El ex interventor general Manuel Gómez avisó en 2006 a Hacienda de que Egmasa, Giasa, RTVA o EPSA, entre otras, usaron de manera irregular el sistema de financiación del "fondo de reptiles". En aquel tiempo, la consejería de Hacienda estaba dirigida por el entonces consejero, José Antonio Griñán, y se perfila como la gran inductora a la comisión de las irregularidades contables en el IFA/IDEA, la agencia que dotaba de las transferencias de financiación con las que sufragar las ayudas sociolaborales investigadas por la juez Alaya en el caso de los ERE fraudulentos. Esto es lo que han dicho los los peritos de la Intervención General del Estado ante la juez instructora.
Según se desprende de la declaración de los técnicos, subraya este miércoles El Mundo, eludir los controles de la Intervención en el uso de la partida 31.L no fue una casualidad ni un error ni un descuido sino algo que se buscó de forma intencionada. Según los cálculos de la juez Alaya, el dinero usado de forma indebida de 2000 a 2012 ascendería al menos a 855 millones de euros, pero esto sólo en el caso de la Consejería de Empleo.
Ahora se ha certificado que el sistema de los ERE y su fondo de reptiles fue implantado por la Junta de Andalucía por lo menos en ocho empresas públicas : Extenda, Egmasa, Epdasa, Epgpc, Radio Televisión Andaluza, Turasa, Giasa y EPSA. Precisamente al sacrificar los controles administrativos sobre los fondos públicos de las Consejerías, las irregularidades fueron, como subraya ABC, inmediatas y, en algunos casos, generalizadas.
El "método de los ERE" tiene su origen en las ayudas a la empresa jiennense Cárnicas Molina. La Intervención se oponía al pago de prejubilaciones políticamente interesadas para el PSOE en el matadero Hijos de Andrés Molina, por ser ayudas expresamente prohibidas en la UE. Para la juez Alaya fue precisamente ese el momento en que se decidió crear un sistema alternativo eliminando controles y reparos de las Intervenciones con un "fondo de reptiles" ideado de modo que fuese impenetrable, según El Mundo.
Uno de los peritos de la Intervención general, Ángel Turrión, ha señalado sin ningún género de dudas que la Dirección General de Presupuestos "exigió, insisto, exigió al IFA -Instituto de Fomento de Andalucía- consignar una transferencia de financiación en su presupuesto de ingresos" para sufragar gastos que, en realidad, nunca se producían.
El ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, imputado en el caso de los ERE, advirtió en la Memoria de Control Financiero Permanente del ejercicio 2005 enviado a Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Hacienda y subordinada del exconsejero y expresidente José Antonio Griñán, que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquéllas".
Expresamente, el Interventor precisó que "de forma indebida el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales -como sucedió con las prejubilaciones trucadas y las empresas en crisis- u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa".
Estos incumplimientos se daban en gran parte del organigrama autonómico y el interventor responsabilizaba a las consejerías de Obras Públicas, Agricultura, Presidencia, Medio Ambiente, Cultura y Turismo, de las que dependían las empresas públicas citadas.
Aunque el caso más grave fue el de los ERE y las ayudas a empresas, la trama de irregularidades derivadas del "sistema de los ERE" no se reduce a la consejería de Empleo. y de ese sistema se beneficiaron empresarios cercanos al Gobierno andaluz, falsos prejubilados, bufetes de abogados, consultoras, sindicatos y conseguidores.
El caso de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía -EPSA- se conocía desde octubre de 2008 cuando el consejero de Vivienda, Juan Espadas, fue alertado por el interventor de que había gastado 202 millones de euros en actuaciones entre 2005 y 2006 prescindiendo "de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido", esto es, del mismo modo que los ERE. El instructor del caso Invercaria, Juan Gutiérrez Casillas, ha remitido la auditoría de EPSA a la Fiscalía al objeto de determinar si hay indicios de delito en al "agujero" causado a la entidad.
La Empresa Gestión Medioambiental SA -Egmasa-, donde la UGT llegó a tener el 80 por ciento de la afiliación según El País, es otra de la llamada "administración paralela que usó el método de los ERE de las transferencias de financiación para gastar sin control. Ya en 2007, el entonces interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, denunció el gasto de 93,7 millones de euros, transferidos mediante este sistema por la Consejería de Medio Ambiente, en manos de la socialista Fuensanta Coves.
Es más, Gómez señaló que la Consejería recurría a las transferencias para abonar actuaciones contra incendios forestales o la gestión de los espacios naturales protegidos sin control alguno y fuera de las normas de contabilidad. Egmasa estaba dirigida entonces por el hoy candidato socialista al Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espada.