Invercaria lo hizo al máximo nivel. Fue la propia expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, la que dio órdenes a un subordinado para que hiciera ver en el plan de negocios de una empresa a la que se había concedido un préstamo que ésta era supuestamente rentable para justificar ante los auditores que no se hubieran provisionado pérdidas.
Este es el testimonio que prestó Cristóbal Cantos Sánchez de Ibargüen, exdirector de promoción de la sociedad de capital riesgo de la Junta, cuando declaró el pasado 15 de mayo en calidad de testigo ante el juzgado que investiga el caso Invercaria. Ahora, el Tribunal de Cuentas va a entrar a fondo en el caso Invercaria tras el conocimiento de sus graves irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas Andaluza, algo que pidió el PP.
El pasado mes de marzo el coordinador de Política Económica del PP-A, Rafael Carmona, explicó que su partido entregaría al Tribunal de Cuentas la cinta con la grabación de la conversación entre la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, y el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, que "pone voz al fraude que puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía".
De este modo, el dirigente popular aclaraba que, "a la vista de que se está dirimiendo en el Juzgado de lo Penal y de lo Social, planteamos una denuncia ante el Tribunal de Cuentas del Estado por alcance de caudales públicos". Según ha expresado Carmona, la denuncia se basará en las "irregularidades" dadas a conocer por la Cámara de Cuentas con respecto a Invercaria, entre las que ha señalado que los procedimientos de contratación de personal o de concesión de préstamos "incumplen" o "no se ajustan" a la normativa.
"Mochileros"
La denuncia del PP ante el Tribunal de Cuentas tenía presente la existencia de "mochileros" o "personas que están cobrando en Invercaria pero que no están prestando sus servicios" en la empresa, así como que el personal no directivo "no era contratado mediante convocatoria pública". A esto añade el "uso indiscriminado de la tarjeta de crédito sin justificación debida de los gastos" o la "falta de publicidad" de estos fondos en cuanto a las características del préstamo o a cómo se seleccionaba a los beneficiarios.
"Como queda reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas, (Invercaria) era un sistema discrecional para conceder préstamos a quienes ellos querían y a quien eran amigos", que "ha hecho uso indiscriminado y a su antojo del reparto de esos fondos", dijo entonces antes de presentar la demanda.
Ahora, un auto del Tribunal de Cuentas fechado el 6 de julio del que da cuenta El Mundo, ya se ha asignado a un consejero de cuentas para analizar si han tenido "alcance de caudales o efectos públicos" no sólo los 25.000 euros sin justificar que se gastó en un solo año en comidas en restaurantes el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, sino también el gasto en aquel mismo ejercicio en nóminas de los mochileros: tres empleados que, en realidad, no trabajaron en Invercaria.
Se deberán analizar las contrataciones de la secretaria del director del "observatorio de empresas" de la Consejería de Innovación; de un director adjunto de la Fundación Eduarda Justo, patrocinada por la empresa Cosentino; y del concejal del socialista en Marbella Óscar Fernández Vicioso, director del centro marbellí de apoyo al desarrollo empresarial.
Pero hay otros mochileros: Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González y actual secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta, también estuvo contratado en Invercaria desde el 1 de julio de 2005 hasta el 10 de octubre de 2007 aunque trabajaba en el "observatorio de empresas", con un sueldo de unos 72.000 euros brutos que pagaba Invercaria. El 31 de marzo de 2010, Juan María González Mejías retornó a Invercaria como presidente en sustitución de Sauquillo. Luego fue sustituido por Laura Gómiz, aunque una investigación detallada pondría de relieve todas las responsabilidades anteriores.
Falseando auditorías
El técnico Cristóbal Cantos contó al juez que la presidenta de Invercaria le indicó que elaborara el plan de negocios de la Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible SA (Electria) "y que arrojase un quince por ciento de rentabilidad para justificar ante la auditoría por qué no se había provisionado –pérdida-". El trabajador se negó, según consta en el acta de su declaración judicial. Por ello fue despedido y denunciado en el Juzgado por calumnias a la empresa. La empresa privada que auditaba las cuentas anuales –PricewaterhouseCoopers- había preguntado a la dirección de Invercaria por qué no había provisionado eventuales pérdidas en su participada, dado que la crisis económica hacía mella.
