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Una secretaria de Manuel Chaves cobraba de la Junta sin ir a trabajar

Fue colocada en Invercaria cuando este se fue a Madrid en calidad de Ministro de Administraciones Públicas.

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Se denomina "mochileros" en la Junta de Andalucía, sobre todo en su sector público, a aquellas personas que están contratadas por una empresa o entidad y que sin embargo desempeñan sus funciones en otras áreas de la Junta. El miércoles saltaba a la palestra el nombre de la última mochilera conocida, Jamie Lynn, que fue secretaria personal de Manuel Chaves y que fue colocada en Invercaria cuando este se fue a Madrid en calidad de ministro de Administraciones Públicas y vicepresidente tercero del gobierno de España.

Lynn ni siquiera iba a la empresa porque estaba en casa y no trabajaba. Este hecho, más los testimonios aportados por los responsables de la Auditoría de la Cámara de Cuentas, dan la razón, una vez más, a Cristóbal Cantos, el directivo que denunció el intento de Laura Gomis, presidenta de Invercaria, de "arreglar" con informes falsos la ausencia de justificación del dinero público empleado en ayudar a empresas afines.

María José González, una de las auditoras de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalizó en 2009 a Invercaria, investigada por el titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, identificó el miércoles a Jamie Lynn como una persona en nómina de Invercaria que no trabajaba físicamente en la sede de la entidad porque actuaba como una ex secretaria del ex presidente del Ejecutivo regional, Manuel Chaves.

Se han suscitado dudas respecto al por qué no se conoció este hecho cuando se realizó el trabajo de investigación sobre Invercaria entre 2010 y 2011. Según las explicaciones dadas por quien era una de las responsables de la auditoría, en las fechas de la investigación Jaime Lynn ya no estaba trabajando en Invercaria. Pero, a pesar de saberse quién era y de considerarse relevante, no se hizo constar su nombre y función real en documento alguno, así como que trabajaba en su casa. González recurrió a su superiora para explicar que fue ella, Amelia Martínez, quien trasladó el dato al informe definitivo pero no dijo que era la secretaria de Chaves.

Sorprendente asimismo era el sueldo de otro de los Mochileros, Óscar Fernández Vicioso, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella –Málaga- que cobraba "unos 80.000 euros" de Invercaria sin tener relación o vinculación con la actividad de dicha empresa, subraya La Razón.

La jefa del equipo de la Cámara de Cuentas que realizó el informe de fiscalización de 2009, Amelia Martínez, dijo que Invercaria retrasó la entrega de documentos auditoría porque según dijeron "los tenían que limpiar" de correos electrónicos de la Consejería de Innovación que "no tenían por qué ver". A pesar de la tardanza,  los expedientes no tenían informes justificativos de las inversiones y en el caso de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía –FIVA-, el proyecto fallido que costó 1,6 millones a las arcas públicas, ni siquiera propuesta de inversión.

Dado que Invercaria incumplía la orden de incentivos sobre el fomento de la innovación y desarrollo empresarial de la comunidad, los beneficiarios podían saltarse los requisitos legales exigidos, y sólo estaban sujetos a los fijados por Invercaria. No había un procedimiento único para conceder ayudas, a veces ni procedimiento lo que en realidad suponía un riesgo para el destino de los fondos públicos.

Martínez dijo que aunque Invercaria es una empresa peculiar por su condición de trato con capital riesgo temas como los "mochileros" o gastos sin justificar se repiten en otros entes dependientes de Innovación como CITA Andalucía.

En el caso Invercaria hay imputados dos expresidentes de la entidad: Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz, por cierto que esta última sigue trabajando en la empresa y ocho personas más. Recuérdese que en relación con Invercaria, podría sumarse a la relación de imputados el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, creador de Invercaria en 2006, cuya condición de aforado está siendo certificada por el juez instructor.

El sobrino de Felipe González

La Fiscalía Anticorrupción reclamó al juzgado de Instrucción 16 de Sevilla encargado del caso Invercaria que pidiera a la sociedad de capital riesgo información sobre las personas que, pese a estar a sueldo de la entidad, trabajaban en otros organismos de la Junta de Andalucía, los denominados "mochileros".

Informó La Razón que en un informe de 18 de enero de 2013 Invercaria argumentaba al Tribunal de Cuentas por qué se producía esta aparente anomalía laboral. Hay que recordar que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas se decía que había "tres trabajadores que, siendo contratados por Invercaria y recibiendo retribuciones mensuales a cargo de ésta, no prestan de forma justificada sus servicios en ella".

El coste de estos tres empleados le supuso a Invercaria 161.861,12 euros en 2009.Una ocupaba el puesto de secretaria de dirección del Observatorio de Empresas de la Consejería de Innovación; otro el puesto de director adjunto de la Fundación Eduarda Justo, y el último –que sumaba el 61 por ciento de los más de 161.000 euros–, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Marbella, un ente dependiente de la Fundación Emprende.

Hubo más "mochileros" en Invercaria. Uno de ellos es Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González y alto cargo de la Consejería de Innovación hasta finales de diciembre del año pasado. González Mejías estuvo cobrando durante más de dos años de la sociedad de capital riesgo, pese a que no trabajaba en Invercaria. En 2010 sí fue nombrado, sólo durante unos meses, presidente de la entidad.

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