(Libertad Digital)
En 1996, Izquierda Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la privatización de la funeraria y acusó al gobierno municipal de conducir a la empresa a una situación de “asfixia económica para justificar la venta del 49 por ciento de sus acciones por cien pesetas”.
Según el grupo municipal de IU la funeraria era rentable, lo que quedó demostrado en que Funespaña, que antes de adquirir la funeraria tenía cuatro trabajadores en plantilla y facturaba 1.200.000 pesetas al mes, pasó a valer dos años después 30.000 millones en términos de capitalización bursátil.
En 1998, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la adjudicación y gestión de la funeraria y un año después presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 14 personas, entre ellas dos concejales del PP, varios ex concejales, y la directiva de Funespaña, querella que fue admitida a trámite.
Según el grupo municipal de IU la funeraria era rentable, lo que quedó demostrado en que Funespaña, que antes de adquirir la funeraria tenía cuatro trabajadores en plantilla y facturaba 1.200.000 pesetas al mes, pasó a valer dos años después 30.000 millones en términos de capitalización bursátil.
En 1998, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la adjudicación y gestión de la funeraria y un año después presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 14 personas, entre ellas dos concejales del PP, varios ex concejales, y la directiva de Funespaña, querella que fue admitida a trámite.