Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta durante la década 2000-2010 en que se produjo la comisión del fraude los ERE, afirma que son los socialistas responsables en la Junta de Andalucía y en el parlamento andaluz los responsables políticos de los fraudes cometidos en el caso de los ERE. En concreto, el exinterventor afirma: "La evidencia de que el marco organizativo y financiero establecido había facilitado el fraude debió conducir a la asunción de responsabilidades políticas por quienes lo habían propiciado desde el Gobierno y el Parlamento. En su lugar, en la comisión se pretendió atribuir la responsabilidad política del desaguisado al interventor general, el único órgano que estuvo en su sitio, formulando atinadas sugerencias y advertencias que nunca fueron atendidas".
Naturalmente, en todo el tiempo transcurrido 2000-2010, el PSOE era el partido responsable del gobierno y el grupo parlamentario más numeroso del Parlamento. Incluso, suya fue la iniciativa en el año 2002 que consagró la desviación del dinero destinado tradicionalmente a subvenciones a las famosas ya transferencias de financiación. Lo cuenta de este modo: "El proyecto de Presupuesto de la Junta de 2002 fue el primero que contuvo en su estado de gastos la partida de la transferencia de financiación a favor del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)".
Pues bien, en el debate presupuestario celebrado en los dos últimos meses del año 2001, el Grupo socialista presentó una enmienda al proyecto presentado por el Gobierno en la que proponía vaciar la partida de subvenciones a empresas privadas para incrementar la partida de la transferencia de financiación al IFA en 5,41 millones de euros, con la siguiente justificación: "Atención y coste de los acuerdos sociales generados como consecuencia de adaptación de plantillas a las necesidades de personal, generados por los planes de viabilidad y reestructuración de empresas en crisis" (BOPA Nº 222, de 4 de diciembre de 2001).
Consecuentemente, desapareció la partida teóricamente más adecuada para subvenciones a empresas, concentrándose todo el crédito en la transferencia de financiación al IFA. Por otro lado, se estableció que la finalidad de la transferencia de financiación era atender a subvenciones para empresas en crisis. Finalmente, al utilizarse la transferencia de financiación, el gasto público efectivo quedó exento de fiscalización previa de la Intervención.
Por ello, los presupuestos de los ejercicios 2003 a 2010 incluyeron el Programa 31L, asignándole, como objetivo principal, el mantenimiento del empleo y del tejido productivo de Andalucía, a través de la ejecución de convenios para ayudas a empresas en crisis y ayudas previas a la jubilación, financiadas con la transferencia de financiación al IFA. Asimismo los Presupuestos contenían información suficiente sobre el principal mecanismo legal utilizado por el Gobierno para la gestión de este programa de ayudas: los convenios entre la Consejería de Empleo y el IFA en virtud de los cuales la primera gestionaba las ayudas y la segunda las pagaba por orden de aquélla.
El Parlamento, génesis del problema
El exinterventor coincide con la juez Alaya en la necesidad de investigar la responsabilidad del Parlamento andaluz porque fue allí donde se fraguó y se perfiló el sistema que dio origen al fraude. Todo "fue resultado de una decisión del Parlamento de Andalucía. En los estados democráticos, la decisión política que se plasma en la aprobación del presupuesto anual es un acto complejo en el que intervienen, necesariamente, el Gobierno y el Parlamento".
"La iniciativa del proyecto le corresponde en exclusiva al Gobierno y la aprobación le corresponde al Parlamento. Con los datos destacados más arriba, he demostrado que el Parlamento andaluz no sólo conocía que las transferencias de financiación al IFA tenían como destino la concesión de subvenciones en un marco de gestión y control que adolecía de evidentes deficiencias, sino que tuvo un activo papel en la definición de todo ello".
Pero, evidentemente, "el Parlamento no aprobó ni autorizó, en manera alguna, el incumplimiento de la normativa de subvenciones y presupuestaria que tuvo lugar al conceder las ayudas de los ERE; ni mucho menos, huelga decirlo, los fraudes que se han conocido después." Y, desde luego, el Partido Popular no aprobó ninguno de los presupuestos presentados por el PSOE en ese tiempo.