Tras la caída en desgracia del cura José Chamizo, en parte por su relación inequívoca con posiciones izquierdistas -su elección pudo hacerse gracias a la pinza de IU con el PP a partir de 1996- y en parte por su descalificación de los parlamentarios y partidos andaluces, PP, PSOE e IU lograron el jueves un pacto para relevarlo al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
El sucesor será el exsacerdote Jesús Maeztu, comisionado del Polígono Sur de Sevilla, una de las zonas más deprimidas de la capital. Maeztu renunció a su condición sacerdotal a finales de los años setenta.
Chamizo no reaccionó muy bien cuando tuvo noticia de su cese y cargó contra la Consejera de Presidencia, Susana Díaz, y contra uno de los adjuntos del PP en la Oficina del Defensor, cuyo nombre no quiso desvelar. De hecho dijo: "La chica de Presidencia y un psicópata del PP decidieron que tenía que irme". Hay que recordar que Chamizo lleva en el cargo 17 años, bastantes de ellos con el mandato ya expirado. Parece que Chamizo ha olvidado que El Defensor del Pueblo Andaluz es elegido por el Parlamento para un período de cinco años. Únicamente IU apoyaba su sostenimiento en el cargo.
Díaz, al igual que el resto de portavoces de los grupos, valoró muy positivamente el acuerdo alcanzado, al igual que el pacto para reducir el número de adjuntos del Defensor de los cuatro actuales a tres, uno por cada grupo político, tras haber perdido el PA la representación parlamentaria.
El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, se felicitó por el acuerdo, deseó que estos sean "más asiduos" y consideró "positivo" que todas las fuerzas hayan renunciado a la "confrontación" y se prime el "interés general".
El vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, dejó claro que ha sido su partido quien ha dado el nombre del nuevo Defensor. El portavoz de IU, José Antonio Castro es partidario de llevar el acuerdo más allá, planteando una serie de reformas en la Ley del Defensor y en el reglamento del Parlamento para reforzar su autonomía y su figura.
Los tejemanejes del caso Chamizo
El Correo de Andalucía contó el jueves que Chamizo estaba indignado y quería que lo telefoneara el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, para comunicarle los términos de un relevo que ya se ha consumado. En marzo de 2012 Chamizo cumplía tres mandatos, dos más de los reglamentarios, pero no quería dejar el cargo y lo dijo en público muchas veces. Desde entonces, su renovación se había hecho imposible.
El Partido Popular ya había dejado claro que no iba a apoyar su renovación y los socialistas daban cada vez más muestras de desentendimiento con el Defensor. Sólo Izquierda Unida había llegado a apoyar su continuidad.
Chamizo seguía elevando el tono: "Les molesta que esté dando por saco todo el día", dijo el martes. Antes no había perdido oportunidad para reprochar a los partidos que estén "todo el día en la peleíta" o para advertir de que deberían reflexionar porque "la gente anda un poco enloquecida con la crisis". Ya no mostraba sorpresa. "Lo esperaba, la chica que está en Presidencia [en referencia a la consejera Susana Díaz] tenía mucho interés en que me fuera", declaró a El Correo, convencido de que "los políticos cada vez aceptan menos la crítica" y censurando que el Gobierno cada vez dé "menos respuestas a los problemas de la ciudadanía denunciados por esta oficina", dijo al periódico.
"A mí lo que me preocupan son los desahucios, los niños que no tienen para comer y que no se pague a los dependientes", agregó. "Son dos mundos distintos, yo tengo la ventaja de que la gente me quiere y a ellos cada vez los quiere menos gente", sostuvo, agradecido porque hubiera plataformas en internet a favor de su renovación. "La chica que está en Presidencia y un psicópata del PP decidieron que yo tenía que irme", insistió en la SER.
Aunque todos los portavoces y la propia Susana Díaz alabaron su dedicación y su trayectoria, destilaron asimismo que Chamizo era un controvertido sacerdote al que sus detractores le reprochan gustos caros que chocan con su discurso obrero del lado de los más desfavorecidos.
