Es más, es que Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, acaba de descartar pedir la comparecencia de la presidenta en la futura Comisión de Investigación sobre el fraude de la formación a pesar de disponerse de las ocho auditorias especiales firmadas por los ocho interventores de la Junta de Andalucía, ya en el mandato de Susana Díaz, en el que se denuncian irregularidades gravísimas.
Ni siquiera el hecho de que el PSOE haya anunciado el incumplimiento del pacto por la rebaja de impuestos, que ahora se retrasa hasta 2016 cuando menos, hace que Ciudadanos practique una oposición contundente a las corruptelas generalizadas que aparecen un día sí y otro también en Andalucía. Tampoco el que se haya quedado sin responsables políticos ni técnicos la pérdida de 110 millones de euros en una operación en yenes japoneses dirigida por la Junta.
Ayer mismo, Ciudadanos, que firmó un acuerdo de investidura que llevó a Susana Díaz a la presidencia de la Junta, anunció que no apoyará los presupuestos si no hay rebaja de impuestos en el tramo autonómico del IRPF para el próximo ejercicio. El gobierno de Susana Díaz la ha aplazado y promete hacerla "a lo largo de la legislatura". El PSOE, hábil y experto en la letra de los acuerdos, explica que en ninguna parte del documento de acuerdo se dice que tal rebaja tenga que ser desde el comienzo de la legislatura.
Tampoco el hecho inaudito de que la propia Junta haya reconocido que un fallo garrafal de la propia Junta ha hecho posible la pérdida de más de 110 millones de euros ha promovido una tensión más visible entre Ciudadanos y el PSOE. Es más, es que la Junta no reconoce ningún responsable de la operación ruinosa que ha costado a los andaluces tal cantidad de euros.
De hecho, como ya fue denunciado en estas páginas y en otros medios, la Junta de Andalucía hizo perder a los ciudadanos andaluces más de 110 millones de euros al cancelar tres operaciones ruinosas en yenes japoneses. La rebaja de la calificación de solvencia de la comunidad autónoma al nivel Ba2 –al borde del bono basura– por parte de la agencia de rating Moody’s en octubre de 2012 obligó a cancelar tres emisiones de deuda pública en yenes japoneses y devolver anticipadamente el dinero que le habían prestado.
Entre 2009 y 2010 la comunidad autónoma logró recibir 252,46 millones de euros a cambio de la compra de bonos en yenes japoneses a 10 y 30 años. Pero tuvo que devolverlos entre 2012 y 2013, pagando 367,48 millones de euros, un 45,55% más. La subida del yen frente al euro y las comisiones con las entidades financieras supusieron a la Junta un sobrecoste superior a los 110 millones.
Sin embargo, la Junta no encuentra responsables del desaguisado. La consejera aseguró ayer que todo se debió a la crisis financiera y a sus impredecibles avatares. La operación tuvo lugar cuando José Antonio Griñán era presidente de la Junta y José Luis Rodriguez Zapatero presidente del gobierno de España, que dio el visto bueno oficial a la operación. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aludió en su interpelación parlamentaria a la "crisis financiera internacional inusitada, que provocó un empeoramiento paulatino de acceso al crédito», por lo que se decidió acometer una serie de operaciones con emisores de gran tamaño". Luego admitió que esas operaciones resultaron «fallidas», ya que se produjo una bajada de la calificación de la solvencia de Andalucía. El diputado del PP, José Antonio Miranda, subrayó que en 2009 los mercados se habían cerrado para Andalucía, no para otros, y la Junta "hizo operaciones de riesgo, operaciones especulativas puras y duras que ninguna administración pública debe hacer, y ahí se encuadra la emisión en yenes japoneses".
A Susana Díaz ni tocarla. que es lo que quiere el PP
Pero su enfrentamiento no pasa a mayores. De hecho, Ciudadanos descarta pedir la comparecencia de Susana Díaz en la Comisión de Investigación que próximamente se constituirá en el Parlamento andaluz y que Ciudadanos aspira a presidir.
Relata El Mundo que ayer mismo, Juan Marín, en una entrevista con la cadena Ser. definió que el objetivo de la comisión no puede ser únicamente la comparecencia de la presidenta, "como quiere el PP", ya que eso no servirá para "aclarar nada" de lo sucedido.
"Nosotros queremos saber qué ha pasado de 2002 a 2011 con los fondos europeos que han venido a Andalucía. En qué se han empleado. Y si hay personas responsables de que se hayan destinado a otros usos, que se identifiquen y se depuren responsabilidades políticas, administrativas o las que correspondan. Ese es el objetivo de la comisión de investigación, no crucificar a nadie ni criminalizar la vida pública en Andalucía. Y mucho menos hacer un circo mediático para vender titulares de prensa", dijo.
Por eso, dijo no poder concretar aún quién deberá comparecer aunque dijo no ejercer de defensor de Susana Díaz. Sin embargo, aportó un argumento a su favor: Susana Díaz no ha sido citada como testigo ni imputada por ningún juzgado en este caso. Esto es, al contrario que la juez Alaya, Marín no ve una "pirámide" de jerarquía política en este caso.
Luego matizó que será el trabajo de la comisión quien definirá si la presidenta debe comparecer o no. Sí admitió ya que pedirá la comparecencia de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tampoco han sido llamados a declarar ni como imputados ni como testigos en este caso. También anunció que pedirán la comparecencia de los socialistas José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, así como técnicos e interventores de la Junta, además de entidades beneficiadas por las subvenciones como UGT, CC.OO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), entre otras.