Menú

¿De qué acusan los jueces a Pedro Antonio Sánchez?

El expresidente de Murcia dimitió alegando una persecución de sus adversarios políticos: éstos son los indicios en su contra.

0
¿De qué acusan los jueces a Pedro Antonio Sánchez?
Pedro Antonio Sánchez, tras su dimisión | EFE

Los escándalos de presunta corrupción han cortado a Pedro Antonio Sánchez. El ya expresidente de Murcia dimitió empujado por el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos que en su día le abrió la puerta del Gobierno regional. No obstante, no ha renunciado a su condición de diputado en la Cámara autonómica ni a la creencia de que sus conflictos con la Justicia esconden una estrategia turbia de adversarios políticos. Pero, ¿de qué le acusan los jueces?

Su nombre está inmerso en dos procedimientos. Por un lado, el llamado caso Auditorio que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Murcia –donde está aforado Pedro Antonio Sánchez– por el supuesto amaño de un contrato de obra pública durante su etapa como alcalde Puerto Lumbreras. Por otro, una vertiente de la famosa Operación Púnica que investiga lo que parecen pagos con con fondos públicos a dirigentes de la trama para que mejoraran su imagen en las redes sociales y fortalecieran la campaña con la que se convirtió después en presidente regional.

Caso Auditorio

Este episodio se produjo durante la etapa de Pedro Antonio Sánchez como alcalde de Puerto Lumbreras, que se extendió entre 2003y 2013, antes de acceder al Gobierno autonómico. En resumidas cuentas, un Juzgado de Lorca –de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción– cree que Sánchez adjudicó a dedo a un arquitecto amigo suyo un contrato público de seis millones de euros y una partida adicional de 340.000 euros. Una adjudicación para la construcción de un auditorio que solo quedó construido a la mitad aunque se emplearon todos los fondos previstos.

El Juzgado de Lorca elevó una exposición razonada para trasladar el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, competente para investigar a los aforados. Ambos órganos acordaron el trasvase compartiendo un primer relato sobre los indicios. Pedro Antonio Sánchez está imputado en esta causa por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública. La Fiscalía propuso el pasado jueves que se añadiera un quinto ilícito: el de fraude en las subvenciones.

Según recoge la juez Consuelo Andreo en la exposición razonada, Sánchez solicitó en junio de 2006 al Gobierno regional de Murcia –del que aún no formaba parte– una subvención para la construcción del auditorio en Puerto Lumbreras, localidad de la que era alcalde. En aquel primer contacto ya adjuntó un anteproyecto elaborado por el arquitecto Martín Lejárraga. El director general de Cultura le confirma en diciembre de 2006 dicha ayuda, señalando la necesidad de que el Ayuntamiento remita un proyecto de ejecución de obra firmado por un técnico competente y la acreditación de la titularidad del inmueble o de los terrenos sobre los que se construirá.

Pedro Antonio Sánchez no remitió el proyecto de ejecución de obra, de forma que se utilizó el anteproyecto de Lejárraga para justificar la concesión de la subvención. La Junta de Gobierno Local de Puerto Lumbreras aprobó el mismo diciembre de 2006 un segundo proyecto del mismo arquitecto "sin que conste previamente celebrado concurso de ideas, ni se haya abierto proceso de licitación, no constando incoado expediente de contratación".

Sobre la titularidad del terreno donde se invertiría la subvención, Pedro Antonio Sánchez envió en diciembre de 2006 un escrito al director general de Cultura comunicando que "actualmente se encuentra en trámite un convenio de cesión de terrenos sobre la parcela" que tampoco se encontró más tarde en las dependencias municipales. Según la investigación, la ubicación del Teatro-Auditorio estaba prevista en una parcela que no era propiedad del Ayuntamiento, pero "se modificó la ubicación inicial sin que exista acuerdo del Ayuntamiento". El Ayuntamiento, en concreto el alcalde, tenía que haber comunicado al Gobierno regional las alteraciones en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

El mismo arquitecto Martín Lejárraga elaboró en febrero de 2007 el tercer y último dictamen, denominado proyecto de ejecución de obras, "probablemente con la intención de remitirlo por el alcalde Pedro Antonio Sánchez en caso de que fuera requerido por la dirección general del Gobierno de Murcia". La Unidad de Auxilio Judicial señala que no se ha localizado ningún documento que acredite la contratación de Lejárraga para la redacción de los tres proyectos, tampoco que demuestre el pago de dichos servicios, "aunque se estima que estos servicios debieron abonarse de alguna manera". Añade que "el proyecto finalmente redactado para su ejecución difiere completamente del que se presentó en la solicitud de subvención y en terrenos diferentes, sin que conste autorización. Esta decisión se toma unilateralmente por el alcalde".