Un caso oscuro en su historia
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, negó en 2009 que en los centros terapéuticos para menores de Andalucía se castigase inhumanamente, o se aislara o se agrediera a los menores o se dispensasen otros tantos malos tratos, que la ONG Amnistía Internacional (AI) había sacado a la luz en un informe elaborado con entrevistas a más de 59 personas, niños entre ellos de Cataluña, Madrid y Andalucía que sufrieron supuestamente desde vejaciones a castigos físicos y medicaciones forzosas en este tipo de residencias. Sin embargo, Amnistía Internacional denunció además la imposibilidad de investigar a fondo y extensamente a causa de los obstáculos interpuestos por la Junta y concluyó que los centros de menores andaluces, junto a los madrileños y los catalanes, dejaban mucho que desear y se hundían en prácticas incluso de torturas.
Amnistía Internacional había podido constatar, o eso dijo, que el internamiento en estos centros de protección terapéuticos podía conducir, en algunos casos, a una serie de abusos y violaciones de los derechos de los menores absolutamente incompatibles con los tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Lo más preocupante era que en muchos casos estos abusos quedaban invisibilizados e impunes.
Chamizo dijo que eran exageraciones
"Creo que hay aspectos del informe, referidos a los maltratos y violaciones, en los que no han sido nada exactos", dijo José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. Chamizo quiso aclarar que los centros denunciados ahora por AI no son los reformatorios para jóvenes delincuentes, sino residencias terapéuticas donde la Junta ingresa a adolescentes que, o bien cuentan con problemas de comportamiento, o bien quedan desamparados por sus padres. En cualquiera de los dos casos, la administración andaluza se hace cargo de la tutela de los jóvenes, haciéndose responsables de su protección.
"Estos centros son visitados por nosotros y por la Fiscalía de Menores con frecuencia, con visitas semanales; y evidentemente nunca hemos detectado casos de violaciones y maltrato con los menores, si no habríamos actuado", explicó Chamizo, quien recordó no obstante que la Oficina del Defensor ha elaborado diversos informes similares a los de Amnistía, en los que también se incluyen críticas a la gestión de este tipo de centros: "Coincidimos con Amnistía en que -el internamiento de los menores- debe ser un recurso de Salud y no de asuntos sociales". Y es que este tipo de residencias depende de la Consejería de Bienestar Social, y no de Sanidad, a pesar de que en los jóvenes suelen someterse a tratamientos psicológicos y médicos.
Caso de un centro vinculado al Defensor
Pero el Informe de AI insistía en los malos tratos. Textualmente: "En la única visita permitida a Amnistía Internacional por la Administración andaluza el director de la fundación y el equipo técnico -médico, psicóloga y directora- negaron la imposición de castigos y el uso de celdas de aislamiento". Durante la visita, en la que los investigadores de la organización fueron acompañados por funcionarios y distaron mucho de ser independientes, se comprobó que algunas de las habitaciones estaban bajo llave y no fueron mostradas, aduciendo que no tenían las llaves disponibles.
Sin embargo, los testimonios de dos menores tomados por Amnistía Internacional ese mismo día en el centro, y durante las entrevistas realizadas a menores y familiares que pasaron por el centro durante el año 2008, se "corroboró la existencia de celdas de castigo y aislamiento y la aplicación rutinaria de esta técnica".
En el informe de Amnistía destacaba además el testimonio de un adolescente gaditano de 16 años, que aseguró haber sido encerrado y aislado durante 15 días en una habitación, en un centro de Benalup concertado por la Junta con la organización Márgenes y Vínculos. Después de pasar más de tres meses ingresado en este edificio, el joven envió una carta a su madre que concluía con una advertencia tan vehemente, que ha sido utilizada para bautizar el informe: "Si vuelvo, me mato".