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La Junta ocultó datos a la UE para dar una subvención de 4,5 millones

Los servicios jurídicos avalaron que se enviara a la Comisión Europea información deformada sobre las ayuda a la empresa A Novo Comlink.

Los peritos del Estado, que ratificaron sus informes ante la juez Alaya desde principios de la semana, han acreditado que la Junta de Andalucía ocultó datos a la Unión Europea para conceder una ayuda ilegal de 4,5 millones de euros a una empresa A Novo Comlink.

De hecho, como cuenta El País, la Junta envió información "incompleta y sesgada" a Europa para hacer ver que la ayudas era de carácter individual para cada trabajador cuando en realidad estaba destinada a una empresa, lo que evitaba tener que devolverla.

Así, los peritos dijeron que fueron los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía los que avalaron que se enviara a la Comisión Europea tal información deformada sobre las ayuda a la empresa A Novo Comlink, una empresa malagueña de telecomunicaciones que ya estaba siendo investigada por la instructora de los ERE.

La ocultación tuvo por finalidad que la empresa no tuviera que devolver la ayuda, para lo cual se camufló como subvenciones individuales a los trabajadores de la empresa a los que se utilizó como instrumento.

Con ello, se trataba de que la empresa ejerciera competencia desleal con otras empresas, motivo por el cual la normativa europea impide que los estados concedan ayudas directas a empresas.

La revelación puede ser muy importante por cuanto la Junta de Andalucía está personada en el sumario de los ERE como parte perjudicada y porque la UE tiene paralizados 795 millones de fondos Feder que corresponden a la Junta de Andalucía del plan 2007-2013, al haber hallado deficiencias administrativas en su tramitación.

Otras consejerías mandaban dinero

Según los peritos del Estado, cuando la Consejería de Empleo agotaba sus presupuestos, otras consejerías le enviaban dinero para sufragar esas ayudas a través de nuevas transferencias de financiación. En este sentido explicaron que había transferencias de otras consejerías al IFA/IDEA para pagar los ERE.

Precisamente el dato es relevante porque la juez Alaya seguía la pista de estos dineros procedentes de otras consejerías porque sospecha que el procedimiento se usaba de forma generalizada para eludir controles y actuar de forma arbitraria.

De nada esto podía ser consciente el parlamento andaluz, argumento aducido por las defensas de Chaves y Griñán, porque la información que le llegaba era confusa y caótica.

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