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La sustituta de Alaya podría quitarle la pieza clave del caso ERE

Además de haberle quitado el caso Ojeda.

(Sevilla)
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Si hay dos casos emblemáticos en la corrupción andaluza son el caso de los ERE y el caso de la formación, cuyo meollo político esencial está en el subcaso del exconsejero Ojeda, cuya cuñada, Teresa Florido Mancheño, era además directora general de la Formación Profesional desde 2012. El caso Ojeda ha quedado ya totalmente en manos de la nueva juez del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de donde era titular Mercedes Alaya. El caso de los ERE sufre una serie de maniobras que pueden implicar que gran parte del caso tampoco pueda ser terminado por la juez que lo comenzó.

La primera de las maniobras, expuesta incluso en el plan presentado por la juez Bolaños al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consistió en tratar de posponer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los ERE porque según ella era imposible decidir ahora sobre "el conocimiento y posible reparto de los ERE". Se refería a que las diligencias dependen de si la Audiencia Provincial de Sevilla decide trocear el caso en piezas separadas y se depende asimismo de la decisión del Tribunal Supremo sobre los aforados.

Del plan presentado por la juez Bolaños se desprende que no quería asignar el caso de los ERE a a juez Alaya hasta que la Audiencia no se pronunciara sobre la división. Tras el troceo del sumario, si tal caso se diera, ya se decidiría a qué juez correspondía qué parte. Téngase en cuenta que el troceo del caso y la asignación a otros jueces podría hacer posible que la juez Alaya se quedara incluso sin la parte del caso que imputa a numeroso ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Ya se habla en la prensa regional abiertamente de "cortocircuito judicial y político a la investigación", que es como lo califica ABC y El Mundo habla de "consumación" del plan para alejar a la juez Alaya de las macrocausas que afectan a la cúpula de la Junta de Andalucía.

De seguir con el caso de los ERE completo y sin despieces, la juez Alaya podría llamar a declarar, y es seguro que lo hará, a José Antonio Griñán, que ya no está aforado y que se apresuró a solicitar su desaforamiento esperando tal vez un cambio en la situación del juzgado de instrucción que le evitara declarar ante la juez Alaya. Igualmente, puede llamar a declarar a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio.

Como es conocido, a pesar de solicitar su traslado a la Audiencia Provincial, la juez Alaya propuso continuar en comisión de servicio hasta la finalización de todas las instrucciones de macrocausas que albergaba su juzgado: ERE, formación y avales, sobre todo. Cuando la plaza que dejó vacante parecía destinada a ser ocupada por el juez de apoyo que tenía en su juzgado, Álvaro Martín, sin que nadie lo esperara apareció la petición de la juez de familia Núñez Bolaños, sin experiencia penal desde hacía casi quince años, para hacerse cargo del juzgado.

Ayer, el TSJA no aprobó todo el plan de la sustituta de la juez Alaya pero decidió que, como mucho, sólo pueda terminar de instruir los ERE(que puede ser troceado) y las ramificaciones del caso Mercasevilla, el delito societario. Por tanto, a menos que el Consejo General del Poder Judicial disponga otra cosa, la juez Alaya no seguirá con a investigación del fraude de los cursos de formación a pesar de la similitud de la estructura clientelar con el caso de los ERE ni con el caso de los avales concedidos por la Agencia Idea a empresas. Ambos quedan en manos de la nueva juez María Núñez Bolaños.

El argumento que da el TSJA, subraya ABC, es que en el caso de la formación y los avales se trata de unas diligencias que están en fase muy inicial. De hecho, aseguran que tienen aún "escaso recorrido" por ser de "reciente incoacción" o bien están "en trámite procesal muy avanzado y pendientes de próxima remisión a otros órganos judiciales". El Caso Madeja, al que se refiere la segunda parte del entrecomillado, ya ha sido remitido a la Audiencia Nacional en un reciente auto.

Recuérdese que lo primero que hizo la juez Bolaños, tras fotografiarse ante los medios de comunicación en un acto considerado inusual, fue dejar sin efecto la última diligencia de Alaya para investigar empresas del que fuera consejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en este sumario. El PP andaluz la ha recurrido.

El argumento esencial del recurso, según ABC, es que la primera decisión de la juez  infringe varios artículos de la Constitución como el derecho a la tutela judicial efectiva, o de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, el PP recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional que estipula que el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva "prohíben a los órganos judiciales, excepto en los supuestos específicamente previstos en la Ley reexaminar el juicio realizado en un supuesto concreto".

Alaya, ya con plaza en la propia sección VII de la Audiencia Provincial, está ahora pendiente de que el CGPJ diga la última palabra sobre el reparto pero pocos creen que alterará el dictamen del TSJA que ratifica que Alaya se quede con los ERE y Mercasevilla, Martín con el reparto diario del juzgado y Núñez con las macrocausas de formación y los avales de IDEA.

La maniobra del troceo del caso ERE

Serán precisamente los jueces de la sección VII don ya está Mercedes Alaya si bien en comisión de servicio todavía los que decidirán sobre el recurso para que los ERE se dividan en piezas separadas, algo por lo que lucha la Fiscalía desde hace años. La propia Núñez ha pedido opinión a las partes durante el día de ayer.

El Mundo destaca la cuestión aduciendo que es la última maniobra para cargarse la instrucción de la juez Alaya y apartarla de hecho de determinadas piezas del caso. De hecho informa que la nueva titular. Núñez Bolaños, "está ya trabajando sobre la posible división del caso" y tiene cinco días para resolver la cuestión dictando un auto de escisión del caso en piezas separadas contentando a la Fiscalía Anticorrupción y desoyendo el argumento de Alaya de que el caso debe verse en su totalidad para entender lo ocurrido.

Alaya y la propia Audiencia se han opuesto al troceo del caso, pero la segunda negativa de la juez Alaya sobre el tema fue recurrida por la Fiscalía y ahora, sin esperar siquiera la resolución del recurso, ha vuelto a pedir a la nueva juez el desmembramiento del sumario.

La juez Alaya ahora mismo no tiene competencia sobre el caso porque el CGPJ aun no ha aprobado su nombramiento como jueza de apoyo en comisión de servicio, algo que debería ocurrir el próximo 2 de julio. Sin embargo, la decisión podría adoptarse hoy mismo. De retrasarse podría darse el caso de que la sustituta ordenara la división del caso en partes sin esperar a que la juez Alaya fuera nombrada jueza de apoyo.

Para hacerse una idea de lo que podría ocurrir, el criterio de la Fiscalía es crear más de 200 piezas separadas, algo que no sólo haría perder la visión de conjunto de lo que ha sido el caso de los ERE, sino que disolvería la responsabilidad política general en la que Alaya sustenta sus imputaciones de los más altos cargos de la Junta de Andalucía.

Las subpiezas principales serían:

- las sobrecomisiones pagadas por los ERE

- el procedimiento administrativo o fondo de reptiles 
- más de 200, una por cada ERE o ayuda.

Políticamente, la más relevante es la de los procedimientos administrativos que es la que afecta a los ex presidentes de la Junta y a los ex consejeros. Si esa nueva pieza desgajada no le correspondiera en el reparto a la juez Alaya, todo su esfuerzo instructor de años podría ser reducido a cenizas.

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