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PSOE e IU reducen a 15 las 122 nuevas comparecencias exigidas por el PP

El PP quiere que declaren el exministro socialista Valeriano Gómez y el exalcalde de Sevillla, Alfredo Sánchez Monteseirín.

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La Comisión de Investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE y las ayudas a empresas fraudulentas ha demostrado que el primer esbozo de la misma era imposible y ha tenido que ampliar su tiempo de ejercicio para dar cobijo a 15 nuevos comparecientes y posponer las declaraciones de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, cogidos a contrapié por la frondosa y clara comparecencia del exinterventor de la Junta, Manuel Gómez. Pero el PP pide 122 nuevas comparecencias, entre ellas las que destacan del exministro socialista Valeriano Gómez y al exalcalde de Sevillla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y PSOE e IU sólo quieren que haya 15. 

En el listado de peticiones del PP-A también se demanda la comparecencia de dos consejeros actuales del Gobierno andaluz, la consejera de Educación, Mar Moreno, (responsable de Presidencia entre los años 2010 y 2012), y del consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez (IU), por su anterior responsabilidad como consejero de la Cámara de Cuentas. A estas peticiones se suman las del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, cuyas intervenciones se iban a desarrollar inicialmente el pasado viernes, en el marco de la primera ronda de comparecencias, pero finalmente fueron aplazadas para cerrar el turno de comparecencias de la comisión.

También ha pedido la comparecencia de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez –que no pudo asistir a la primera ronda de comparecencias–, el exconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Espadas; el exviceconsejero de Presidencia Antonio Lozano; el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López; el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez; o el diputado autonómico del PSOE-A José Caballos.

Por su papel en el Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de la sociedad mixta Mercasevilla, además de la presencia de Sánchez Monteseirín, el PP-A también ha solicitado la comparecencia del exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena; del presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez; del exconsejero delegado de Mercasevilla y exconcejal socialista Alfonso Mir; del exdirector adjunto Daniel Ponce o de la concejal del Ayuntamiento de Sevilla Josefa Medrano, antaño presidenta del comité de empresa de Altadis y actual consejera en Mercasevilla por IU-CA.

Asimismo, los populares han reclamado también la comparecencia del chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo –actualmente en prisión–.

Otras comparecencias

Además, en la lista que registró ayer tarde el grupo parlamentario popular, se encuentra también Juan Gallo González, que fue director de la Oficina de Coordianción de la Consejería de Presidencia en la etapa del presidente Manuel Chaves. Gallo fue la primera persona que recibió una grabación, desvelada por ABC, de dos empresarios del restaurante sevillano La Raza por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de ser adjudicatario de una escuela de hostelería de Mercasevilla. Este caso, investigado por la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, fue el origen del caso de los ERE, al destaparse la existencia de intrusos que percibieron pólizas de prejubilación subvencionadas por la Junta de Andalucía.

El PP también quiere citar al exsecretario de Política Municipal del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, cuyo nombre aparece en documentos vinculados con el expediente de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla, a pesar de no haber sido nunca trabajador. Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, es otro de los nombres propuestos por el PP y también imputado por Mercasevilla. Sin embargo, su propuesta tiene pocas posibilidades de prosperar, dado que IU y PSOE tienen la mayoría en la comisión, que se reunirá el próximo miércoles para acordar la segunda ronda de comparecientes.

Al margen de los comparecientes más políticos, el PP-A también quiere que acudan a la comisión empresarios como José María Ruiz Mateos, por su vinculación con el ERE de la empresa jiennense Cárnicas Molina, el exsindicalista de UGT y mediador Juan Lanzas y varios 'intrusos' en diferentes ERE.

La propuesta del PP-A se completa con la solicitud de comparecencia de 32 representantes de empresas y asociaciones de trabajadores investigadas por irregularidades vinculadas al caso ERE como Calderinox, Fundiciones Caetano, Cortanza, Boliden, Santana Motor, Acyco, Pickman, Tioxide o González Byass, además de los alcaldes de ayuntamientos subvencionados con cargo a la partida 31L, principalmente en la Sierra Norte de Sevilla. 
 

PSOE e IU limitan la cifra a 15

IULV-CA y PSOE han solicitado la comparecencia de otras nueve personas más en la comisión de investigación por las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, entre los que destacan los exdirectores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IFA/IDEA) Miguel Ángel Serrano (que ocupó el cargo entre 2004 y 2008) y Jacinto Cañete (entre 2008 y 2009) y el exsindicalista de UGT en Jaén y "conseguidor" de ayudas, Juan Lanzas.

En las propuestas de ambos se encuentran también José González Mata, administrador de la aseguradora Uniter; y Antonio Albarracín Muñoz, responsable nacional de la aseguradora Vitalia. A estos cinco nombres, que coinciden con la petición realizada por el PSOE-A, se unen, en el caso de IU, el del exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla y el de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, que fueron llamados por la comisión en la primera tanda de comparecencias, pero que no asistieron por diversos motivos. 
 

¿Disensiones entre Griñán y Chaves? 

Así lo deja entrever el diario ABC en su edición andaluza. Ha sido el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, el que se ha referido a la falta de acuerdo entre ambos en la valoración del caso. Precisamente aplazaron el pasado jueves sus comparecencias ante la comisión que investiga el fraude de los ERE porquela presencia de estas "discrepancias" entre ambos y les había entrado "un ataque de pánico" a raíz de las declaraciones del interventor general de Hacienda de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez.

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