(Libertad Digital)
El diario “La Razón” publica este martes el auto por el cual se decidió mantener la libertad provisional del etarra Gotzon Aramburu Sudupe, uno de los asesinos del guardia civil Antonio Molina. Además, este etarra y su compañero Etxeberria tenían ya ultimada una masacre con coche bomba en Madrid para la noche del 31 de diciembre.
El fiscal de la Audiencia Nacional alertó, antes del asesinato de Molina, sobre dos graves consecuencias en la excarcelación de Gotzon Aramburu: el riesgo de fuga y la posibilidad más que cierta de reincidencia delictiva. Lo hizo en dos ocasiones. Primero durante la celebración de una vistilla en la que se solicitaban medidas cautelares de prisión para el etarra detenido en marzo del 1999. La Sala Segunda sólo decidió que el etarra debería comparecer en unos plazos fijados pero no modificó su libertad provisional. Entonces la Fiscalía presentó un recurso de súplica con los mismos argumentos, la fuga y la reincidencia.
La Sala Segunda no ve riesgos
Pero los magistrados Fernando Campos Nicolás, Jorge Campos Martínez y José Ricardo de Prada Solaesa se reafirmaron en su decisión: nada les indicaba a los tres jueces que el etarra pudiera fugarse y menos que fuera a cometer un atentado: “... los recurridos se encuentran el libertad desde hace meses sin que nada se haya puesto en conocimiento de este Tribunal que permita ser valorado como un objetivo incremento de riesgo de reiteración delictiva, además de haberse fijado igualmente por la Sala estrictas medidas de comparecencias personales que no consta que hayan sido hasta ahora incumplidas por los procesados”.
Sin embargo ni siquiera este extremo es cierto. Según indica “La Razón” la Ertzaintza ya comunicó en la pasada primavera que las comparecencias personales acordadas contra Gotzon como “estrictas medidas cautelares” se estaban violando. De hecho, el etarra se había fugado mientras el Tribunal Supremo resolvía un recurso.
Para los tres jueces, el recelo de la Fiscalía era poco más que un capricho: “... se sustenta exclusivamente sobre la base de la desconfianza que suscita en el Ministerio Fiscal la relación vinculación que se afirma en la sentencia del referido con la organización terrorista, en el momento de la producción de los hechos” . José Ricardo de Prada Solaesa, junto a los magistrados Francisco Castro Meije, Ángela Murillo Bordallo fue uno de los encargaron de juzgar a los 37 procesados en la "operación Temple" tras la suspensión de Ollero, López Ortega y Cezón, en marzo de 2002.
Resultado: un asesinato por evitar una masacre
Después del nuevo escándalo judicial –con enormes parecidos al caso “narco volador”– el etarra Gotzon Aramburu y su compañero Jesús María Etxeberria Garaikoetxea, decidían entrar en Madrid con un coche robado en Francia. Lo cargaban de explosivos (150 kilos) y enfilaban la capital desde la autopista A-6. En un control de la Guardia Civil, al verse descubiertos por las sospechas del agente Antonio Molina, acababan con su vida. Molina evitaba con su muerte una masacre en Madrid destinada a empezar el año con las siglas de ETA en todas las portadas. Pero el asesinato de Molina pudo evitarse. Lo advirtió la Fiscalía. Tres jueces no quisieron ver el peligro. Y los temores del fiscal se cumplen: el de la fuga y el de la reincidencia.
El fiscal de la Audiencia Nacional alertó, antes del asesinato de Molina, sobre dos graves consecuencias en la excarcelación de Gotzon Aramburu: el riesgo de fuga y la posibilidad más que cierta de reincidencia delictiva. Lo hizo en dos ocasiones. Primero durante la celebración de una vistilla en la que se solicitaban medidas cautelares de prisión para el etarra detenido en marzo del 1999. La Sala Segunda sólo decidió que el etarra debería comparecer en unos plazos fijados pero no modificó su libertad provisional. Entonces la Fiscalía presentó un recurso de súplica con los mismos argumentos, la fuga y la reincidencia.
La Sala Segunda no ve riesgos
Pero los magistrados Fernando Campos Nicolás, Jorge Campos Martínez y José Ricardo de Prada Solaesa se reafirmaron en su decisión: nada les indicaba a los tres jueces que el etarra pudiera fugarse y menos que fuera a cometer un atentado: “... los recurridos se encuentran el libertad desde hace meses sin que nada se haya puesto en conocimiento de este Tribunal que permita ser valorado como un objetivo incremento de riesgo de reiteración delictiva, además de haberse fijado igualmente por la Sala estrictas medidas de comparecencias personales que no consta que hayan sido hasta ahora incumplidas por los procesados”.
Sin embargo ni siquiera este extremo es cierto. Según indica “La Razón” la Ertzaintza ya comunicó en la pasada primavera que las comparecencias personales acordadas contra Gotzon como “estrictas medidas cautelares” se estaban violando. De hecho, el etarra se había fugado mientras el Tribunal Supremo resolvía un recurso.
Para los tres jueces, el recelo de la Fiscalía era poco más que un capricho: “... se sustenta exclusivamente sobre la base de la desconfianza que suscita en el Ministerio Fiscal la relación vinculación que se afirma en la sentencia del referido con la organización terrorista, en el momento de la producción de los hechos” . José Ricardo de Prada Solaesa, junto a los magistrados Francisco Castro Meije, Ángela Murillo Bordallo fue uno de los encargaron de juzgar a los 37 procesados en la "operación Temple" tras la suspensión de Ollero, López Ortega y Cezón, en marzo de 2002.
Resultado: un asesinato por evitar una masacre
Después del nuevo escándalo judicial –con enormes parecidos al caso “narco volador”– el etarra Gotzon Aramburu y su compañero Jesús María Etxeberria Garaikoetxea, decidían entrar en Madrid con un coche robado en Francia. Lo cargaban de explosivos (150 kilos) y enfilaban la capital desde la autopista A-6. En un control de la Guardia Civil, al verse descubiertos por las sospechas del agente Antonio Molina, acababan con su vida. Molina evitaba con su muerte una masacre en Madrid destinada a empezar el año con las siglas de ETA en todas las portadas. Pero el asesinato de Molina pudo evitarse. Lo advirtió la Fiscalía. Tres jueces no quisieron ver el peligro. Y los temores del fiscal se cumplen: el de la fuga y el de la reincidencia.