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Un informe eleva a 152 millones el dinero defraudado directamente en los ERE

Fue encargado por Alaya y cumple la misma función que el informe de la Intervención General del Estado sobre el caso.

Fue encargado por Alaya y cumple la misma función que el informe de la Intervención General del Estado sobre el caso.
Mercedes Alaya llegando a su juzgado | EFE

Con la nueva cifra aportada por Hacienda en sobrecomisiones del caso ERE, 66 millones, el fraude directo del caso ascendería a 152 millones de euros. A esa cifra hay que añadir las ayudas a empresas por importe de 73,8 millones y los más de 12 millones abonados a los llamados intrusos, que cobraron una prejubilación de empresas en las que no trabajaron.

Según la Dirección General de Seguros, las consultoras Uniter y Vitalia se repartieron 66 millones de euros en sobrecomisiones por la tramitación de las pólizas de seguro vinculadas a los expedientes de regulación de empleo -ERE-, 30 y 36 millones respectivamente. En el informe remitido a la juez Alaya, considera que tales comisiones fueron excesivas y que sus pagos estuvieron plagados de irregularidades, como el abono de comisiones a varios mediadores por una misma póliza o los aportes realizados sin que conste un contrato.

El informe fue encargado por la misma juez Alaya y cumple la misma función que el informe encargado a la Intervención General del Estado sobre el caso de los ERE. Se trata de arrojar luz "oficial" sobre el caso de los ERE.

Aunque las empresas intermediarias de todo ERE cobran comisiones por sus gestiones, lo normal es que el porcentaje cobrado sobre el total de la operación sea el relativo a la media del mercado, habitualmente el 2%. Pero el caso es que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía pagó durante años a las intermediarias hasta el 20% del coste del expediente, dinero del que después se cogían partes para sindicatos y otros agentes conseguidores.

Curiosamente, la Junta, que los asumía entonces como imprescindibles para culminar los ERE como destaca El País, los eliminó cuando saltó la investigación de Alaya que considera estas sobrecomisiones una pata esencial del fraude.

La dirección general de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, afirma que no tiene justificación que se suscribieran las pólizas de seguro con la participación de mediadores y concluye que la intervención de estas empresas "ha encarecido innecesariamente" el coste de los ERE pagados por la Junta.

En dicho informe se asegura que el Gobierno andaluz no ha podido justificar qué criterios siguió para elegir a las aseguradoras y a las mediadoras con las que trabajaba. Recuérdese que fueron designadas a dedo sin procedimiento de concurrencia competitiva a la que pudieran presentarse otras empresas.

Si la dirección general cifra en 66 millones de euros los pagados en estas sobrecomisiones, los auditores de la Cámara de Cuentas en su informe sobre el caso ERE, calcularon que fueron 68 millones las sobrecomisiones cobradas por Vitalia y Uniter. La Guardia Civil fijó el dinero abonado de más a las consultoras en torno a los 50 millones.

El grupo Uniter, de Jerez de la Frontera, percibió en sobrecomisiones casi 30 millones -29,984 millones- y las empresas de Vitalia, 36,22 millones. Uniter era una empresa que se dedicaba casi exclusivamente a la mediación en los ERE de la Junta. Y dice el informe que en su contabilidad "se observa una intensa actividad irregular con entidades vinculadas -Ingotor y Cureña- y una intensa actividad atípica con terceros prestadores de servicios ajena a la actividad normal de un agente de seguros exclusivo".

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