"Una vez que el alcalde ha fijado una nueva ubicación para el Teatro-Auditorio y conseguido una subvención, intenta legalizar la contratación de Lejárraga convocando un concurso de ideas mediante acuerdo en diciembre de 2007", expone la juez. El alcalde aprobó el pliego de bases y se presentaron tres candidaturas: "El Jurado evaluó las propuestas y propuso la adjudicación al lema Ciudad de las Actividades presentado por Martín Lejárraga". La investigación pone en duda el correcto desarrollo del concurso alegando "falta de claridad" por varios motivos.

Primero, el concurso de ideas se configura la primera fase, no cuando ya existen tres proyectos eleborados sobre la obra pública. Segundo, "Pedro Antonio Sánchez convoca dicho concurso en fechas navideñas, establece un plazo de 15 días para presentación de propuestas y elude la publicación en el DOCE sin cumplir la exigencia". Tercero, "es evidente que Lejárraga contaba con ventajas respecto del resto de los posibles arquitectos concurrentes: conocía las necesidades del proyecto, había trabajado anteriormente con la idea, sabía de primera mano por su relación personal con el alcalde los intereses del mismo para esta obra y probablemente tuvo conocimiento del emplazamiento antes de que se convocara el concurso".

La Junta de Puerto Lumbreras aprueba en febrero de 2008, transcurrido un año desde la concesión de la subvención, la contratación de ECISA, la empresa de Lejárraga. "El concurso de ideas se configura como la solución para poder legalizar una situación previa, donde el alcalde ha seleccionado personalmente al arquitecto y contratado con el mismo sin tramitación del expediente", concluye la exposición razonada de la juez Consuelo Andreo. Es en febrero de 2008 cuando el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuenta con los seis millones de euros fruto de la subvención concedida quince meses antes, en diciembre de 2006.

Sin embargo, la obra no se inicia hasta mayo de 2008. Aunque Pedro Antonio Sánchez contacta en julio de 2007 con el director general de Cultura de Murcia "interesando una ampliación de 18 meses para la justificación de la misma" adjuntando un cuarto informe de Lejárraga, éste sobre la existencia de demora en la ejecución de las obras.

"Las cantidades que no se destinaron al pago de la obra se computan en 1.8 millones de euros que se habrían entregado sin motivo aparente por el Ayuntamiento a la contratista", entiende la investigación. Porque además se incluyó en el convenio con Lejárraga un capítulo nuevo relativo a la seguridad y salud de los obreros. Entre las partidas, se encuentran 7.300 euros en un comedor, 6.500 euros en vestuarios, 8.800 euros en inodoros y duchas, 12.300 euros para una oficina, 13.100 euros para transporte, 570 euros en taquillas, 2.600 euros en bancos para sentarse, 400 euros en jaboneras, 200 euros en portarrollos, 3.200 euros en microondas, 1.800 euros en mesas, 1.500 euros para depósitos de basura, 500 euros para señales, 1.500 euros en vallas, 1.700 euros en cascos, 9.200 euros en petos y monos, 570 euros en tapones auditivos, 1.100 euros para guantes, 2.200 euros para botas, 55.000 euros en protecciones y 5.300 euros para la limpieza y desinfección de las casetas. "Parece difícil que pudiera haber 300 personas trabajando en la obra entre operarios de ECISA y subcontratas". "Ninguno de los concejales que depuso en las actuaciones pudo precisar que se hubiera devuelto el material al Ayuntamiento".

