Entre las seis condiciones que "son la llave para abrir la puerta a la negociación de una eventual investidura", existe una en la que Mariano Rajoy nunca se ha sentido especialmente cómodo. El líder de Ciudadanos pretende someter a los más altos cargos populares a una comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. En otras palabras, enfrentar a la cúpula a preguntas y reflexiones sobre los papeles de Bárcenas y otros casos de corrupción como la Operación Púnica en la Comunidad de Madrid, Taula en Valencia o el ramificado caso Gürtel.
La irrupción de la autodenominada nueva política en las Cámaras ha multiplicado las llamadas comisiones de investigación. Pero la sensación es que, más allá de la pena de telediario o el escarnio poco trascendente, esta especie de juicios políticos han acabado sin conclusiones. Aparte de intentos vacuos por el accidente del Alvia en Galicia o el fraude de los comedores escolares en el País Vasco, los principales casos de corrupción a nivel autonómico han impulsado esta práctica, siempre origen en la oposición.
Ocurrió en julio de 2015 en Cataluña. Una comisión textualmente “sobre el fraude, la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política” no fue más que un examen del bautizado mediáticamente como caso Pujol. Aunque en ella compareció el núcleo de la familia al completo, terminó sin novedades relativas al origen supuestamente ilícito de la fortuna del Clan. También con el patriarca y expresidente de la Generalidad despachando las acusaciones: “Todo esto es bla bla bla sobre cosas que son insinuaciones, que no se demuestran, que no hay pruebas y que son un bla bla bla...”.
Tampoco dio para mucho la Comisión por el supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, la conocida como Operación Taula. Ésta data de mayo de 2016 y sentó un precedente: ni Rita Barberá ni cuatro de sus concejales citados acudieron a la Asamblea. Alegaron que ya habían declarado ante juez y, con eso, solucionaron la papeleta. Al término de todas las sesiones, nadie aportó novedad alguna sobre los sobres de 1.000 euros de supuesto origen ilegal que habrían recibido los exediles y que, según la investigación, lavaron más tarde mediante transferencias bancarias.
Solo unas semanas antes, en la Junta de Andalucía la oposición en bloque sacó adelante un comité para colocar en la diana a los líderes políticos marcados por el caso de los ERE. Únicamente el Partido Popular atacó con argumentos que se dilucidan en los Juzgados en relación al fraude en la inclusión de falsos prejubilados en los Expedientes de Regulación de Empleo de las empresas beneficiadas con un fondo de la Junta de Andalucía cuya cuantía alcanzó los 1.000 millones de euros. Por allí desfilaron los tres últimos presidentes Susana Díaz, José Antonio Griñán -reconoció aspectos criticables en su gestión-, y Manuel Chaves, y se blindaron en su relato.
También sucedió en la Comunidad de Madrid. Podemos, PSOE y Ciudadanos lanzaron una “investigación sobre corrupción política”. Con las tramas sobre adjudicaciones a dedo a cambio de comisiones y otros episodios de fondo, la indagación solo sirvió para que los diputados de Pablo Iglesias olieran sangre con Esperanza Aguirre e Ignacio González enfrente. Pero más allá de tensiones puntuales, únicamente el presunto cabecilla de la Operación Púnica, Francisco Granados, acertó en el quid de la comisión: “si me encuentro en esta situación en buena parte es porque soy del Partido Popular. Si fuera del Partido Socialista, mis compañeros me defenderían”.
En definitiva, la experiencia demuestra que estas comisiones no están lejos de un debate ordinario sin aportar pruebas que sí manejan los Tribunales.