Al otro lado de la muga

La decisión de Batasuna de trasladar su domicilio postal al sur de Francia, donde sus miembros siguen actuando públicamente, es la noticia más destacada en la mayoría de las portadas de prensa de este jueves. En este asunto, los diarios también ponen de relieve las nuevas intervenciones del Gobierno vasco en defensa de la formación proetarra, entre las que figuran las declaraciones del consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga en contra del juez Garzón, la autorización por parte de la Consejería de Interior vasca de una manifestación en Bilbao contra la ilegalización y la declaración del portavoz del PNV, Joseba Eguibar, en la que afirmaba que aunque el rearme del Estado de Derecho contra el mundo de ETA “no nos lleve a expresarnos en términos optimistas, creo que desde una posición nacionalista y en perspectiva histórica, el proceso de emancipación nacional se está acelerando, por mucho que lo quiera impedir el PP”.

Algunos diarios también destacan la afirmación de Aznar de que “ilegalizar Batasuna no acabará con ETA”, algo que siempre ha mantenido, por otra parte, el presidente del Gobierno para el que el hecho de que esta medida no sea suficiente no quiere decir que no sea completamente necesaria.

Finalmente, otras noticias de interés son el demoledor informe contra la fusión digital de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la que se acusa de amenazar la competencia en ocho mercados, y el incendio de ayer en Torrespaña que dejó a los madrileños sin televisión durantes tres horas.

Tan sólo La Razón y El Mundo vuelven a dedicar hoy un editorial al acoso legal y judicial contra Batasuna. El primero se centra en la necesidad de que el Tribunal Supremo actúe con rapidez para deslegalizar la formación proterrorista, al tiempo que informa de que la Junta de Fiscales ya ha aprobado por unanimidad pedir también la ilegalización. Este diario no repara editorialmente en el parcial traslado de operaciones de Batasuna al sur de Francia, aunque su demanda de celeridad en el proceso de ilegalización puede ser también decisivo para que Batasuna -como durante tantos años hiciera ETA- no encuentre un santuario en el país vecino.

En este sentido, indicamos que el Gobierno español ya debe volver a intentar que Bruselas incluya en su lista de organizaciones terroristas a Batasuna, petición que Europa denegó hace unos meses por tener esa organización cobertura legal y financiación pública en España.

El Mundo, por su parte, se centra en denunciar la “esquizofrenia insostenible” del PNV. Aunque bienvenido sea el cambio de opinión de este diario, algo parecido se le podía reprochar a su editorialista. Ayer mismo —como ustedes fácilmente pueden comprobar— su editorial, haciendo meritorio lo obvio, elogiaba a los nacionalistas en la forma en que habían ejecutado la orden de Garzón contra Batasuna y daba la razón al Consejero vasco de Interior frente a los que habíamos visto en las pegas expuestas para no ordenar la inmediata intervención de la Ertzainza una simples excusas dilatorias.

Por el contrario, el editorialista de El Mundo hoy recuerda al Gobierno vasco que, a diferencia de la Ertzaintza, “la actuación de la Policía y la Guardia Civil en Navarra fue rápida y discreta. Por el contrario, —continúa El Mundo—la hora elegida y la tardanza en llevar a cabo las ordenes del auto del juez Garzón parecían indicar que el Gobierno vasco pretendía una escenificación pública de la confrontación”.

Para justificar el cambio de valoración, el editorialista dice que “los dirigentes de Vitoria tienen el alma dividida, por un lado están dispuestos, como ya han demostrado, a cumplir la legalidad. Por otro no hay duda de que comparten los fines de los dirigentes de la formación a los que han tenido y tendrán que reprimir”.

De “alma dividida”, nada. Los nacionalistas del PNV —y a sus declaraciones nos remitimos— están en contra de esa legalidad. Si, desde el Gobierno de Vitoria, la hacen cumplir es porque no tendrán más remedio y lo harán en la forma mínima que les evite el ser relevados en la tarea. El “proceso de emancipación nacional”, que Eguibar asegura que “se está acelerando”, no es más, valga como ejemplo, que una rebelión contra la legalidad del Estado.

El PNV actúa de forma gradual. A veces, si las circunstancias son adversas, recula, pero sus objetivos fundacionales siguen siendo los mismos. Fue y es el PNV quien presentó como deseables los fines secesionistas que persigue ETA, no al revés. Los terroristas no matan por matar, sino para hacer realidad los delirios soberanistas de Sabino Arana. Muchos periodistas ahora se escandalizan por la forma despectiva en que ayer el portavoz del PNV se refirió a Aznar y “a su querida España”. Pero olvidan que es y ha sido el PNV desde los tiempos de su fundación el que llamó a los vascos a no considerarse españoles y a denigrar a estos como enemigos del Pueblo Vasco.

Por ello hay que puntualizar las declaraciones de ayer del portavoz del PP, García Escudero, respecto a la ley de partidos y la legitimidad del independentismo vasco. Ciertamente en España no se va, ni nadie pretende, ilegalizar a las formaciones nacionalistas, sino sólo a las que presten ayuda y estén integradas en organizaciones terroristas. Pero si, ciertamente, el independentismo no se va a ilegalizar, eso no quiere decir que los constitucionalistas no deban combatir intelectual e ideológicamente a quienes pacíficamente reivindican el secesionismo. El que, por ese fin, algunos nacionalistas maten, es una razón más, no una menos, para ejercer el derecho y el deber de critica al nacionalismo por parte de quienes no comparten sus postulados.