El imprevisto llegó en septiembre de 2009, cuando se abonaron 340.000 euros más a la empresa adjudicataria "por unas obras complementarias", aunque a priori la inversión inicial cubriría la construcción al completo. Según la Fiscalía, ese pago "supone una grosera y flagrante transgresión de los términos del contrato". La exposición razonada precisa que en abril de 2010 la obra del Teatro-Auditorio, objeto básico del concurso y de la subvención recibida, estaba sin terminar ni poder ser utilizada. Aunque se había certificado al 100% el presupuesto de la adjudicación, la obra estaba ejecutada solo al 61.96%". Con el visto bueno del alcalde, el Ayuntamiento firma la recepción de la obra declarando que está "terminada en buen estado y de conformidad a las prescripciones previstas". Como apunta IGAE, "si la obra no era completa se considera que no debería haberse firmado el acta de recepción de forma favorable".

En base a las estimaciones, se necesitaría una segunda inversión de casi 2,3 millones para finalizar el auditorio. En medio de este debate jurídico sobre la responsabilidad penal de Pedro Antonio Sánchez, el abogado de la acusación particular que ejerce Antonio López, exconcejal socialista de Puerto Lumbreras, ha solicitado la recusación del juez que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Pone en tela de juicio la imparcialidad de Julián Pérez-Templado, al que fotografiaron tomando un café con Cosme Ruiz, vocal del Partido Popular en Murcia nombrado por el propio expresidente de la región.

Operación Púnica

Esta otra investigación se enmarca entre junio y octubre de 2014, cuando Pedro Antonio Sánchez lideraba la consejería de Educación en el Gobierno autonómico. Conforma la tercera pieza separada de la Operación Púnica, la trama de corrupción conocida por las supuestas tropelías de Francisco Granados y sus secuaces. El expresidente murciano está imputado en ella por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Según Eloy Velasco, el juez que instruye esta causa en la Audiencia Nacional por tratarse de una macrotrama de corrupción, Pedro Antonio Sánchez entra en juego "habiendo en su contra en ese tiempo y anterior diversas noticias negativas sobre su reputación tanto en prensa en papel como digital, algunas de ellas vinculadas a aspectos de corrupción urbanística" como el caso Auditorio referido anteriormente. "Al pretender optar a suceder al entonces presidente de la Región que abandonaba el cargo, le podían resultar adversos en el seno de su partido".

Para remendar esta situación, se produce un concierto que describe el magistrado: de un lado, Alejandro de Pedro, considerado un conseguidor u hombre enlace de la trama Púnica con los políticos, y su socio José Antonio Conesa; del otro, Pedro Antonio Sánchez. Los trabajos que estos empresarios de la trama desarrollarían para mejorar su reputación "serían facturados bajo conceptos –y con dinero– públicos relacionados con partidas destinadas a la formación en la Consejería de Educación" que lideraba "y para lo que trasladó información de la misma que no podía ser conocida por aquellos". Conesa intervendría a través de las empresas creadas con sus hermanos en las que ofrecían formación y que incluirían también la retribución de los costes por idénticos trabajos de reputación para Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.

Para poner en marcha dicho acuerdo se produjeron diversos contactos personales, llegando definitivamente a valorar el coste por los trabajos reputacionales a Pedro Antonio Sánchez en 1.500 euros al mes que facturarían junto con otros 1.500 euros de Pilar Barreiro y 1.600 euros de un periodista –presumiblemente al diario digital murcianoticias.es–, pasándose una propuesta final de 4.600 euros al mes y siendo la duración del mismo siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, el período previo a la campaña electoral.

En cualquier caso, el juez Eloy Velasco reconoce que "las cantidades indicadas no se llegaron a cobrar ni la formación se llegó a adjudicar al explotar la operación policial de la Operación Púnica a finales de octubre de 2014 que lo abortó, lo que ha llevado a excluir el delito de malversación". Con este argumento y en contra del criterio de las fiscales encargadas de esta causa, la Fiscalía General del Estado que ahora dirige José Manuel Maza se posicionó por el archivo de las actuaciones contra Pedro Antonio Sánchez, entendiendo que no consumó el delito.

Por el momento, Eloy Velasco ha desoído la posición del Ministerio Público. Según el juez de instrucción, "prueba del concierto de voluntades fueron las al menos cuatro reuniones presenciales, muchas de ellas de forma cuasi clandestina, que realizó Pedro Antonio Sánchez personalmente y las comunicaciones con empleados de su gabinete que le llevaron a perarar las condiciones definitivas de la dádiva en trabajos reputaciones, que iba a conseguir a cambio de que después otorgara contratos públicos de formación de su Consejería".

En España

    Lo más popular

    0
    comentarios

    Servicios