Las negociaciones sobre la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) han concluido. Este jueves se celebró la quinta y última Conferencia Sectorial de Educación entre los representantes del Ministerio y los consejeros de las comunidades autónomas con un único tema encima de la mesa: la memoria económica que acompaña a esta norma.
En la reunión de más de tres horas de duración, las comunidades del PP cerraron filas entorno al ministro, José Ignacio Wert, mientras que Cataluña, Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias pidieron la retirada de la ley. El titular de Educación quiso destacar este amplio apoyo y reconoció que las otras cinco se mostraron contrarias al sistema de financiación "por el mismo tipo de desacuerdo ideológico" al contenido del texto.
No obstante todas ellas acordaron crear un grupo de trabajo para estudiar tanto los impactos de la reforma educativa, como para revisar los criterios de gastos del servicio educativo. Es decir, según apuntan fuentes ministeriales, la financiación no está cerrada y en ese grupo se estudiará la manera que tendrán las comunidades de hacer frente a los denominados costes indirectos y si desde el Gobierno central se les ayudará con ellos. "Este grupo de trabajo reportará a la Conferencia Sectorial su análisis y ésta hará partícipe al Comité de Evaluación Permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera las reglas nuevas del cálculo de costes del sistema educativo", explicó el ministro.
El trabajo de esta comisión mixta no impedirá el desarrollo de la LOMCE, que acaba este jueves su periodo prelegislativo previo al envío del texto al Consejo de Estado, que será el ultimo trámite antes de la aprobación por el Consejo de Ministros. Posteriormente, el proyecto de ley pasará al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria.
La memoria económica de la LOMCE apunta a un coste de implantación de 408 millones de euros durante tres años por el Estado, y que corresponderían a 23 millones en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero. Y a las CCAA les correspondería en principio los costes indirectos, que dependerán entre otros factores del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5 %. Sin embargo, aún suponiendo que la reforma educativa entrara en vigor en el curso 2014-2015, "los efectos económicos en ningún caso se producirían antes de 2016", puesto que su implantación se haría de manera muy escalonada. Esta concreción de Wert no es baladí puesto que una de las críticas que se realiza desde algunas autonomías es la imposibilidad de asumir los costes a la vez que se cumple con el objetivo de déficit.
El ministro recalcó que la financiación de la reforma es compatible con las medidas de austeridad a las que tienen que someterse las comunidades autónomas fijadas hasta 2015. "Las previsiones de financiación son perfectamente compatibles con el curso de consolidación fiscal aprobado por España y enviado a la Unión Europea", ha aseverado.
Las CCAA críticas
Una de las comunidades autónomas más críticas con LOMCE en general y la memoria económica en particular fue Cataluña, si bien esta vez la consejera catalana, Irene Rigau, no abandonó la reunión. Por el lado económico, Rigau señaló que la aplicación de la ley que se prevé para el ejercicio de 2014-2015, será "incompatible" con el desarrollo de las políticas de austeridad sobre el sistema educativo que están fijadas hasta el 2015. Además, destacó su indignación por la obligación que establece la norma para las comunidades de pagar un centro privado si no se facilita al alumno poder estudiar en castellano.
Por otro, mostró su hondo malestar por el hecho de que el Gobierno central "recupere competencias que había decidido ceder a las comunidades por respeto a sus estatutos de autonomía". Según Rigau, lo que se busca es el "empobrecimiento de las comunidades autónomas" para luego así poder "justificar" el requerimiento de sus "competencias".
Antes de entrar a la reunión la catalana incidió sobre el tema de la lengua: "Nunca la lengua catalana había sido tan maltratada por un texto educativo". Fuentes de la consejería añadían que la lengua es "innegociable"; "no negociamos con nuestra lengua".
Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, rechazó incluso durante el encuentro entrar a hablar sobre la financiación porque considera la ley como una "receta tóxica" y entrar en el debate económico sería "confundir precio con el valor" de la Educación.
Mientras, la consejera asturiana, Ana González, se confesó "desolada" tras el encuentro porque, según dijo, confirmó que se trata de una "ley sin consenso político y sin consenso social", así como por la "falta de rigor" de la memoria económica. "La memoria económica está mal hecha y no refleja el coste real", afirmó. "No se sabe cómo se se va a distribuir ese dinero", dijo, y añadió: la memoria económica está hecha "sin tener ni idea de educación".
Para la viceconsejera canaria, Manuela de Armas, la reforma no es "ni conveniente ni oportuna" ya que se está intentando desarrollar en un momento económico "que no favorece en absoluto". "Dudamos de cómo podemos poner en marcha una reforma sin tener una economía suficiente. Nunca en la historia de España ha habido una reforma en momentos de recesión económica. Ha sido siempre en momentos álgidos cuando tenemos recursos suficientes", dijo. "Yo creo que España no necesita una reforma estructural, si acaso una reforma de mejora, pero así todo, nos preocupa la parte económica, que no sabemos como vamos a atender", advirtió, para añadir que la comisión que se va a crear para analizar este asunto deberá hacer un "estudio serio y de fondo".
Finalmente, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco, Cristina Uriarte, quiso denunciar que el análisis económico "no parte de cuál es la realidad de las comunidades autónomas". "En estos momentos de crisis económica nos parece inabordable, inviable poner en marcha esta ley", sentenció.
El PP valora la comisión de expertos
Por último, las comunidades gobernadas por el Partido Popular resaltaron que la reforma es necesaria y valoraron positivamente la memoria económica del gobierno, aunque reclamando un margen de mejora para la financiación.
Así, el consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, reconoció que con los 20 millones que calcula que le correspondería a su región, "es insuficiente". "Por eso hemos apoyado la creación de un grupo de trabajo" ha reconocido. En esta misma línea se pronunció la consejera de Educación aragonesa, Dolores Serrat, quien ha admitido que "evidentemente, los números pueden quedarse un poquito cortos". "Puede ser una sensación generalizada, en cualquier caso tenemos un buen instrumento para seguir trabajando".
Asimismo, la consejera extremeña, Trinidad Nogales, solicitó al Ministerio que entre los criterios de reparto de la financiación entre las comunidades, "se tengan en cuenta características específicas de estas regiones como la dispersión o la ruralidad". A pesar de estas diferencias, la responsable extremeña calificó el encuentro como "bastante satisfactorio".
Por su parte, el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, lamentó "que algunas comunidades" en referencia a las gobernadas por el PSOE, "hayan querido hacer de esto un debate ideológico", y acusó a los socialistas de haber impedido "llegar a ningún tipo de acuerdo". Además, consideró absolutamente factible alcanzar los objetivos de déficit a pesar de la reforma. Resaltó que su comunidad ya lo ha hecho.