka Zaluaica Amochategui, Julen Celarazin Errazti, Ainoa Irastorza Otegui, Iker Zubia Urruria, Jesús María Beaumont Barberena y Alejandro Belasco Armandariz.
Dentro de la operación, la Policía ha intervenido, por orden del juez, los ordenadores de tres abogados de Gestoras, que se encontraban en las zonas comunes de una sede de esta organización. Los ordenadores, que fueron intervenidos el pasado miércoles, son los de los abogados Arantxa Zulueta, Zigor Reyzabal y Aitor Ibero y, al contener información propia de su labor como letrados, el juez ha consultado la medida adoptada con el Colegio de Abogados correspondiente. Los equipos informáticos se encontraban en zonas comunes de la sede de Gestoras y no en despachos propios de los abogados, por lo que se considera que la medida es correcta, ya que los archivos informáticos podrían contener pruebas de la supuesta relación de Gestoras con ETA.
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó este viernes a tomar declaración a los 13 miembros de Gestoras Pro Amnistía detenidos (sólo comparecerán 12) por su supuesta pertenencia a ETA en el marco de la operación Udazken (Otoño) que se desarrolló en la madrugada del martes en el País Vasco y Navarra. En concreto, Garzón interroga a Juan Antonio Madariaga Erezuma, portavoz en Vizcaya de Senideak, colectivo que, según destacó el ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha recibido recientemente una subvención de 7,2 millones de pesetas por parte del Departamento vasco de Justicia. También comparecen ante el juez Yulen Larrinaga Martín, Jon Imanol Beascoa, y Jagoba Terrones Arrate, quien supuestamente se entrevistó con el cónsul de México en Bilbao para pedirle que el Gobierno de ese país no entregara a España a más "ciudadanos vascos" porque, eso supone que colabora con la "dinámica represiva" del Estado español.
El resto de los detenidos que pasarán a disposición del juez de la Audiencia Nacional son Aratz Estomaba Iturria, Gorka Zaluaica Amochategui, Julen Celarazin Errazti, Ainoa Irastorza Otegui, Iker Zubia Urruria, Jesús María Beaumont Barberena y Alejandro Belasco Armandariz.
Dentro de la operación, la Policía ha intervenido, por orden del juez, los ordenadores de tres abogados de Gestoras, que se encontraban en las zonas comunes de una sede de esta organización. Los ordenadores, que fueron intervenidos el pasado miércoles, son los de los abogados Arantxa Zulueta, Zigor Reyzabal y Aitor Ibero y, al contener información propia de su labor como letrados, el juez ha consultado la medida adoptada con el Colegio de Abogados correspondiente. Los equipos informáticos se encontraban en zonas comunes de la sede de Gestoras y no en despachos propios de los abogados, por lo que se considera que la medida es correcta, ya que los archivos informáticos podrían contener pruebas de la supuesta relación de Gestoras con ETA.
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