PricewaterhouseCoopers llamó la atención en su informe de auditoría de cuentas anuales correspondientes a 2010 de que su participación en Electria había sufrido un deterioro de valor de 443.750 euros. Esto es, la empresa iba mal y, a pesar de ello, Invercaria había tomado una participación del 30 por ciento en el capital de Electria tras invertir 42.000 euros. Además, le concedió un préstamo por importe de 1.108.000 euros. Se trata de una de las inversiones que la sociedad pública de capital riesgo acordó pese a no contar con documentos esenciales para evaluar el riesgo con todo rigor. En concreto, carecía del plan de negocio y de la propuesta de inversión.
El 31 de marzo de 2011, Cristóbal Cantos le había escrito a Laura Gómiz para informarle de que no había encontrado ningún informe técnico de Invercaria sobre Electria y que había conocido que uno de los accionistas de esta compañía –José Luis Manzano– había sido condenado a pagar 170 millones de euros por su conducta "desleal y fraudulenta" cuando estaba al frente de Isofotón. Cantos proponía que se investigara a los socios de la participada y que se informara a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el accionista único de Invercaria.
Hay 62 empresas en el mismo caso y están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla. La lista de las empresas a "salvar" fue elaborada por la expresidenta Gómiz y remitida por e-mail a los subordinados.
La grabación de Gómiz no fue manipulada
En ella, recuérdese, Gómiz decía frases como esta: "Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización". Esa grabación, realizada de manera oculta por el exdirectivo, se aportó como prueba al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla que investiga el caso, y el magistrado Juan Gutiérrez solicitó la verificación de la cinta a la Policía Científica el pasado verano. El presidente de la Junta afirmó que las cintas contenían nada menos que 13 manipulaciones.
Según El País, en su informe técnico-pericial los agentes dieron una de cal y otra de arena sobre la validez de la prueba y su autenticidad. Por una parte concluyen que no se observaban "indicios asociados a una alteración, en cuanto a su contenido semántico, posterior al proceso de grabación de los archivos de audio". Es decir, la conversación fue real y la grabación ocurrió en el despacho de Gómiz.
Ahora bien, a continuación, los policías matizan que la cinta ha sufrido un proceso de edición tal y como fue presentada, dados los cortes que se evidencian. "No se puede determinar que todas las grabaciones estudiadas hayan sido registradas originalmente con el mismo dispositivo, ya que todas probablemente han sufrido un proceso de edición donde se pueden haber variado datos acústicos como formatos de registro, frecuencia de muestreo, rango dinámico de los registros originales".
Tras el informe, el juez admitió la grabación aportada por Cantos para integrarla en el sumario y decretó la custodia de los CD por parte del secretario del juzgado.
El PP pide explicaciones a Griñán
Así lo hizo ayer el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz por el "monumental escándalo de Invercaria". Sanz recordó la grabación que recoge una comprometedora conversación de la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz ordenando al directivo Cristóbal Cantos montar expedientes de inversiones a posteriori. Recordó que la Junta dijo que la cinta estaba manipulada y Griñán dijo que la presidenta de Invercaraia decía la verdad, pero los peritos de la Policía certificaron que la cinta no estaba manipulada.
En el caso de los ERE se dijo que "aquello era cosa de tres o cuatro golfos. Por eso, yo le preguntaría al señor Griñán si el tema de Invercaria es también cosa de tres o cuatro golfos, porque estamos contando golfos y la verdad es que no nos salen las cuentas".
"Todo lo que se lee, igual que todo lo que se escucha a la ex presidenta de Invercaria, dice muy poco a favor de su profesionalidad y mucho de sectarismo", añadió.