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El juez de Imelsa imputa a Alfonso Grau, mano derecha de Barberá

Está citado por supuestos pagos irregulares en los comicios de 2011 junto con otros dos altos cargos locales del partido en Valencia.

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El juez de Imelsa imputa a Alfonso Grau, mano derecha de Barberá
Alfonso Grau acompañado por Rita Barberá | EFE

No se puede estrechar más el cerco de la investigación sobre Rita Barberá. El juez que investiga el llamado caso Imelsa, de presuntas prácticas corruptas en el Ayuntamiento de Valencia, ha hecho caer este lunes a la persona de máxima confianza de la exregidora popular en la capital del Turia, ahora refugiada en el Senado. El instructor ha citado como imputado el próximo 19 de septiembre a Alfonso Grau, su exvicealcalde, en una pieza separada por presunto blanqueo y delito electoral. En este impulso de las diligencias, el juez imputa también al que fuera administrador de la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2011, José Antonio Moscardó, y a Juan José Medina, exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia.

En relación a Moscardó y Medina, ambos figuran como autorizados en una cuenta bancaria opaca que, según los indicios, pertenecería al Partido Popular. En el caso de Alfonso Grau, acusado en el caso Nóos, es además el marido de María José Alcón. El sumario de la Operación Taula recoge llamadas telefónicas entre la entonces concejal de Cultura y su hijo en las que explica el modus operandi del blanqueo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deben dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". Para terminar con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".

En el auto por el que el magistrado acordó en julio ampliar al delito electoral la pieza separada en la que se investigaba el blanqueo de capitales, el conocido como pitufeo valenciano, el juez considera que existen indicios de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en "ejecución de un plan preconcebido", cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por la secretaria García Fuster. Añade que de las diligencias practicadas hasta el momento, existe una "aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local".

El instructor entiende que "resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición".

Conexión con Rita Barberá

El juez concluye que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo de capitales –este último es el que le atribuye a Barberá-. Por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, y en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipales de 2015. Esa cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para "aflorar" "un dinero en metálico, próximo a los 50.000 euros que podría tener su origen en el cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos".

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada al delito electoral, es una pieza separada del "Caso Imelsa", en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal y cuatro separadas.

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