La Junta de Andalucía presidida por José Antonio Griñán teme la declaración de su ex interventor general, Manuel Gómez Martínez, que no quiso asumir el papel de chivo expiatorio que le asignó el PSOE en el caso de los ERE. Su declaración será clave para la situación procesal de muchos de los imputados y especialmente decisiva en el caso de algunos ex consejeros y del propio José Antonio Griñán. De momento, la Junta, en el recurso presentado contra las últimas imputaciones, ha pedido el aplazamiento de su declaracion prevista para el próximo día 25 de julio, haciendo retrasar la instrucción del caso, retraso que ha criticado en numerosas ocaciones y que dio origen a la amonestación pública y sin precedentes de la juez por el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, tras reunirse con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera.
Que la figura del ex interventor general de la Junta es incómoda para Griñán y el PSOE andaluz lo prueba la actitud desafiante de quien ha sido incluso imputado en el procedimiento a pesar de haber explicado por activa y por pasiva que su papel en los hechos estuvo limitado por la decisión de la Junta de Andalucía de situar el llamado "fondo de reptiles" fuera del alcance de su control e inspección. De hecho, en las últimas horas, Gómez Martínez ha exigido que la Junta de Andalucía le pague su defensa como anunció que haría con otros altos cargos de la Junta.
Resulta muy llamativo que este jueves el Gobierno andaluz volviera a urgir a la jueza diligencia y celeridad en el proceso mientras promovía la suspensión de la declaración del ex interventor general entre 2001 y 2010. Tampoco quiere que la juez concrete la declaración de los 19 altos cargos imputados en el último auto mientras no se pronuncie la Audiencia Provincial sobre el recurso promovido por Magdalena Álvarez, representada ahora por el ex abogado de Juan Guerra, Horacio Oliva, célebre porque trató de sobornar al juez del caso Ángel Márquez con un puesto en el Consejo General del Poder Judicial.
La presunta tardanza de la juez Alaya
A pesar de la insistencia del PSOE, de la Junta e incluso del presidente del Consejero General del Poder Judicial sobre los retrasos de la juez Alaya, lo cierto es que en Andalucía hay muchos casos judiciales con más retraso que el de los ERE y más antiguos, que no han merecido siquiera la atención del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en los términos que se han expresado en el caso de la juez de los ERE.
Por ejemplo, las diligencias del caso Operación Poniente se abrieron en el año 2009 después de que el fiscal llevara ya dos años investigando la corrupción de un partido independiente y de los socialistas en el Ayuntamiento almeriense de El Ejido y en la Diputación de Almería.. En el caso Astapa, sobre la corrupción socialista en el Ayuntamiento de Estepona, se comenzaron las diligencias en 2008 y se llevan ya 109 imputados y 300 tomos de sumario. En el caso Alhambra, la instrucción viene desde 2007 afectando a la gestión socialista del acceso y la venta de entradas, con 83 imputados. En Huelva, el caso del fraude de los carnés de conducir data de 2009. Y así sucesivamente, aunque parece que estos casos no destilan el interés por la celeridad de Gonzalo Moliner, ni los altos cargos de la Junta.
Dadas estas críticas a la juez, El Mundo no cree probable que Alaya acceda a retrasar la declaración del Interventor, cuya declaración y las de los altos cargos de la Junta fue urgida por el propio Ministerio Fiscal.
La carta del interventor, una espada de Damocles
'Divinas palabras' tituló el ex interventor general de la Junta de Andalucía la carta que remitió al Parlamento de Andalucía lamentando que se intentara pasar la culpa a la Intervención General. En ella acusó a los miembros de la Comisión de Investigación de ser autores de la "infamia" de haber ocultado "deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las Conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los EREs". Es más, consideró "probablemente punible" el comportamiento de José Antonio Griñán.
De hecho, dijo lo que sigue: "La Comisión de Investigación sabe que la Intervención advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del Programa 3lL y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi 10 años (que se dice pronto) para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo. Este descuido, probablemente punible, es la verdad de este asunto, Sr. Presidente, y lo demás son monsergas o excusas de mal pagador".
Según Manuel Gómez, el exinterventor aludido, la Comisión ocultó el informe jurídico de la Cámara de Cuentas que eximió de toda responsabilidad a la Intervención General de la Junta, que quisieron convertir en chivo expiatorio. Añadía el ex Interventor que el criterio del Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas es compartido (y lo han hecho por escrito) por los 3 últimos Interventores Generales de la Junta de Andalucía, incluido el actual y, como no podía ser de otra forma, por la propia Cámara de Cuentas, que nada reprocha a la Intervención General en su reciente informe definitivo sobre los ERE".
Según el ex interventor, "los titulares de la Consejería y de la Viceconsejería, que recibieron las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo" no hicieron nada para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
El ex alto cargo de la Junta llamó "complot" a lo ocurrido en la Comisión de Investigación y lo describió de este modo: "Políticos de ínfima categoría llevan meses (años ya) tratando de engañar a los ciudadanos con el señuelo del informe de actuación, 'divinas palabras' que utilizan como espantajo con el que pretenden alejar las sombras de las responsabilidades que se ciernen sobre ellos. Después del informe jurídico de la Cámara de Cuentas y de la opinión escrita de los 3 últimos Interventores Generales, quien quiera seguir engañando a los ciudadanos con esta añagaza del informe de actuación, como el sacristán valleinclanesco, deberá hacerlo en latín, porque en castellano sólo conseguirá embaucar a los tres crédulos diputados de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación. "
Se lamentó el ex Interventor de la "mancha" que el dictamen aprobado arrojaba sobre la Intervención General de la Junta de Andalucía. Finalmente rogaba a los políticos andaluces que "no nos hagan pasar a todos los andaluces la vergüenza de que toda España contemple cómo el Parlamento de Andalucía ratifica un bodrio del calibre que ha expelido la mayoría de la Comisión de Investigación". Concluía calificando el escándalo como el más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia".