La polémica Ley de Personal de la Guardia Civil, que ha suscitado el rechazo de la gran mayoría de las asociaciones profesionales de agentes, ha superado este martes su primer trámite en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, aunque lo ha hecho sin el consenso inicial al que PP y PSOE había llegado en los primeros compases, hace apenas unas semanas, durante su primera votación en el pleno de la Cámara Baja.
Y esto se ha producido pese a que en los últimos meses el PP ha aceptado hacer sensibles modificaciones en el articulado inicial con el objetivo tanto de atraer a los partidos de la oposición, a los socialistas principalmente, como de intentar calmar los enfados asociativos, que se han plasmado con campañas en las redes sociales ante el estrecho margen de maniobra que tienen los integrantes del Instituto Armado.
Entre estos cambios, figura que los oficiales de promoción interna se integren en la nueva escala desde el grado de teniente, y no desde el de capitán como estaba inicialmente previsto, lo que les retrasaba de forma importante sus expectativas de carrera; o que los mandos de la Benemérita que se mantengan en las escalas a extinguir no sean discriminados a la hora de elegir nuevos destinos; al tiempo que se se rebajaron algunos de los tiempos en los que se tiene que permanecer en determinados empleos para ascender al siguiente.
Sin embargo, las diferencias se volvieron a plasmar durante el debate previo a la votación del proyecto de ley y las enmiendas, con todas los partidos criticando el texto del Gobierno o bien porque consideran no se trata con equidad a las cuatro escalas de oficiales que se tienen que integrar en un única (dando preeminencia a los que accedieron por la Academia General Militar) o porque se incluya un Código de Conducta en la nueva ley o porque consideran que se vulneran los derechos de los agentes (los partidos partidarios de desmilitarizar a la Guardia Civil).
El portavoz del PP, Conrado Escobar, dijo que el texto "aspira a ayudar, a mejorar y a acompañar en su vida profesional y familiar a todos los guardia civiles, desde la certeza de que todo el esfuerzo legislativo es poco para corresponder a quien nos protege día y noche a todos", y aseguró que "cualquier ley resultará insuficiente para compensar ese sacrificio anónimo, entregado, vocacional y a veces incomprendido".
A su juicio, "la importancia del Proyecto y sus ventajas se apreciarán adecuadamente dentro de un tiempo, cuando serenamente vaya desplegando la eficacia de un modelo más avanzado, integrado, operativo y formado", tras lo que señaló que "hemos escuchado críticas infundadas, injustas, muchas legítimas, pero no deben impedir el reconocimiento unánime de que es una mejora, un avance para todos los que sirven a nuestros derechos y libertades en la Guardia Civil".
Defendió que "la Ley desarrolla un modelo más exigente, con más oportunidades de promoción, más ventajas formativas, más flexible, más respetuoso con la vida familiar y con la mujer" y señaló que el texto de la ponencia "incorpora enmiendas total o parcialmente, del Grupo Mixto, de Izquierda Plural, de UPyD, de CIU, del PSOE y del Grupo Popular".
El portavoz de UPyD en la Comisión de Interior, Toni Cantó, aseguró que el "cariño" hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado "no solo se demuestra con actos públicos" y señaló que el proyecto de Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil "no cuida" a este colectivo ni reconoce "el mérito, la capacidad, la igualdad y la eficacia".
Denunció que es "una vergüenza cómo están algunas de las casas cuartel o el material para que puedan hacer su trabajo con mayor seguridad" y consideró que "con esta ley, el Gobierno vuelve a tratar mal a la Guardia Civil". "Han demostrado una nula capacidad de negociación", añadió el diputado magenta.
Por su parte, el socialista Miguel Ángel Cortizo manifestó que el texto de este proyecto es "positivo", "pero no lo suficiente", y destacó los aspectos "poco ambiciosos" introducidos por el PP en esta norma, entre los que nombró el código de conducta militar (que según el diputado debería establecerse a través de un real decreto) o las reglas de comportamiento, donde se hace "un ridículo ejercicio de grandilocuencia".
A este respecto, recordó que uno de los objetivos de esta ley es la integración de las escalas, aunque para los oficiales de promoción interna haya un "purgatorio", que consideró que es necesario corregir para no crear grandes perjudicados.