La formación nacionalista de Le Pen, a diferencia del partido al que pertenecía el ultra que intentó asesinar hace unos meses a Chirac, no ha sido, ni pretende ser ilegalizado en Francia. Pero no por ello el resto de formaciones dejan de criticar y marginar políticamente al Frente Nacional. Aquí por el contrario muchos consideran que el PNV no forma parte de la base ideológica en la que se sustenta el terrorismo etarra. Ciertamente, el frente policial y judicial contra ETA/Batasuna queda cojo si no va acompañado de un combate de ideas frente al nacionalismo, por lo menos equivalente al que en ese terreno político disputan el PP y el PSOE por cuestiones mucho menos relevantes.

Los constitucionalistas no sólo deben combatir legalmente los medios terroristas del nacionalismo vasco sino que tienen el derecho y el deber de refutar y criticar sus fines.

Llamas en el Piruli

Casi todos los diarios destacan en mayor o menor medida el incendio que ayer se produjo en las instalaciones de Torres España aunque ninguno de ellos le dedica comentario editorial alguno. Y el caso es que, como ha quedado patente, el hecho de que en el conocido Pirulí se concentran las antenas, generadores y transmisores para la mayor parte de las emisoras de radio y televisión provoca que cualquier incidente en sus instalaciones pueda suponer un “apagón informativo” como el que ayer durante el espacio de tres horas padecieron millones de madrileños. Menos mal que disponemos de Internet, pero no estaría de más que se buscara una forma más descentralizada en el operativo de emisión. Más padeciendo la lacra del terrorismo que hace del pirulí —Dios no lo quiera— un objetivo de primera magnitud.

El problema no es la fusión sino la falta de liberalización

Casi todos los diarios se hacen eco del informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre el proyecto de fusión digital que desean acometer Prisa y Telefónica. El tratamiento que de la noticia se hace en las portadas ya es indicativo de por donde van los tiros. Mientras El Mundo le da prioridad en su primera plana y titula “Demoledor informe contra la fusión digital”, El País, la posterga al último hueco de su portada donde, además, destaca que “La CMT advierte al Gobierno de la falta de rentabilidad de un mercado con dos televisiones digitales”. Quizá el titular más ponderado sea el de ABC, en el que, por un lado, se dice que “la CMT cree que la fusión digital amenaza la competencia en ocho mercados”, y, por el otro añade que “el informe vaticina que si la operación fracasa quedará un solo operador”.

Sólo El Mundo, sin embargo, le dedica un comentario al asunto, donde el editorialista se explaya en describir los dañinos efectos a la competencia que provocaría la fusión de Sogecable y Vía Digital. Daños ciertos pero que no deberían dejar de contemplar la posibilidad —tal y como el Informe hace— de que podrían ocurrir si ambas plataformas siguen compitiendo en pérdidas como están haciendo hasta ahora. El Mundo —teniendo razón en todo lo que dice— no hace referencia a que el informe también vaticina que, si la fusión no se produjera, bien podría igualmente quedar en pie un solo operador.

Las autoridades pueden impedir a ambas empresas que se fusionen, pero, ciertamente, no pueden obligar a ninguna de ellas a seguir operando a costa de multimillonarias pérdidas. Telefónica, cuyo mercado objetivo es cada vez más competitivo, no puede permitirse el lujo de seguir transfiriendo recursos de allí para cubrir las pérdidas que le provoca la batalla que libra en el mercado digital.

Prisa, aunque también acarrea pérdidas en esa batalla, seguirá librándola. En primer lugar, porque, a diferencia de Telefónica, es un grupo mediático que tiene como objetivo el dominio de la opinión pública. En segundo, porque Prisa puede cubrir pérdidas a cargo de los beneficios que logra en mercados que, institucional y privilegiadamente, están protegidos de la competencia.

El Mundo pone de relieve que la CMT destaca en su informe “la posición de privilegio desde la que parte una de las compañías. Canal Satélite arrancó su implantación en el sector de la TV digital de pago beneficiándose del monopolio ejercido por Canal Plus y Sogecable en la televisión de pago analógica. Una ventaja que, como es sabido, fue fruto de la anómala concesión de un Gobierno socialista cuyo propio ministro de Cultura paso a formar parte de la sociedad beneficiada”.

Sin embargo El Mundo no repara en que las actividades privilegiadas de Prisa y la falta de liberalización —de legalidad, incluso—en mercados donde ella opera se han perpetuado bajo el Gobierno de Aznar. Estas son las que cubren las pérdidas en esta concreta batalla que ha obligado a Telefónica a librarla sin cubrir los costes. Es equivocada y un absurdo económico postular que el mercado digital es poco menos que un monopolio natural que impide la rentabilidad con dos televisiones digitales. Las pérdidas que acarrean ambas sólo prueba que no es posible competir vendiendo por debajo de los costes.

Sin la liberalización completa de los medios de comunicación, cuyos mercados están íntimamente relacionados, el Gobierno lo único que podrá hacer es parchear la situación, acentuando su intervencionismo y poniendo condiciones estrictas a la fusión digital. Eso es lo que pide El Mundo. Pero este no tiene que olvidar que, aunque Vía Digital las aceptara —y, por duras que sean no hay que ser adivino para saber que por Telefónica no habrá objeciones—, Polanco bien podría rechazarlas. Hay pues un riesgo de que, de esa “exigencia en pro de la competencia”, resulte que Telefónica no pueda ser fusionada y que esta opte por cerrar el chiringuito, quedando Prisa en solitario. La libertad no es un cúmulo de permisos y la voracidad e inteligencia de Polanco no se aplacan con parches.