Los partidos separatistas han reaccionado a la leve sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con redoble de tambores y toque de corneta. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ya sabe lo que le puede costar la convocatoria de un nuevo referéndum ilegal y dada su anunciada intención de no presentarse como candidato en las próximas autonómicas, el precio de un reedición del 9-N, dos años de inhabilitación y 40.000 euros de multa, le resulta más que barato. De ahí que se haya apresurado a reafirmar la "hoja de ruta" de choque con el Estado.
El referéndum se celebrará "a finales de verano o comienzos de otoño", ha declarado en compañía y con el asentimiento de Oriol Junqueras, vicepresidente autonómico y líder de ERC, y el "ministro" de Exteriores Raül Romeva. Tras la comparecencia en la sede del PDEcat (la vieja Convergencia) de los condenados, a la que asistió como convidado de piedra, organizó una rueda de prensa en la galería gótica de la Generalidad para darle al desafío de su partido el toque institucional con la colaboración del líder republicano.
El proceso se reactiva
Lejos de disuadir a los dirigentes separatistas, tal como afirmaban el coordinador general del PP catalán Xavier García Albiol y el portavoz de Ciudadanos Carles Carrizosa, el fallo ha reactivado un proceso que venía muy tocado por las confesiones de Fèlix Millet y los Montull sobre el saqueo del Palau de la Música Catalana para financiar Convergencia. Artur Mas y su partido, que hace apenas unas horas estaban contra las cuerdas por la acumulación de pruebas sobre la corrupción sistematizada, vuelven a liderar un proceso en el que se ha descartado el anticipo electoral en el que soterradamente trabajaba ERC (delante de CDC en las encuestas por el momento) en favor de un referéndum que visto lo acontecido en el TSJC no tendrá más impedimentos que la retórica del Gobierno y los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC), papel mojado tras una sentencia que ha pasado por alto el delito de prevaricación, consecuencia directa de hacer caso omiso de la suspensión temporal que decretara el TC, para proporcionar a los acusados una condena testimonial y simbólica.
Consignas de Puigdemont
"Todos nos sentimos condenados", "el pueblo absolverá a Mas en referéndum", "el fallo nos anima a continuar" han sido algunas de las consignas lanzadas por Puigdemont, un calco de lo declarado por un Artur Mas que no podía disimular su satisfacción mientras denostaba el sistema judicial y descalificaba el sistema democrático. Mas tiene previsto recurrir al Supremo y al Constitucional, pero su meta es Estrasburgo, la internacionalización definitiva del proceso separatista y su ascensión a los altares de la nueva república catalana
Con el papel de víctima ideológica pretende además superar los escollos que se puedan derivar de los casos Palau y Pretoria -la trama de corrupción urbanística cuyo juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional con Alavedra y Prenafeta en el banquillo y en el que no ha tardado en salir su nombre y el de Pujol a cuenta de unas conversaciones con los acusados- y relanzar una carrera política que hasta sus partidarios consideraban finiquitada. Los jóvenes dirigentes del PDEcat habían realizado altisonantes declaraciones sobre el "asco" que les daban las prácticas corruptas que se sustancia en el juicio por el expolio del Palau y se aprestaban a una limpieza que pasaba por darle a Mas el mismo tratamiento recibido por Pujol tras su confesión.
En pocas horas, las tornas han cambiado y la sentencia repone a Convergencia en el papel de punta de lanza del separatismo con un líder convertido en "mártir" a pesar de la extrema benevolencia de un tribunal que ha fallado por unanimidad condenarlo a dos años de inhabilitación frente a los diez que pedía la Fiscalía, que ha sufrido un revolcón histórico a pesar de la fundamentada acusación y del peso de las pruebas y testimonios sustanciados en la vista.
Amenaza de la Generalidad
En poco más de un mes, los tres magistrados del TSJC de la sala civil-penal Jesús María Barrientos Pacho, Carlos Ramos Rubio y Eduardo Rodríguez Laplaza han elaborado un fallo que se antoja la extensión a la judicatura de la "operación diálogo" del Gobierno para abordar el proceso separatista. El resultado ha sido un nuevo alarde de victimismo y fanfarronería con llamadas a la movilización popular y a la respuesta masiva -y "educada", matizó Mas- en las calles. Esta amenaza se ha completado con el anuncio posterior de Puigdemont de que el nuevo referéndum se llevará a cabo. El desafío se recrudece y los nacionalistas retan al Gobierno a que aplique el artículo 155 de la Constitución mientras manipulan y alardean del informe del Consejo de Europa en el que se pide al Gobierno que no deje sólo en manos del TC el cumplimiento de sus órdenes e intervengan otros cuerpos del Estado para hacerlas efectiva.
Queda por ver cuál será el fallo del Tribunal Supremo respecto a Francesc Homs, otro de los encausados por el referéndum del 9-N. Se esperaba que fuera el Supremo el primero en dictar sentencia por el caso, pero el TSJC se ha adelantado en un insólito alarde de celeridad que casualmente ha coincidido con el peor momento de Convergencia y del proceso a colación de las revelaciones de la vista del caso Palau, en la que no sólo han confesado Millet y los Montull el cobro de comisiones por obra pública sino que dos empresarios han confirmado la existencia de facturas falsas para tapar el saqueo perpetrado por Convergencia con el Palau de la Música como pantalla.