La Fiscalía Anticorrupción, justo en pleno apogeo del malestar de los altos cargos de la Junta imputados que se aferran a una "confabulación de silencio" contra la magistrada Mercedes Alaya, vuelve a cuestionar la instrucción que realiza en el caso de los ERE fraudulentos. El argumento utilizado en este caso ha sido el hecho de que dos de los tres delitos que se le imputan a seis empresarios —entre ellos, dos hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez— han prescrito durante la instrucción que está realizando Alaya en el caso Mercasevilla, otra de las causas que tiene abiertas. Pero especialmente afea las formas de la juez especialmente por haber "premiado" a una imputada que colaboró con la tarea instructora, "premio" que ha recurrido pidiendo una fianza civil de 205 millones de euros.
En un escrito, fechado ayer, critica además la decisión de Alaya de no acordar medidas cautelares contra María José Rofa Vega, exasesora de la Consejería de Empleo, a la que se le habían imputado malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Recuérdese que esta imputada resultó decisiva al aportar documentos esenciales para la instrucción del caso y explicaar cómo funcionaba por dentro la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la fiscalía deja entrever, sigue el diario de Prisa, que Alaya mintió y que sus razones no se ajustan a la realidad.
La Fiscalía Anticorrupción cree que no tiene información sobre el papel real que ha jugado esta imputada. la juez Alaya, que no le aplicó medidas cautelares por su colaboración, aludió a "la contribución" que había hecho la implicada “para el esclarecimiento de los hechos”. A esto responden los dos fiscales de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla “Difícilmente puede hablarse de tal contribución cuando la imputada se acogió a su derecho a no declarar, negándose pues a contestar a pregunta alguna y limitándose a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil”. Y añaden: "...únicamente consta que en su declaración ante la Guardia Civil entregó de manera voluntaria diversa documentación”. Pero “tan solo una mínima parte de la misma fue incorporada al atestado elaborado por la Guardia Civil”. “La relevancia de tal documentación prácticamente se desconoce”
Los fiscales afirman que han pedido a la magistrada que "ordenase a la Guardia Civil" que le remitiera “todo lo entregado por la señora Rofa” pero que "a día de hoy no contamos con pronunciamiento judicial al respecto”.
"Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión", afirman los fiscales. “Resulta extraña tal dilación pues ninguna causa se nos aparece en el devenir de las actuaciones que justifique tal tardanza”.
La Fiscalía, añade ABC, también rechaza todos y cada uno de los argumentos en los que la juez se basó para no poner fianza ni al ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ni al funcionario Antonio Díaz Lois.
De nuevo, acusación de retrasos para Alaya
La Fiscalía critica el comportamiento de la juez en su tardanza en interrogar a imputados en el caso. Por ejemplo, los próximos días 26 y 27 de noviembre tomará declaración a los tres imputados por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla que llevan imputados en la causa desde el 13 de mayo de 2010 sin que hayan comparecido aún ante la magistrada. O sea, la fiscalía subraya que esta declaración ocurrirá tres años y medio después de ser imputados. La declaración de estos imputados,los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, estaba prevista para mañana y pasado, los días 3 y 4 de octubre, respectivamente, mientras que a la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo la había citado para el 8 de octubre. Pero la juez las ha retrasado porque aún no le ha llegado el informe pericial económico encargado a la Agencia Tributaria.
El 19 de diciembre de 2012 la fiscalía ya solicitó a la juez que, "a la mayor brevedad que fuera posible", se fijara un calendario de declaraciones. Poco después, ya en 2013, se le han recordado las tardanzas a la juez. Además, recuerda que tras las declaraciones como imputados de dos exdirectores generales de empleo y un exviceconsejero que se celebraron aquel mismo julio de 2012, la juez no tardó ni un mes en dictar las medidas cautelares.
Ambos fiscales especiales afirman no haber podido sopesar la implicación en la trama de otros imputados por la falta de la información necesaria porque "diligencias de instrucción acordadas y no practicadas". El ministerio público cita, por ejemplo, “la pericia encomendada a la Intervención General del Estado”, “la documentación recientemente solicitada a la Cámara de Cuentas de Andalucía” o “los ya consabidos informes de seguimiento de la UCO de la Guardia Civil con respecto a expedientes concretos de pagos”.