Los Mossos d'Esquadra están en el punto de mira de los preparativos para la celebración de un referéndum y la declaración de independencia. Las detenciones pactadas de la alcaldesa de Berga, la cupera Montse Venturós, y del concejal del mismo partido en Vich Joan Coma, han abierto un debate en el seno de Junts pel Sí, que agrupa a CDC, ahora PDeCAT, ERC e independientes, sobre la conveniencia de cambiar la cúpula del departamento de Interior de la Generalidad para asumir la estrategia de desobediencia al Estado.
La CUP pidió el cese del consejero Jordi Jané, de la cuota convergente en el gobierno regional, pero el "problema" no es Jané, de perfil bajo, sino el director general de los Mossos d'Esquadra, el exsocialista Albert Batlle. Sus declaraciones en el circuito catalán de TVE el pasado fin de semana en las que advertía que los mossos cumplirán las órdenes de los jueces incluso en el caso de que haya que detener a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o al de la Generalidad, Carles Puigdemont, han reavivado las sospechas y las críticas, que ya no sólo proceden de la CUP.
El sector más radical del PDeCAT presiona a Puigdemont para que prescinda al menos de Batlle por su "falta de compromiso" con el proceso. Se les reprocha también la colaboración con el Gobierno central y su predisposición a facilitar las tareas judiciales sin entrar en "choques de legalidades". Se duda de que sean capaces de hacer frente a la presión de los tribunales y a un hipotético intento de asunción de las competencias de seguridad por parte del Estado.
Propensos a cumplir la ley
En un contexto de enfrentamiento con el Gobierno, Jané y Batlle son dos piezas que chirrían en la maquinaria institucional separatista por su propensión a ceñirse a la legalidad vigente. Los diseñadores de la última fase del proceso creen que los Mossos deben estar bajo el mando de alguien capaz de traspapelar las órdenes de los jueces y en caso de intervención de la consejería, estorbar lo máximo posible.
Algunos asesores de Puigdemont consideran que es imposible trasladar un mensaje de desobediencia digno de crédito con dos figuras como las de Jané y Batlle, que abogan por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad y distorsionan las consignas en un ámbito tan sensible como el de la seguridad ciudadana.